Parientes en la cárcel, castigo a las familias

Nadie niega los avances en seguridad en el estado. Aunque sea en proceso, con falta de policías, con participación insuficiente de los municipios, lo que sea, pero Nuevo León ha avanzado. Y se nota.

Lo que no avanza es el sistema penitenciario. Y se nota.

Cualquier persona que conoce la situación de las cárceles nuevoleonesas puede dar testimonio de ello. “Seguridad de reclusos empobrece a las familias”: esa fue la nota principal de MILENIO Monterrey el lunes pasado, donde el periodista Luis García daba cuenta de una investigación conducida por Patricia Cerda, académica de la UANL. El punto es que los familiares de los reos tienen que cubrir el costo de la protección del interno, auténtica extorsión que supone, en promedio, unos 1200 pesos mensuales.

Tener un pariente en el reclusorio resulta insostenible. Peor si la extorsión se añade a los 1296 pesos en alimentos y 643 pesos en salud que en promedio eroga la familia cada mes. Ésta debe renunciar a otras cosas verdaderamente indispensables. Y bien sabemos que las cárceles siguen siendo para pobres: 60 por ciento de los presos provienen de familias con ingresos menores a tres mil pesos.

¿Se puede hacer algo al respecto? Los que han estudiado el tema y saben de las condiciones de los reclusorios reconocen tres factores clave detrás esta crisis: la sobrepoblación penitenciaria, la mezcla de reos ligados al crimen organizado y los delincuentes del fuero común, y la insuficiencia de los esfuerzos políticos para controlar y administrar adecuadamente los reclusorios y resolver los problemas que presentan. Falta de voluntad política, sí.

Un ejemplo que ilustra esos tres factores es el proyecto de Mina, sistema carcelario donde se supone pronto irían a dar los reos federales. Los separaría y reduciría la sobrepoblación. Pero se quedó ahí, a medio construir, con una inversión echada a la basura y sin que se haya logrado la gestión de los recursos que hacen falta para terminar.

Parece que a nadie le importa mucho. Mientras tanto, hay casos documentados por CADHAC de familias que, por poner un ejemplo, han tenido que vender sus casas para hacer frente a las cuotas exigidas a su familiar preso. Ésa es nuestra nota de portada hoy.

luis.petersen@milenio.com