Diario de campo

La tragedia humanitaria que viene

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció hace una semana que el gobierno federal se encargaría de “poner orden” a los flujos migratorios provenientes de Centroamérica. Esto ocurrió un par de días después del último descarrilamiento del tren apodado “La Bestia” en un paraje de Oaxaca, cuando iba cargado con más de mil 300 migrantes. Afortunadamente no hubo decesos ni heridos, pero no ha sido así en ocasiones anteriores, como el 27 de agosto de 2013, cuando un accidente en Tabasco provocó la muerte de ocho personas y muchos más heridos.

Además de estos accidentes mayores, son regulares los incidentes menores, sobre todo caída de personas que en consecuencia pierden miembros, o incluso la vida. Decenas de miles de aspirantes a trabajadores migrantes atraviesan anualmente el país, con la perspectiva de cruzar la frontera norte y conseguir el “sueño americano”. No podemos conocer las cifras que representa este flujo humano dado su carácter como proceso indocumentado; sólo podemos adivinar el volumen que implica. Centenares de familias completas participan en el fenómeno; pero eso en el mejor de los casos, porque la mayoría son hombres y mujeres solos, muchos de ellos adolescentes o incluso niños, que emprenden la aventura más arriesgada de sus vidas sin contar con el apoyo de las redes sociales y familiares que sus congéneres mexicanos han podido estructurar en décadas de historia migratoria.

El gobierno mexicano aspira ahora a regular esos flujos, y sobre todo evitar que “La Bestia” siga siendo el principal medio de transporte de los migrantes del sur. Se anuncia la implementación del “Programa Frontera Sur”, que buscará “sellar la frontera a la migración irregular” (watheverthatmeans). Se designó al senador Humberto Mayans coordinador para la “Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur”. Cuando escuché la noticia interpreté, ingenuo, que se trataría de un programa humanitario que cuidara la seguridad de los centroamericanos en su tránsito por México, y que el Estado mexicano asumiría una actitud solidaria, a la manera de “Las Patronas” de Veracruz, con nuestros hermanos del sur. Craso error.

Estudiando con más cuidado las primeras declaraciones emitidas por las autoridades federales me doy cuenta que el programa responderá a un compromiso internacional no confesado con el gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de sellar la frontera sur mexicana. No se trata de un programa humanitario, sino lo contrario: reforzar los controles policiales, incluso militares, para disuadir a los “delincuentes” violadores de la Ley de Migración, e impedirles cruzar el territorio nacional. Osorio Chong declaro que el programa “fortalecerá las acciones contra el crimen, el intercambio de inteligencia con los países vecinos, e incrementará la colaboración regional e institucional encaminada a ‘proteger y dar certidumbre a quienes cruzan por nuestra frontera’.” (www.chiapasparalelo.com, 16 de julio de 2014)

El gobierno federal de los Estados Unidos se ha manifestado alarmado por la cantidad de infantes mexicanos y centroamericanos que ha acumulado en sus centros de detención. Su respuesta no ha sido humanitaria, sino punitiva, y pronto deportará a los 60 mil niños solitarios que ha acumulado en sus mazmorras. ¿Qué va a suceder con estos chicos indefensos?

Ambos gobiernos se han sincronizado para darle más vueltas a la tuerca migratoria, aplicando medidas persecutorias que criminalizan a decenas de miles de depauperados trabajadores, la gran mayoría de ellos honestos y laboriosos, pero sin perspectivas en sus países, incluyendo el nuestro. La experiencia histórica nos enseña que nada puede detener a los conjuntos humanos que se deciden a migrar en busca de una mejor vida. Las medidas de fuerza sólo incrementarán los riesgos actuales del tránsito; pero eso poco importa a las autoridades de ambos países, carentes de sentido humanista.

Se asoma una crisis humanitaria comparable a la que se vive en Palestina, y los ciudadanos conscientes debemos manifestar nuestro rechazo a la aplicación de medidas que podrán ser legales, pero no morales.

(*) Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León.

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