Los correos del público

Los correos del público

Otra denuncia de corrupción

En estos días de denuncias de tanta corrupción en el gobierno una más:

En el mercado de Abastos en la calle 11 en la bodega marcada con el número 1011, entre la calle Mandarina y avenida del Mercado, abrieron un nuevo negocio con gran alharaca y publicidad dedicado a la venta de cerveza y vinos y licores.

Quiero hacer mención que dicha bodega pertenece al municipio.

Cabe aclarar que en las bodegas pertenecientes al municipio, como es el caso, está prohibido este tipo de giros.

Me di cuenta que acudieron inspectores varias veces y les clausuraron.

Un día retiraron lonas y publicidad y permaneció cerrado dicho negocio.

Hace dos semanas reanudaron actividades normalmente y hasta el momento siguen vendiendo licores y cerveza sin ningún impedimento.

También están vendiendo bebidas preparadas como cualquier chiringuito. Mi inquietud es: Si  está tan prohibido, ¿por qué los inspectores del ayuntamiento llegan y salen sin sancionarlos? ¿quien les dio la licencia en caso de tenerla? ¿a qué santo se encomiendan para violar todos los reglamentos?

Además, las autoridades ponen su alcoholímetro disque para impedir accidentes, yo tengo un bar y estamos quebrando por la falta de clientela mientras que ahí desde las 6:00 ya están vendiendo sus micheladas.

Cualquiera puede comprobar mi dicho dándose una vuelta por dicho domicilio y ver el descaro con el que se promocionan.

Damián Rodríguez Miramontes

No hay reemplazo

Contra lo que algunos piensan, opinan y desean, no hay reemplazo. Y no porque se requiera un coeficiente intelectual sublime, no, no es siquiera requisito; basta analizar el perfil de los precedentes. Los méritos exigibles son: no tener escrúpulos, ni pericia y por ende interés en los asuntos científicos y académicos, debido a que estas  credenciales se adquieren comprando conciencias, reconocimientos y títulos, incluidos algunos y algunas intelectuales, que contra lo que pudiera creerse, el número de estos susceptible de ser persuadido, es sorprendentemente alto.

Con sólo tres remanentes de la FEG se compone la lista: Trino, Tonatiuh y Alfredo. Y ninguno de los tres tiene los méritos y los arrestos para asumir el control absoluto; aunado a un contexto desfavorable para la extensión de cacicazgos.

La transición después del asesinado de Carlos Ramírez Ladewig fue relativamente tranquila, merced a que vivía Margarito Ramírez Miranda, y él operó el proceso, que en stricto sensu fue una sucesión monárquica. Un elemento clave fue que el partido único, no dominante, aún prevalecía.

Con Álvaro Ramírez Ladewig, simplemente se consuma la sentencia que 500 años atrás había divulgado Maquiavelo sobre los principados nuevos que se adquieren por la fortuna y con las armas ajenas. Lo perdió con la misma facilidad como se lo había regalado su padre.

Ahora bien, los cacicazgos no desaparecerán por arte de magia, ni serán los actuales usufructuarios sus liquidadores. Sin un vigoroso movimiento universitario, se dejará escapar esta gran oportunidad. En abono a lo anterior sé que en el seno de la institución se agita un sinnúmero de grupos que se reclaman hastiados y dispuestos a dar la batalla para transformarla.

¿Qué podrían hacer? De momento establecer contacto entre sí, para en el momento oportuno convocar a una asamblea amplia y plural que discuta, resuelva y proponga cuál debe ser el derrotero que debe seguir la institución.

El control en la UdeG descansa en los ejes rectores del sistema político mexicano: el patrimonialismo, el corporativismo y el clientelismo, aún siendo violatorios de la autonomía universitaria, sobre esta base se erigen los feudos y su amalgama la corrupción y la impunidad. Por ende, para que haya una verdadera transformación, es imprescindible erradicar esos mecanismos que distorsionan la dinámica interuniversitaria y son auténticas camisas de fuerza que impiden su crecimiento y desarrollo. Lo más irritante es que mientras en la sociedad la pluralidad, con sus bemoles, avanza, en el interior de la universidad estatal, esta no exista, más allá de tiernos y edulcorados discursos.

Me parece prudente señalar que no sería conveniente que intervengan los poderes públicos de todos los niveles, porque ello sería contraproducente para el libre desempeño institucional. No creo equivocarme si afirmo que los universitarios tenemos los medios, el talento y el valor de afrontar las vicisitudes de una empresa de tal magnitud, y no demandamos de los poderes públicos más que respeto a la autonomía universitaria y a las decisiones que su comunidad tome.

Gustavo Monterrubio Alfaro

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