Articulista invitado

Protesta sin violencia

El descontento y las divergencias deben exponerse dentro de los parámetros que contempla el estado de derecho.

El derecho a la protesta es una de las principales conquistas de la humanidad. En México este derecho está contemplado en nuestra Constitución. Costó la sangre y la vida de muchos mexicanos que todas las libertades que conforman la esencia de la dignidad humana estén consagradas en nuestras leyes. Pero el derecho a la protesta no es un derecho absoluto. El descontento y las divergencias legítimas deben exponerse siempre dentro de los parámetros que contempla el estado de derecho.

Si la protesta se aparta del respeto de las normas y colisiona con otras libertades, su ejercicio se transforma en un acto ilícito y sus autores quedan sujetos a ser sancionados con el rigor previsto en la ley. La violencia perpetrada por pequeños grupos ha dado lugar a una justificada indignación de sectores importantes de la población que se ven afectados en sus derechos de tránsito, en sus bienes materiales e, incluso —eventualmente—, en su integridad física. La intolerancia y el ejercicio de la violencia no pueden gozar de legitimidad.

La impunidad es el principal enemigo de la genuina gobernabilidad democrática porque termina por generar tensiones que ponen en riesgo los espacios de libertad. Quienes bajo el manto de la protesta legítima ejercen violencia, agreden a otras personas y provocan innumerables destrozos, actúan en contra del régimen democrático. La protesta pacífica y justificada, dignifica; la violencia, en cualquier contexto, nos degrada.

El Estado debe cumplir con una de sus misiones primordiales, que es la de castigar a quienes infringen la ley. Esto debe hacerlo con estricto apego a las normas y observando un escrupuloso respeto a los derechos humanos. La vigencia y aplicación de la ley no pueden ser objeto de negociación. Hoy estamos obligados a entender a fondo las razones de la actual indignación colectiva, pero también tenemos el reto de conciliar esta expresión con las demandas de muchos mexicanos para poner fin a la injustificable acción de grupos minoritarios generadores de violencia.

Al respecto, cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ningún momento ha impedido que se aplique la ley; por el contrario, impulsa que toda actuación de las personas, aún en sus expresiones de reclamo, se apegue al marco de derecho. La ley debe ser cumplida por todos.

Este organismo nacional respeta la protesta social legítima, pacífica y sin armas, como manifestación de la libertad de expresión, pero reprueba las conductas violentas y fuera del marco legal.

De ahí que quienes ejerzan la violencia y actúen fuera de la ley deben ser detenidos, puestos a disposición de la autoridad y sometidos al proceso correspondiente, respetando sus garantías.

Debe quedar muy claro que quien incurra en una conducta ilícita tiene que pagar las consecuencias, así como que la actuación arbitraria de cualquier servidor público, especialmente de las fuerzas del orden, también debe ser castigada. Su responsabilidad es conducirse dentro del marco de la ley y de acuerdo con los debidos protocolos de actuación.

En todos los operativos policiales se ha de proteger, ante todo, la integridad, la vida y la seguridad de la población civil, para evitar que ciudadanos ajenos a las manifestaciones sufran las consecuencias de expresiones de violencia.

Hay que ser firmes en la defensa de la libertad de expresión y de la protesta pacífica, pero al mismo tiempo hay que ser firmes también en denunciar los actos de vandalismo y violencia. Si bien el Estado se encuentra obligado a respetar el derecho a la protesta social pacífica, también se encuentra legitimado para sancionar los delitos que se perpetran al amparo de ésta.