Los célebres penales de Nuevo León

Si fuera la primera vez, sería otra cosa. La repetición de los hechos de violencia extrema, de crueldad y de desafío a las autoridades en las cárceles del estado, solo puede hablar de un fracaso institucional rotundo. Pongo a propósito esta palabra: "institucional", porque va más allá de las acciones de un gobierno o de un periodo y sobrepasa, además, el mero ámbito estatal.

¿Por qué sigue sucediendo esto? ¿Porque no pueden? ¿Será que no quieren enfrentar una situación complicada? ¿O se aprovechan de los beneficios de permitir que no cambien las cosas?

No lo sé. Pero en 2012, a la mitad del sexenio de Rodrigo Medina, un motín en Apodaca terminó con más de 40 muertos. En 2016, en enero, ardió Topo Chico y dejó 49 muertos. Ahora Cadereyta lleva 17 muertos y 37 lesionados.

Son los hechos. También es un hecho que a los custodios carcelarios los amenazan, los toman como rehenes, los chantajean y los matan en los camiones de regreso a su casa. También es un hecho que desde las cárceles se controla el crimen organizado y se pone de rodillas a la población con amenazas, homicidios, extorsiones, robos y demás.

Y los proyectos para las cáceles, en proyectos se quedan. Una y otra vez se pospone cualquier solución al problema de los penales y nadie le ha entrado al toro por los cuernos. Es un fracaso.

Si es porque no pueden, tienen que levantar la mano para pedir ayuda. O irse, pero ya.

Si es porque no quieren, tampoco deberían querer permanecer donde están. Es su tarea enfrentar esta situación: para eso tienen la autoridad sobre las fuerzas del Estado. Si no lo hacen, no nos quedará más remedio que pensar que son los gobernantes son beneficiarios, y por lo tanto, cómplices de la situación reinante.

Nuevo León no está para eso. Ni para esperar el siguiente motín ni el regreso de los días en que el crimen organizado nos organizaba la vida.

luis.petersen@milenio.com