Diario de campo

Minas de muerte, 3

Continúo reflexionando sobre los mineros ex cooperativistas de Guanajuato, y su lucha reprimida por el reconocimiento de sus derechos patrimoniales sobre los recursos nacionales que un día les fueron adjudicados por el gobierno cardenista.

La lucha minera no es nueva ni reciente en el municipio de Guanajuato. Se remonta al menos al arranque del siglo XX. En el siglo XIX la explotación de las minas había caído en manos, primero, de empresarios británicos, que luego fueron desplazados por los capitales y la ingeniería norteamericanos. En 1904 se integró en Estados Unidos la empresa The Guanajuato Reduction and Mines Co., la cual adquirió en propiedad las minas de Valenciana, Cata, Mellado, Rayas, Tepeyac y Sechó. Ellos introdujeron el método de beneficio de la cianuración, que permitió extraer plata y oro de baja ley, incluso de los jales o desperdicios de explotaciones anteriores, y hasta de los adobes de las casas abandonadas.

Los capitales extranjeros revitalizaron la explotación minera local, pero aplicaron duras políticas en lo referente a su relación laboral con los trabajadores mineros: bajos salarios, jornadas de 10 horas seis días a la semana, bajas condiciones de seguridad, malos tratos, etcétera. Luego de la revolución, no es de extrañar que la inconformidad fuese creciendo, sobre todo cuando el gobierno federal impulsó el respeto a los derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la nueva constitución. El 12 de noviembre de 1936 los trabajadores de la Guanajuato Reduction se declararon en huelga general, en pos de mejores condiciones económicas. Así comenzó un periodo de gran tensión que desembocó en la matanza de los seis mineros, los “mártires del 23 de abril”, a manos de los guardias de la empresa el año siguiente.

El 11 de mayo de 1938 la compañía se vio obligada por el gobierno cardenista a entregar sus bienes a la sección 4 del sindicato minero nacional, a partir de la cual se organiza la Sociedad Cooperativa Minero-Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato. Esto correspondía bien a la política del “nacionalismo revolucionario” sobre los bienes del subsuelo, propiedad de la Nación.

La conciencia obrera y de solidaridad social que defendió la cooperativa durante décadas fue fuertemente boicoteada por los gobiernos del periodo neoliberal, que se encargaron de desmantelar el sector estatal y social de la economía nacional. En el ámbito rural, su expresión más clara fue la contrarreforma agraria de 1992, y la privatización del ejido. En el ámbito minero, las privatizaciones nos han conducido a la situación actual, donde grandes fortunas se han amasado en las últimas dos décadas a partir de una actividad que se consideraba poco redituable en los años ochenta.

Los cooperativistas dicen que fueron despojados de su patrimonio, mediante una asamblea que califican de ilegal en julio de 2005. A pesar de que desde entonces denunciaron públicamente esta situación (véase la nota de Patricia Muñoz en La Jornada del 16 de noviembre de ese año, “Empresa canadiense tras rica minera de Guanajuato”), la adquisición por parte de la Great Panther se concretó con el beneplácito de los gobiernos federal y estatal. El argumento para apoyar la privatización fue el de siempre: se crearán empleos y la riqueza generada se derramará hacia la sociedad local. La verdad es que la generación de empleos ha sido muy limitada, porque los canadienses han introducido tecnología de punta que requiere poca intervención de operarios, y los sueldos se mantienen deprimidos. Además la seguridad se mantiene como uno de los déficits más evidentes. Se han registrado varios accidentes mortales en los últimos tres años. Y mejor no hablemos de los impactos sobre el entorno natural, e incluso de la estabilidad del subsuelo de la ciudad, que ha experimentado varios sustos por los estallidos subterráneos.

Los cooperativistas tomaron las instalaciones de la ex hacienda de Bustos el domingo 9 de marzo pasado en demanda de que les sea restituido su patrimonio. La empresa reaccionó e interpuso un recurso legal, además de impulsar a sus trabajadores a manifestarse contra la ocupación. Con una velocidad pasmosa, los gobiernos federal y estatal reaccionaron y el jueves 13 los ocupantes fueron desalojados “pacíficamente”, pero a partir de un despliegue impresionante de fuerzas policiales con el apoyo del ejército. Fue indignante ver cómo los agentes, armados como si fueran a enfrentar a una peligrosa partida de delincuentes, desalojaban a algunas docenas de ancianos de ambos géneros, hijos de los fundadores de la cooperativa, quienes lastimosamente alegaban sus derechos al patrimonio expoliado en favor de empresarios extranjeros.

Tristes son los actuales tiempos del neoporfirismo. Nada valió un siglo de luchas sociales y una revolución armada, que nos legaron un modelo de desarrollo socializado y solidario, que ha sido desmantelado. Lo que priva hoy nuevamente es el principio del egoísmo y la lógica salvaje del neoliberalismo. La cooperativa minera fue finalmente eliminada por la antropofagia del capital.

(*) Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León.

http://twitter.com/riondal

www.luis.rionda.net

www.rionda.blogspot.com