Diario de campo

¿Cuál engaño?

Los partidos políticos y sus candidatos tienen la libertad para definir el contenido de sus mensajes y propaganda. Sólo deben hacer mención del proceso y la demarcación territorial por la que participan.

El pasado domingo 19 de abril, mi querido amigo Carlos Arce Macías publicó otro más de sus imperdibles artículos en el periódico a.m. que intituló “Engaño total”. En el texto reflexiona sobre los problemas que aún padecemos con el traspaso del poder mediante el voto popular. En el segundo párrafo afirma que “los partidos políticos y el Órgano Estatal Electoral [de Guanajuato] están fallando de manera escandalosa.” Se refiere en concreto a las campañas de elección de ayuntamientos, en las que él detecta que sólo se publicita a los candidatos a presidente municipal, “tratándose solo de un puesto en el ayuntamiento”. Nos recuerda que el artículo 17 fracción III de la ley estatal electoral “consigna como única elección para el gobierno municipal, la de ayuntamientos.”

Estoy de acuerdo con Carlos en cuanto a que es incorrecto, en términos éticos, que en las campañas se promocione únicamente al candidato o candidata que encabeza la posición líder del ayuntamiento, es decir la de presidente municipal. Pero afirmar que no hacerlo en nombre del “A-yun-ta-mien-to” es violar la ley, es demasiado. No encuentro tal obligación en ninguna parte de la ordenanza electoral local ni la federal. En la sección tercera de la ley local, que regula las campañas electorales, no hallo nada que constriña la propaganda electoral más que lo que mandata el artículo 199: “evitar en ella, cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros.”

Los partidos políticos y sus candidatos tienen la libertad para definir el contenido de sus mensajes y propaganda. Sólo deben hacer mención del proceso y la demarcación territorial por la que participan. No es raro que los candidatos a diputados o senadores omitan el nombre de sus suplentes en sus impresos o materiales de proselitismo. Es aún más frecuente con los candidatos para integrar ayuntamientos, ya que son planillas con 10 a 15 titulares, más otro tanto de suplentes. Los partidos lo hacen por economía publicitaria, además de evitar confundir al votante con varios nombres. La propaganda simple es la más efectiva, diría Goebbels.

Sin embargo en las campañas de a pie estamos viendo a los candidatos acompañarse de sus suplentes, en el caso de los aspirantes a diputados, o por parte de su planilla en el caso de los pretendientes a munícipe. Tanto así que los medios de comunicación critican acremente a los candidatos a regidores o síndicos que no acompañan a su cabeza de planilla. Aunque la gente común no entiende bien a bien para qué sirve un regidor o un síndico –tampoco un diputado-, sí captan con facilidad las funciones del ejecutivo del ayuntamiento, el presidente municipal.

Nuestra cultura política es todavía limitada. Por eso me parecen exageradas las afirmaciones de Carlos, quien señala con dedo flamígero a partidos y a autoridades electorales estatales. Llega incluso a aseverar que “la honorabilidad de los actuales, y recién nombrados consejeros estatales, se encuentra comprometida. Están otorgando financiamiento para campañas inexistentes […] están desprotegiendo a los ciudadanos, permitiendo que sean engañados por los partidos políticos, convirtiendo la elección de Ayuntamientos, en una caricatura presidencial unipersonal”.

No puedo estar de acuerdo con esta aventurada afirmación. No tenemos medios legales para intervenir en la propaganda de los candidatos, a menos de que violen las prohibiciones explícitas en las leyes. No podemos coartar la libertad de expresión en la propaganda electoral, protegida en el séptimo constitucional, y nos debemos ceñir a lo ordenado en el capítulo II de la ley electoral federal y la sección tercera de la ley local. No hay manera de ser oficiosos en un tema que ni siquiera está regulado. Lo deseable es que, más que perseguir partidos o candidatos por una falta a la ética, sigamos trabajando en el fortalecimiento de la cultura política de los ciudadanos, para que sean ellos los que exijan información detallada sobre todas las planillas en las que, coincido con Carlos, pueden ocultarse pillos que no deben llegar a posiciones de representación.

Recuerdo que Carlos fue candidato a regidor del municipio de Guanajuato, allá en el pleistocénico 1989, y no sé si en la propaganda de su partido haya aparecido su nombre. Yo fui candidato a regidor con el doctor Virgilio Fernández en 1991, y sí repartimos un díptico con los nombres, perfiles y fotografía de todos los miembros de la planilla. Por supuesto nadie nos peló: toda la atención se la llevaba el carismático doctor, quien de todas maneras perdió. Pero así son las cosas.

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(*) Antropólogo social. Consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Profesor ad honorem de la Universidad de Guanajuato.

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