Articulista invitado

Una buena idea para Pemex y para México

Uno de los objetivos esenciales de la reforma energética es fortalecer la empresa ante un nuevo entorno abierto a la competencia. La propuesta atiende una de las debilidades financieras más graves que la paraestatal enfrentará en el futuro.

En la Cámara de Diputados se discute esta semana establecer en ley la posibilidad de que el gobierno federal asuma directamente una parte del pasivo laboral de Pemex, siempre y cuando la empresa y sus trabajadores alcancen un acuerdo para reformar el régimen de pensiones. Esta es una buena idea para Pemex y para las finanzas nacionales.

Uno de los objetivos esenciales de la reforma energética es fortalecer a Petróleos Mexicanos ante un nuevo entorno abierto a la competencia. Esta propuesta logra exactamente eso, atendiendo una de las debilidades financieras más graves que Pemex enfrentará en el futuro. Para poder competir con grandes empresas globales es necesario que la empresa reduzca su pasivo laboral mediante una reforma a su régimen de pensiones. Según los cálculos actuariales más recientes, el pasivo pensionario de la empresa ronda los 1.7 billones de pesos, es decir una cifra cercana al 10 por ciento del producto interno bruto de México. Para poner esta cifra en perspectiva, basta señalar que el valor actuarial del pasivo pensionario de Pemex supera en más de dos veces el saldo de la deuda financiera de la empresa. Con esa carga, que Pemex tendrá que enfrentar en las próximas décadas conforme se retiren sus trabajadores, la empresa pública de todos los mexicanos estaría en clara desventaja para competir. Por eso hacen bien las y los diputados al proponer incentivos para que la empresa y los trabajadores lleguen a un acuerdo para reformar el actual régimen pensionario, y así se fortalezca financieramente nuestra empresa petrolera nacional. Es un cambio clave para lograr tener un Pemex fuerte y exitoso en los años y décadas por venir.

La propuesta que se discutirá esta semana en la Cámara de Diputados, reflejada en un artículo transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deja claro que la decisión de reformar o no el régimen pensionario es solo de la empresa y de los trabajadores. El artículo propuesto no ordena ni obliga a cambiar el contrato colectivo de trabajo. Lo que sí se propone es una opción que habrán de decidir Pemex y sus trabajadores: si modifican el régimen pensionario, conforme  a las características que se detallan en el propio transitorio, el gobierno federal podrá asumir una proporción del pago de pensiones y jubilaciones por un monto equivalente a la reducción en el pasivo laboral que resulte de la reforma de pensiones que se acuerde. Es decir, por cada peso de ahorro que la reforma pensionaria genere, el gobierno asumiría otro peso. Por ejemplo, si la empresa y los trabajadores acordaran una reforma pensionaria que reduzca en 2 por ciento del PIB el pasivo laboral, el gobierno federal asumiría otro 2 por ciento del PIB de dicho pasivo; es decir, el pasivo pensionario de Pemex se reduciría de 10 a 6 por ciento del PIB. Naturalmente estos números corresponden a un ejemplo hipotético, pero muestran que el incentivo que se ha propuesto en la Cámara de Diputados tiene el potencial de fortalecer de manera muy relevante la capacidad financiera futura de la empresa pública. Es una buena idea para Pemex.

Ahora bien, la mayor crítica a esta propuesta se ha centrado en el impacto que tendría en las finanzas públicas. Se ha dicho y escrito que se pretende favorecer a Pemex a costa del erario público. La realidad es que el impacto neto sobre las finanzas públicas nacionales sería positivo. En primer lugar debemos tener en mente que Pemex ya es, y seguirá siendo, parte del sector público federal. Todos los gastos que hace Pemex, incluyendo los pagos de pensiones y jubilaciones, ya son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo tanto, trasladar un peso de pago de pensiones de Pemex al gobierno federal no modificaría el gasto público, simplemente sería un cambio en el lugar en que se registra en el presupuesto federal. De igual manera, trasladar un peso de deuda pensionaria de Pemex al gobierno no incrementaría la deuda pública total, pues la deuda de la empresa pública ya es hoy deuda pública. La posición financiera de la administración pública federal consolidada no se vería alterada y para el gobierno federal cada peso de deuda pensionaria que asumiera se vería compensado por un incremento de un peso en el valor de uno de sus principales activos: Pemex.

En segundo lugar, y siguiendo la misma lógica, una reducción en el pasivo laboral, derivada de una reforma pensionaria acordada por los trabajadores y la empresa, es una reducción de la deuda pública consolidada del sector público federal, y eso es una buena idea para las finanzas públicas del país. Para el gobierno federal significaría un incremento en el valor del activo (Pemex) y la reducción de una obligación contingente futura. Al igual que las reformas a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado en 2007, y al régimen pensionario del IMSS y la CFE en años posteriores, una reforma al régimen de pensiones de Pemex fortalecería no solo las finanzas de la entidad, sino a la hacienda pública federal en su conjunto. La propuesta que se discutirá en la Cámara de Diputados daría un importante incentivo para que la reforma pensionaria en Pemex incluya elementos de sustentabilidad financiera, como que las pensiones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro, y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida.

La decisión final corresponderá exclusivamente a Pemex y a sus trabajadores, pero de adoptar estas medidas sería una buena noticia para las finanzas nacionales. Cabe destacar que otro artículo transitorio incluye un incentivo análogo para la CFE, en caso de que los trabajadores y la empresa eléctrica nacional decidieran continuar la reforma pensionaria que acertadamente iniciaron en 2008.

Hace algunos días el Senado hizo un gran trabajo al mejorar en diversos aspectos las iniciativas de leyes secundarias que el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión. Ahora la Cámara de Diputados se dispone a mejorar las iniciativas del Ejecutivo en la materia fiscal de la reforma energética aportando propuestas pertinentes, como modificar el régimen tributario de Pemex para que sea igual al de los contratos con empresas particulares que deriven de la propia reforma energética, establecer un nuevo impuesto a la actividad petrolera que se destinará  a los estados y municipios donde se realice la exploración y extracción, y por supuesto el tema que nos ocupa, crear un claro incentivo para fomentar que Pemex y sus trabajadores acuerden una buena reforma pensionaria. Son buenas ideas de las y los diputados, en favor de México.