Entre ciudadanos

Ayotzinapa: culpables y responsables

Una de tantas coincidencias, con que suele sorprendernos la vida, refrescan nuestra memoria al recordarnos que en este año se cumplen 40 años de aquellos acontecimientos de 1974 en Guerrero, donde perdiera la vida Rosendo Radilla Pacheco, quien fue "desaparecido" por un retén militar; aquel campesino y maestro rural, inspirado compositor de canciones de protesta de las luchas agrarias y libertarias que mucho molestaban a los militares que lo torturaron, mataron y ocultaron su cuerpo durante años.

Precisamente, en el escudo del estado de Guerrero, tierra que tiene como fundador al General Vicente Guerrero, se puede leer la frase que se atribuye a su lucha libertaria "La patria es primero"; en ese escudo hoy podría agregarse otra frase que se atribuye a José Alfredo Jiménez "La vida no vale nada". Y es que ahora, en 2014, la brutalidad de las acciones emprendidas por las autoridades en contra de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ignoran la historia sangrienta y cruel que hoy se repite.

Los familiares de Rosendo Radilla, en 2001, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y sostuvieron ante ese tribunal que, al no haberlo en los 27 años transcurridos, ni sus restos mortales, el delito de "desaparición forzada de persona" continuaba sus efectos violatorios de los derechos humanos, tanto del propio Rosendo como de sus familiares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 23 de noviembre de 2009, encontró que efectivamente el Estado mexicano violó los derechos humanos de Rosendo Radilla Pacheco y de sus familiares.

Ahora el caso de los 43 alumnos "desaparecidos" en Iguala muestra una vez más que la falta de consistencia en las investigaciones, sirve para sugerir que las autoridades realizan acciones u omisiones tan graves e inhumanas que la razón se niega a aceptar, pero al final la realidad siempre se impone exigiéndonos esclarecer entre quiénes son culpables y quiénes responsables.

En el primer caso están aquellos que por iniciativa propia o cumpliendo órdenes masacraron y desaparecieron a los estudiantes; en el segundo, se ubican las autoridades municipales, estatales y federales que han permitido que el deterioro social alcance estos niveles de corrupción institucional, ingobernabilidad e inhumanidad.