Diario de campo

Violencia y desgobierno

Es inevitable abordar la crisis de gobernabilidad y de vigencia del estado de derecho que se experimenta en diversos espacios de nuestro país, como se ha evidenciado en estas últimas semanas en Iguala y otros municipios de Guerrero. La muerte campea y viaja sobre las aguas de la impunidad. El Estado nacional y los gobiernos locales se muestran incapaces de imponer la paz necesaria para garantizar la armonía social que se requiere para el desarrollo, y que la población demanda para conceder legitimidad al régimen. La percepción generalizada entre los habitantes de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos y partes de Oaxaca, Chihuahua, Baja California y otras entidades emproblemadas es que no ha descendido la violencia social; sólo se le ha retirado de las primeras planas de la atención nacional.

Es asombroso que muchas corporaciones policiacas municipales, estatales e incluso las federales han resistido con éxito a ocho años de intentos de moralizarlas. Parece imposible que la profesionalización descienda hasta el policía de esquina, el de proximidad, en particular en los municipios de menor desarrollo relativo. Los delincuentes organizados poseen todavía un enorme poder de cooptación y corrupción, y se mantienen como caciques efectivos que controlan al poder político, sin importar los partidos de origen. Y la violencia se ha mantenido como recurso que se ejerce sin empacho, con desprecio a los derechos humanos más básicos, como el derecho a la vida y a la seguridad.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ha convocado a la indignación nacional. Las evidencias y testimonios exhibidos por la PGR dibujan un escenario de miedo: un presidente municipal de Ayutla, joven, atractivo, empresario exitoso y enriquecido sin que se sepa cómo, y su guapa esposa, la presidente del DIF que al mismo tiempo operaba para el crimen organizado, le ordenan a su director de seguridad pública municipal que ataje a los estudiantes que se dirigían a protestar con motivo del informe de la señora del alcalde. Los detienen y los entregan a policías de Cocula, municipio vecino, que forman parte de la nómina del sangriento cártel de los “Guerreros unidos”. Éstos se encargan de desaparecer a los jóvenes, y pretenden ocultar los hechos. Afortunadamente tanto los padres de los chicos como la sociedad regional levantan la voz y convocan a la mirada pasmada del resto de la nación.

El miércoles pasado, los mexicanos de bien se lanzaron a las calles en múltiples ciudades y pueblos. Los estudiantes de docenas de universidades públicas y privadas han levantado su voz iracunda exigiendo que el Estado mexicano resuelva este entuerto, que por cierto no es el primero: ya suman muchas las matanzas impunes, como la de San Fernando en Tamaulipas en contra de migrantes, y otras que no quisiera recordar. Tan sólo la decena de fosas recién encontradas en la región de Iguala, que al parecer no contienen los restos de los estudiantes, evidencian que los miles de mexicanos desaparecidos en la última década pueden estar descansando en fosas comunes como éstas, ocultas, lejanas, olvidadas.

Ahora bien, cambiando de escenario, declaro que como guanajuatense no puedo ignorar la muerte de Ricardo Esparza, estudiante de la Universidad de Guadalajara Campus Lagos de Moreno, en el contexto del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato el pasado sábado. El chico seguramente se divertía junto con sus compañeros de escuela, y al parecer fue detenido por una corporación policiaca local, probablemente las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado –la policía estatal-. Se lo llevaron quién sabe a dónde. Apareció muerto en el patio interior de una casa particular, en un callejón de la ciudad. Al parecer se cayó, o lo aventaron, de la azotea. Es otro hecho que abona en la desconfianza ciudadana hacia las corporaciones de seguridad, y demanda una investigación exhaustiva, objetiva, que no oculte la verdad aunque se perjudique a algún poderoso o que se evidencie la ausencia de protocolos de derechos humanos entre nuestros agentes policiales. Guanajuato no está exento de esta plaga nacional.

 Antropólogo social. Consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Profesor ad honorem de la Universidad de Guanajuato.

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