Entre ciudadanos

Órganos autónomos y trampas políticas

La creciente tendencia de creación de "organismos autónomos", en realidad oculta diversas inconsistencias jurídicas y éticas en el uso y ejercicio del poder; en su origen la razón de ser de esas entidades de derecho dotadas de estructura, presupuesto y poder real para incidir en el rumbo de México era atar las manos del Ejecutivo e impedir su injerencia.

La formalización constitucional, la creación y erección de organismos autónomos pasa por el camino de elegir a quienes serán los "servidores públicos" de primer nivel que ocuparán los cargos, ejercerán el presupuesto y nombrarán a otros de menor nivel. Si esas personas llegan a esas posiciones habiendo sido elegidos para consejeros o magistrados electorales desde antes por los propios partidos, el "proceso de selección" es una trampa política que contribuye a aumentar la desconfianza ciudadana y a encarecer aún más, la costosísima democracia en que vivimos.

Es razonable pensar que si el consejero o el magistrado electoral local le debe su nombramiento a un partido político, a la hora de la contienda electoral es obvio que su decisión de justicia, equidad y objetividad ante los casos y las incidencias del proceso en curso, estarán comprometidas para favorecer a quienes directa o indirectamente les dieron la chamba.

Para el presente y el futuro de los órganos autónomos, es indispensable el esclarecimiento de los acuerdos políticos que motivan la elección de esas personas en concreto. El deber de actuar con ética en el ejercicio de responsabilidades públicas, en el contexto de instituciones "ciudadanizadas", exige transparencia en los acuerdos políticos.

Esta reflexión nos conduce al escabroso asunto de la corrupción, ¿cómo garantizar la autonomía, justicia y objetividad de quienes se desempeñan en órganos autónomos, si los legisladores, electores en definitiva, nos ofrecen abundantes muestras de cinismo, corrupción e incompetencia?, impedir la injerencia indebida del Ejecutivo en áreas estratégicas es la razón de ser de todos los órganos autónomos, ¿no debería garantizarse también la no injerencia de los legisladores en estos nombramientos?, ¿no es evidente que "atar una mano" y dejar que la otra siga articulada y funcionando en realidad es simular que el pulpo de la corrupción está contenido?