Paralaje

La disputa por el INE

Increíble que quien puso en riesgo al IFE, descalificó a los órganos electorales locales e impuso el prejuicio sobre las autoridades locales ahora proponga la insaculación para elegir a los consejeros del nuevo instituto responsable de las elecciones.

Me incluyo entre quienes han manifestado preocupación por la creación del Instituto Nacional Electoral. La inquietud parte de dos consideraciones: en primer término, el IFE, institución que está siendo reemplazada, ha sido un caso de éxito en la modernización del país y la construcción democrática que, además, ha cumplido satisfactoriamente la difícil tarea de organizar elecciones de manera imparcial y confiable conforme a los estándares en la materia. Cierto es que el órgano electoral ha perdido el brillo de origen, pero también hay que decir que los golpes más severos han sido asestados desde los partidos en el ejercicio de designación de los consejeros integrantes del órgano superior y por la descalificación ligera e irresponsable al trabajo del instituto a partir de un cálculo político y no de la realidad. No hay institución pública ni órgano electoral en el mundo que pueda cobrar ascendiente en la sociedad, frente a una competencia de malos jugadores y peores perdedores.

La segunda razón es que el centralismo no es la respuesta más razonable, idónea y eficaz para la atención de los retos nacionales. Por ignorancia o sed de poder, la seducción centralista está presente en muchos de los temas de la vida nacional. Frente a esta inclinación de las élites mexicanas, la realidad es que el país es la suma de regiones, entidades y lugares muy diversos que expresan sus propias dinámicas e integran identidades subnacionales que hacen de nuestro país una nación muy rica en lo cultural y en lo económico. Además, no se puede despojar a los estados y al Distrito Federal del derecho de resolver por sí mismos sus problemas y crear sus propias instituciones. Los argumentos de la dirigencia del PAN para imponer la creación del INE son una de las mayores afrentas al federalismo mexicano; propuesta planteada al gobierno y a la soberanía nacional en términos de chantaje, acompañada de razonamientos falaces, fundados en el prejuicio y en la retórica de grupo. Por su parte, los órganos electorales locales han cumplido con su responsabilidad como lo revela la competencia y la alternancia; los casos de insuficiencia son poco frecuentes y se han podido enmendar a través de la justicia electoral.

Ahora la Cámara de Diputados regresa al punto de quiebre: la designación de quienes integrarán el órgano supremo del INE. En este tema, basta con revisar el desempeño histórico de los tres principales partidos para observar que el PRI es el que ha mostrado mayor compromiso por la imparcialidad y la calidad de los candidatos a consejeros. Al compararlo con el PRD y especialmente con el PAN, podemos advertir que el origen de la parcialidad y del perfil inadecuado de los consejeros ha venido de quienes más demandan imparcialidad y objetividad de los órganos electorales. Ahora el PAN en la Cámara de Diputados tiene un desempeño errático, pretende rechazar el procedimiento acordado para llegar a designaciones confiables y con aval social y opta por el más injusto y azaroso de los métodos: la insaculación. Increíble que quien puso en riesgo al IFE, descalificó a los órganos electorales locales e impuso el prejuicio sobre las autoridades locales ahora proponga la insaculación.

El Congreso mexicano y los de los estados al aprobar varios capítulos de la reforma electoral tomaron una decisión muy comprometedora que exige elevadas cuotas de prudencia y cuidado en la integración del Instituto Nacional Electoral. Es fundamental que allí lleguen los mejores perfiles, profesionales, con un sentido de responsabilidad de su tarea y conscientes de que integran una institución del Estado mexicano; fundamental ésta para dar cauce civilizado y en el marco de la ley a la competencia por el poder. Quienes encabecen el INE no deberán pretender beneplácito público, mucho menos el aval de todas y cada una de las partes interesadas. Su responsabilidad es hacer bien las cosas, razonar y fundar su actuación con apego estricto a la ley.

Los precedentes del pasado reciente no contribuyen mucho al fortalecimiento del órgano electoral. Mención especial merece que los partidos en el Congreso hayan quebrantado en 2007 el principio de la inamovilidad de los consejeros. También el modelo comunicacional optado en esa reforma merma la libertad de expresión y ha llevado al órgano electoral a la confrontación con los medios electrónicos, aunado a la que ya de por sí se presentaba con los partidos políticos respecto al poder sancionador del órgano electoral. Es importante que los senadores y, particularmente, los diputados acrediten visión y lealtad institucional en todo este asunto.

El tema en el Congreso no se agota con la designación de los consejeros; la magnitud de la reforma conlleva la revisión prácticamente de toda la legislación electoral. Los cambios en general son positivos y, más que ello, inevitables. Temas de la trascendencia histórica como la reelección consecutiva, las candidaturas independientes, los nuevos términos para la publicidad y proselitismo en las campañas y la transparencia en el financiamiento, así como los nuevos supuestos para la nulidad de elecciones, plantean un punto de quiebre de la legislación electoral. No es desproporcionado señalar que la reforma en curso conlleva la refundación de las instituciones electorales de México.

Frente a todo esto debiera preocupar a la clase política que en la percepción ciudadana no se estén revalorando dos instituciones fundamentales de la democracia representativa: los partidos políticos y el Congreso. No es aceptable el ya repetido argumento de que esto es un problema global de todas las democracias. Y no lo es, porque en México el deterioro de los partidos ocurre por la distancia que media entre éstos y los ciudadanos que asumen representar. La democracia interna en la vida de los partidos, tema central en la década de los noventa, simplemente desapareció del mapa del debate. Las partidocracias se han impuesto.

Por su parte, el Congreso ha concretado reformas fundamentales en un plazo sin precedentes; sin embargo, este logro de singulares dimensiones históricas no ha calado en la opinión pública por la incapacidad de los propios legisladores para articular el debate y representar en éste a los sectores diversos de la sociedad, frente al ruido que provocan los enemigos de los cambios.

Por ahora, el tema central es lograr que la reforma de las instituciones electorales sea un paso en la dirección correcta. El tema está, justamente, en manos de los legisladores y los partidos.

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