Mundo Industrial

Limitaciones en la impartición de justicia

El diario El País en su edición para México del domingo pasado, publica una nota que contiene datos verdaderamente alarmantes.

Expone que en México las desapariciones forzadas suman ya 23,271 casos, y que en 3 entidades se concentra el 30% de estos casos, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila. El problema es que Tamaulipas tiene 5,355 casos con un indicador 17.2 casos por cada 100 mil habitantes, tasa 3 veces mayor a la de los otros 2 estados y sin duda la más alta de todo el país.

La fuente para el análisis de estos datos es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y lo inquietante es que sabemos que por cada desaparición reportada existe un número mayor de casos no denunciados.

Uno de los elementos que impiden una mejor impartición de justicia en este tema es el hecho de que solo en 19 de las 32 entidades los códigos penales reconocen como delito la desaparición, este elemento limita muchísimo el que se pueda iniciar una acción penal que mueva a investigar dichas desapariciones.

Se llevan a cabo múltiples reuniones, derivadas del hartazgo y exigencia de la sociedad por toda esta situación anárquica, lo cierto es que hay pequeños avances, mismos que se pierden por la velocidad de la evolución de las fuerzas criminales y la gran apatía provocada por el temor de la sociedad a denunciar.

La percepción ciudadana es que no se cuenta con los resultados esperados ni en los tiempos comprometidos, y aún más, que la situación lejos de mejorar esta empeorando.

Ante estos escenarios, es prudente también, analizar que acciones esta tomando la sociedad en su conjunto, en la búsqueda de una solución, porque esta muy bien el señalar a la autoridad y exigir resultados, pero si estos no se presentan o no son los necesarios, se tienen que proponer medidas adicionales o diferentes, y no sentarse a esperar que alguien llegue con una varita mágica a resolver de fondo los temas.

Los expertos señalan: “la tipificación de los delitos en cada una de las entidades, es si bien un paso adelante, no es la solución total, se requiere implementar toda una serie de protocolos de investigación y un registro nacional para terminar con el incentivo a la impunidad”.

Los casos de éxito en diferentes Ciudades y Estados de la Republica, así como en otros países, nos indican que la fórmula para alcanzar ese éxito, es la de una gran participación de la ciudadanía, de la mano de las instituciones y las autoridades.

No solo exigiendo resultados, sino comprometiéndose de fondo en la implementación de acciones que de manera conjunta se acuerden con la autoridad, y de esa manera transparentarlas, y medirlas para así evaluar si funcionan o cambiarlas y/o corregirlas.