Articulista invitado

Las Áreas Naturales Protegidas y los derechos humanos

La ausencia de programas de manejo o su falta de actualización y cumplimiento en las ANP implica una trasgresión a diversos derechos y se convierte en un obstáculo para la satisfacción de los inherentes a la persona y colectividades indígenas.

Día con día, como consecuencia de la actividad humana, nuestro país ve afectada su biodiversidad y deja de lado la oportunidad tanto de realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales como de reconocer la importancia de los servicios ambientales brindados por ellos. Ante la falta de aplicación o el cumplimiento indebido del marco normativo, se han generalizado prácticas como la tala ilegal o la destrucción intencional de bosques y selvas para justificar cambios de "uso de suelo", causando daños graves al entorno, o bien favoreciendo que ciertas actividades satisfagan los intereses económicos en las áreas naturales, en detrimento de los pueblos y comunidades que legítimamente podrían beneficiarse del mismo.

México requiere fortalecer los mecanismos para cuantificar las afectaciones al medio ambiente, principalmente por lo que hace a documentar los niveles reales de pérdida y degradación de la biodiversidad y los ecosistemas existentes, además de las consecuencias de dichas mermas. Lo anterior reclama una atención urgente y adecuada por parte de las autoridades, así como la colaboración y compromiso de la sociedad. De la preservación y cuidado que demos a nuestros ecosistemas dependerán, en buena medida, el bienestar humano, así como los niveles de desarrollo económico y social que tenga el país en los próximos años.

De entre las medidas que se han implementado en México para la conservación y aprovechamiento de recursos naturales destaca el establecimiento de reservas naturales, las primeras decretadas desde hace casi un siglo, como es el caso del Parque Nacional Desierto de los Leones, en 1917, y la Zona Forestal Nacional Monte Vedado, en Mineral del Chico, Hidalgo, en 1922. El régimen jurídico de dichas reservas, su estatus y requerimientos operativos se fortalecieron con la incorporación de la categoría de Áreas Naturales Protegidas (ANP), en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988, al igual que con las reformas que se le hicieron a la misma en 1996. Conforme lo previsto por dicho ordenamiento, toda ANP debe disponer de un programa de manejo, concebido como un instrumento rector de planeación y regulación, en el que se establecen las actividades, acciones y lineamientos básicos para su manejo y administración. Estos programas tendrían que adoptarse dentro del año siguiente a la fecha en que se decretara la existencia de una ANP, contemplándose revisiones quinquenales de los mismos.

Sobre esta base, la finalidad que busca el régimen de protección de la biodiversidad y ecosistemas a través del establecimiento de ANP, no solo radica en la simple conservación o preservación, sino también en asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos y sus elementos, además de los servicios ambientales que brindan, entre los que se encuentran la producción de aire puro y agua limpia, provisión de medios locales de subsistencia, el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la salud humana.

A casi 30 años de que se estableció la obligación de que toda ANP cuente con un Programa de Manejo, se advirtió que de las 177 Áreas Naturales Protegidas que se han decretado a nivel federal (también existen ANP en el ámbito local), tan solo 58% (102) cuenta con su respectivo Programa de Manejo formulado y publicado, mientras que respecto de las 75 restantes no se ha elaborado o hecho del conocimiento público el programa respectivo, con lo cual, en el terreno de los hechos, las mismas carecen del instrumento guía para el establecimiento de las actividades permitidas y prohibidas dentro de la misma y su zonificación, en aras de un aprovechamiento sustentable e inclusivo de las poblaciones locales.

Aún en espacios tan emblemáticos como al Sistema Arrecifal Veracruzano; el Parque Nacional de Tulum y la Isla Holbox, dentro del área de protección de flora y fauna Yum Balam; o el Parque Nacional Cañón del Sumidero, la ausencia de programas de manejo ha propiciado afectaciones de muy diversa índole y alcance en las ANP; entre las que se encuentran cambios de uso de suelo, la expansión de la ganadería extensiva, la erosión de suelos, el desarrollo urbano, la extracción y tráfico ilegal de especies, así como la contaminación de las aguas y suelos. Inclusive, un importante número de las ANP que no cuentan con su respectivo programa de manejo han perdido los objetivos de conservación que dieron origen a su declaratoria, situación que se evidencia en los casos de algunos parques nacionales ubicados en grandes centros poblacionales como la Ciudad de México, en el caso del Cerro de la Estrella y del Tepeyac, por mencionar algunos.

Ante esta problemática, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una investigación, cuyos resultados sustentan la recomendación general 26/2016, la cual, si bien solo estuvo referida a las ANP de carácter federal, pone en evidencia una situación que requiere atención urgente por parte de todas las instancias y órdenes de gobierno. Este pronunciamiento se dirigió al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, y tiene por objeto poner de manifiesto que la ausencia de programas de manejo o su falta de actualización y cumplimiento en las ANP implica una trasgresión a diversos derechos humanos y se convierte a su vez en un obstáculo para la satisfacción de otros derechos inherentes a la persona y colectividades indígenas.

Es necesario efectuar una revisión y replanteamiento de las políticas públicas y normas en materia ambiental, que bajo un enfoque de derechos humanos y con sustento en el conocimiento científico, tomando en consideración los estándares internacionales, nos permitan contar con un marco normativo que propicie un desarrollo y convivencia armónica y sustentable con el medio ambiente. Del mismo modo, es preciso que el marco normativo se cumpla y se aplique: la corrupción, la impunidad y la indiferencia también inciden en nuestra problemática ambiental actual.

Un medio ambiente saludable es un elemento que condiciona y determina el goce, disfrute y ejercicio de un gran número de derechos humanos. Su degradación, implica una afectación a todas las personas, que trasciende el presente y se proyecta riesgosamente al futuro.