Paralaje

De cara a la adversidad

Los hechos de Guerrero también son indicativos de un problema más profundo y serio: la persistente vulnerabilidad de las autoridades locales y municipales frente al embate del crimen organizado. Michoacán, con otro partido, muestra historia semejante.

La prosperidad no existe sin temores ni disgustos, ni la adversidad sin consuelos y esperanzas: Francis Bacon

 

El país todo, no únicamente el gobierno, encara un reto serio por los acontecimientos de Guerrero. Su gravedad no solo se remite al impacto negativo en la percepción sobre la situación del país; los hechos también son indicativos de un problema más profundo y serio: la persistente vulnerabilidad de las autoridades locales y municipales frente al embate del crimen organizado. Guerrero, como en su momento aconteció en Michoacán, exhibe un grado de descomposición institucional contra el que debe actuarse con urgencia y determinación.

La lección para todos es que el crimen no merece complacencia, amparo, ni justificación; no puede existir tolerancia alguna ante esta dualidad del discurso y menos de los actos, especialmente por los gobiernos y los partidos políticos. Queda al descubierto que el alcalde prófugo de Iguala jamás debió ser postulado por partido alguno para cargo de elección, mucho menos el de presidente municipal, precisamente por la disponibilidad de fuerza pública que, en este caso, terminó al servicio de los criminales. Como ya se ha dicho, no se puede, al menos no se debe, ganar la elección a toda costa. Michoacán, con otro partido, muestra historia semejante. Afortunadamente, son casos singulares, no la regla.

Ni la sociedad ni los medios ni las organizaciones civiles deben perder perspectiva de la situación del país, por graves y dolorosos que sean los acontecimientos de Guerrero. Generalizar no solo resulta inexacto, sino que propicia desaliento frente a otras muchas batallas que se libran con éxito en otros lugares, especialmente en el norte del país. Ciudad Juárez, Chihuahua, hace unos años agobiada por el crimen y la violencia, muestra ahora una situación de tranquilidad y armonía, como sucede en la región lagunera, en Nuevo Laredo o en la zona metropolitana de Monterrey, solo por destacar algunos ejemplos de buenos resultados.

La exigencia pública por el buen desempeño de las autoridades en materia de seguridad es un recurso útil en toda sociedad. Otra habría sido, seguramente,  la situación con una opinión pública más alerta en torno a lo que estaba sucediendo en Guerrero, aunque también ésa es responsabilidad de las autoridades. Frente al supuesto “oficio político” del gobernador Aguirre, en varias regiones del estado, incluido Iguala, el crimen organizado se apropió de las instancias municipales. El homicidio de varios estudiantes normalistas y la desaparición de 43 de ellos no fue un incidente, sino efecto de una autoridad, más que ausente, al servicio de los grupos criminales. El descubrimiento de múltiples fosas clandestinas con cadáveres es una macabra y sombría evidencia de lo que desde hace tiempo ocurría en Guerrero. Las autoridades federales y locales no deben subestimar la obligación de identificar plenamente a las personas halladas en las fosas y dar con los responsables de su muerte.

La situación obliga hoy a clarificar la estrategia para lograr la recomposición estructural de la entidad. Es necesario trabajar en muchos planos; el inmediato y más urgente, es el hallazgo de los estudiantes desaparecidos. Herida profunda que mucho lastima al país. La esperanza de todos es encontrarlos pronto y con vida. Son de esperarse las expresiones de descontento, lo mismo que la intención de algunos de capitalizar la inconformidad.

Otro tema urgente es la recomposición institucional del gobierno en Guerrero. La solución exige acciones que trasciendan la remoción de funcionarios o la esperada e inevitable licencia de Ángel Heladio Aguirre y su correspondiente comparecencia ante autoridad competente para que comparta la información que tenga; lo que aporte seguramente va a ser de gran utilidad a la averiguación ministerial. Lo urgente no es que los funcionarios se vayan a su casa, sino algo mucho más importante: la aplicación de la ley. El objetivo específico es abatir la impunidad, el gran factor que ha propiciado la prevalencia del crimen sobre el ciudadano y el sometimiento de la autoridad al dictado de los delincuentes. Las responsabilidades no solo atañen a los autores materiales e intelectuales de los hechos, sino a quienes, por connivencia o negligencia, deben comparecer ante la justicia “tope donde tope”. Evidentemente, la situación en todo el estado tiene que ser evaluada y, con la ley en la mano, debe enfrentarse cualquier otro caso semejante al de Guerrero.

Dentro del orden general del país, es preciso avanzar en el diseño y ejecución del nuevo modelo policial. El Congreso tiene una tarea pendiente que es urgente activar. Efectivamente, hay estados como Guerrero, donde los alcaldes no pueden encarar la responsabilidad de la policía. Ahí, queda claro que el esquema policiaco actual no es funcional para el objetivo, tanto así que en Guerrero supuestamente ya se había unificado el mando policial y, sin embargo, hasta ahora, después de lo acontecido, el gobernador Aguirre reconoció que en Iguala no contó con la colaboración del alcalde Abarca, hoy prófugo de la justicia.

Otro aspecto de atención prioritaria es el blindaje que deben proveer los partidos para impedir que se abra la puerta de la representación pública a quienes están al servicio de los criminales. El próximo año se elegirán diputados federales en todo el país; en 17 entidades habrá elecciones concurrentes y en nueve se votará por gobernador, incluidos los estados en crisis severa por la presencia del crimen organizado: Michoacán y Guerrero. Es recomendable, como lo señalé en este espacio, que los partidos, el INE y el gobierno federal suscriban un compromiso conjunto de colaboración para dar respuesta a esta exigencia elemental de proteger a las instituciones representativas.

Cerrar filas de cara a la adversidad es fundamental para preservar logros y para recuperar los espacios perdidos. El país tiene perspectivas amplias y positivas de crecimiento y desarrollo que no deben malograrse. La crítica, el reclamo y las diferencias son parte de la vida social, sobre todo en la política. El reto es darles un curso institucional y, de ser posible, racional e inteligente. La indignación destructiva de nada sirve y sí, en cambio, favorece la confrontación; lo único que de ella puede esperarse es el debilitamiento de la energía institucional que es necesaria para hacer valer la justicia y conseguir, por consecuencia, la recomposición de la situación.

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