Paralaje

La tentación del chantaje en los acuerdos

Uno de los desafíos más delicados de la negociación política es encontrar un terreno que les sea común a las fuerzas políticas. En temas con alta carga ideológica como es una reforma fiscal o energética es muy difícil que todo el espectro de los partidos coincida. Para el centro, más cuando es el partido gobernante, la circunstancia lleva al pragmatismo para definir alianza de conformidad al tema. Ante la necesidad de las reformas había un escenario claro: la reforma fiscal posible hacía funcional el acuerdo parlamentario con la izquierda; la reforma energética, con el PAN. Desde luego que existen rubros en los que es posible un acuerdo incluyente; la agenda del Pacto por México es claro ejemplo.

Quien gobierna encara una responsabilidad distinta respecto de quien está en la oposición. El primero tiene, por una parte, el mandato de gobernar, esto es, decidir
y conducir no solo la administración, sino el conjunto del poder público y la representación del Estado; al tiempo que por ser el gobernante es sujeto del escrutinio público por su condición de fuerza mayoritaria. La cuestión es que en un régimen presidencial el partido gobernante no siempre coincide con la fuerza parlamentaria mayoritaria; de hecho, hace ya 16 años el presidente no ha contado con mayoría absoluta en el Congreso.

Así, pues, la negociación es obligación, no opción. En 1997, el país ingresó por primera vez a un sistema presidencial sin mayoría parlamentaria para el Ejecutivo. Entonces las fuerzas políticas distintas al PRI conformaron un frente opositor; como suele suceder en los cambios democráticos, el proceso se dio en medio de la impaciencia de unos, del temor de otros y de la desconfianza de casi todos. A pesar del tropiezo inicial por parte del Gobierno y de la principal minoría, la experiencia fue, en muchos sentidos, exitosa, aunque el país perdió el ímpetu reformador de los años previos y en esa condición continuó por los 12 años subsecuentes.

La legislatura que comenzó en septiembre de 2012 representa un punto de quiebre gracias a las reformas aprobadas. En una primera instancia, antes del relevo presidencial, la mayoría parlamentaria estuvo representada por el acuerdo
entre el PAN y el PRI. Posteriormente, el Pacto estableció una agenda común y favoreció el avance en temas fundamentales. Ha sido un proceso difícil y desgastante, más para el gobernante que para la oposición, resultado del efecto igualador que conlleva el acuerdo con independencia del resultado electoral de 2012. Los cambios institucionales han sido fundamentales, aunque cabe decir que las reformas legales por sí mismas son insuficientes, sobre todo cuando no se manifiesta actitud o conducta consecuente. Éste es el gran reto.

La tentación del chantaje siempre está presente, más cuando se advierte la necesidad del gobernante sobre el acuerdo. Le sucedió al PRI con el PAN en el pasado remoto y también al PAN con el PRI y con el PRD en el pasado reciente. Queda en las fuerzas políticas, en todas, optar entre continuar por el terreno de la responsabilidad o buscar beneficios particulares. Ante todo, deben tener presente que se puede, pero no se debe ganar poder a costa del deterioro del país, y que la mejor inversión política es actuar a partir de la virtud y de la esperanza, no del menoscabo de la política, los partidos como instituciones, la confianza del ciudadano y el propio país. Otro aspecto a considerar es que nadie tiene el monopolio de la razón o la superioridad de causa; lo único que vale es la expresión que queda definida por el voto.

El acuerdo entre las fuerzas políticas y el Gobierno ofrece la oportunidad de establecer un nuevo piso de responsabilidad compartida. Es cierto, el Presidente y sus cercanos colaboradores han asumido costos por la dinámica de la negociación; por su parte, las oposiciones han ganado lo que no lograron en las urnas, y que no es poco, pero también sus dirigentes se han desgastado y ofrecen un flanco de ataque frente a los grupos intransigentes. En el caso del PAN, por la falta de nobleza de espíritu democrático y político y en el PRD, por el oportunismo.

Los problemas del país persisten y la negociación en curso es más difícil y complicada, por los temas y el desgaste propio de la política y la negociación. La oposición se enfrenta a la disyuntiva de continuar con el entendimiento a favor del país o llegar a la ruptura en beneficio de su propio poder y agenda. Malo para el PAN, peor para el PRD y todavía más adverso para el país. El gobierno tendría frente a sí las dificultades propias de un presidente sin mayoría en el Congreso, pero también le ofrecería un plano de cohesión con su indiscutible fortaleza política, social y territorial. No quiere decir que el PRI y el Gobierno serán ganadores, pero sí, al menos, los que menos habrán perdido.

Las posturas rupturistas en la izquierda y en la derecha atienden al cálculo de ganar el poder en sus propias estructuras, ojalá no pierdan de vista al país. Ahora se sabe quién azuzó a los senadores panistas para que abandonaran el salón de sesiones, político de experiencia, sin duda, pero con ya muchos años de desgaste precisamente por lo evidente de su oportunismo y su deslealtad a todo y a todos; hombre sin ideología y sin otra pretensión que ganar a costa de la desgracia, e invariable agorero del apocalipsis o de aquel “choque de trenes”que nunca ocurrió.

Chamaqueados, así se asumieron los más razonables panistas después del desaguisado, les hicieron creer que juntos iban a reventar al gobierno, al Pacto y a los acuerdos. Las votaciones transitaron con normalidad ante su ausencia, los cambios fueron votados por los diputados y la reforma prosperó. Agraviados por el ridículo, algunos dijeron que en lo sucesivo nada harían con el gobierno equivocando culpables.

Los malos perdedores son la mayor debilidad de la clase política, una calamidad que lastima la gobernabilidad en sus fundamentos al generar ganadores cuestionados, perdedores agraviados y una sociedad escéptica de unos, de otros y hasta de sí misma. El desencanto de la democracia es la consecuencia. Las elecciones no son la fase terminal de la competencia por el poder, sino otra instancia más de una interminable disputa.

Insisto, las fuerzas políticas tienen la oportunidad de establecer un nuevo estándar de urbanidad y responsabilidad social para así acreditar a la política. Todo dependerá de la convicción de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En democracia, las diferencias son inevitables pero los acuerdos son fundamentales.

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