Treinta y tres votos contra Canales

No tiene valor jurídico, es cierto, pero sí que vale. Los diputados votaron ayer un punto de acuerdo que se tradujo en una petición al gobernador: que destituya a Ernesto Canales de la Subprocuraduría. Y que la SHCP revise sus cuentas.

Ni el gobernador ni el subprocurador tienen obligación de hacerle caso al Congreso. El peso del exhorto de ayer es meramente político. Sin embargo, no es poca cosa: se trata de 33 votos a favor, cero votos en contra, una abstención y cuatro ausencias, muy probablemente momentáneas durante la votación, por lo que habría que contabilizarlas como abstenciones.

Sobre todo tiene peso porque retrata un grave resquebrajamiento de las instituciones estatales.

Está, por un lado, la falta de legitimidad de Ernesto Canales, de la que hablábamos ayer, en su actividad de fiscal Anticorrupción. Esta falta proviene de la acusación de apropiarse seis millones de dólares (que hasta el momento no se ha determinado como ilegal), de la aceptación por parte de Canales de haber recibido esa cantidad y de la cascada de preguntas sin respuesta que esa aceptación desata.

El subprocurador tendría que dar muchas explicaciones difíciles para los ojos de la gente, ¿qué proceso legal cuesta seis millones de dólares? Paradójicamente, la lucha contra la corrupción se encuentra en su peor momento.

Por otro lado está la relación Gobierno-Congreso, que también se encuentra en el peor momento desde el inicio del sexenio. En medio año se han visto varias situaciones de tensión, pero ninguna había llegado a tanto, al grado que incluyen desde amenazas (tomadas como si fueran dirigidas contra todo el Poder Legislativo), insultos y ambiente de indignación, hasta peticiones de destitución ¡sin un solo voto en contra!

Eso no puede ser bueno. Si no hay un mínimo de, digamos, acuerdo operativo entre los poderes, la parálisis y la confrontación se adueñan de la vida política. Cada uno tendrá que hacer lo que le corresponde para que esto se evite.


luis.petersen@milenio.com