Paralaje

Por los caminos de Michoacán

La administración federal ha tenido la prudencia de no señalar al pasado o a los gobiernos locales para eludir responsabilidades. Cierto es que en éstos, en los estados y de todos los partidos, no pudieron salvaguardar a las instituciones de la penetración de los grupos criminales.

El agravamiento de la situación en Michoacán está presentando una oportunidad para construir la respuesta institucional que signifique una solución de fondo. Durante el gobierno federal anterior se produjo un notable deterioro de la seguridad y una mayor penetración de la delincuencia organizada en instituciones municipales. Como se ha comentado por expertos en diversos foros, la respuesta inmediata del gobierno en 2007, más que excesiva, careció de visión estratégica; se obvió el diagnóstico y se asumió que las fuerzas de ocupación
eran la respuesta. Pronto, los hechos mostraron la verdadera dimensión de la ineficacia, pero la espiral de violencia y un particular énfasis en la estrategia de comunicación, impidieron su modificación. Esta situación se sumó a la seria falla de iniciar proceso penal contra autoridades acusadas de supuestos delitos para posteriormente liberarlas por la ineficiente integración de las averiguaciones previas. En fin, el gobierno del presidente Calderón, no obstante su reconocida voluntad de combate al crimen, dejó una situación todavía peor a la que había recibido y, al igual que en Guerrero, incubó uno de los procesos más peligrosos derivados de la ausencia de autoridad: las autodefensas.

Como podemos claramente observar en los ejes discursivos, la actual administración federal ha tenido la prudencia de no señalar al pasado o a los gobiernos locales como coartada para eludir responsabilidades. Cierto es que las administraciones locales en los estados y de todos los partidos no pudieron salvaguardar a las instituciones de la penetración de los grupos criminales. Nadie, ni partidos ni gobiernos, puede eludir, por acción u omisión, responsabilidad en el actual deterioro en Michoacán.

Lo singular de esa entidad en particular, es el grado de penetración del crimen organizado en el tejido social. No es solo cuestión de instituciones corrompidas, sino de una forma de complicidad que alcanza muchos espacios de los ámbitos social y económico de la región. Ahí, la criminalidad es ya una forma de vida.

Revertir la violencia y la criminalidad en tales condiciones implica una visión considerablemente más profunda y exhaustiva de las repercusiones que supone el despliegue masivo de fuerzas federales y militares. Importante, sí, pero también resulta más un recurso paliativo que una medida eficaz o de fondo. La estrategia de ocupación, en el mejor de los casos, puede mitigar el problema por tiempo y territorio determinados, o influir en la percepción ciudadana; sin embargo, no resuelve porque no ataca las causas profundas, además de acarrear daños colaterales asociados al despliegue de fuerza, en especial si es ajeno a las sociedades locales.

La ocupación es una medida desesperada, propia de la guerra, que puede ser una solución aparente y propiciar una suerte de consenso ficticio en la ciudadanía por la misma demostración de fuerza, pero Michoacán demanda un diagnóstico más certero con acciones consecuentes. Es preciso entender que la solución permanente ha de proceder de las propias comunidades y municipios. Se requieren fuerzas del orden local, policías municipales adiestradas, equipadas y con un sentido de compromiso institucional. Sin duda, un objetivo muy costoso, aunque siempre menos oneroso que no contar con ellas.

Es preciso trabajar desde el seno mismo de la sociedad. No implica solo escucharla o dialogar con miras a recuperar la confianza extraviada; es esencial involucrarla en la búsqueda de soluciones. El surgimiento de los grupos de autodefensa reclama una respuesta inteligente, sensible y firme, pero no admite concebirlos como aliados de la fuerza institucional del Estado.

Para muchos, su aparición ha sido obligada consecuencia de la ausencia de  autoridad, pero tampoco puede ignorarse que, por el beneficio de todos, no puede haber otra policía que la institucional. El desarme de los grupos civiles debe ser simultáneo a la conformación de esta nueva policía, sin otra restricción que el cumplimiento con la ley y la garantía de su permanencia en el territorio.

El gobierno federal parece estar replanteando la estrategia y como parte de ella ha designado a un comisionado cuya misión es coordinar el esfuerzo de rescate de la legalidad y hacer valer la justicia. Para recuperar la normalidad no hay mejor fórmula que abatir la impunidad, es decir, llevar a la justicia a quienes han incurrido en acciones delictivas graves y han lastimado con violencia extrema a las comunidades, generalizando la extorsión y corrompiendo autoridades. La mejor manera de luchar contra el crimen es contar con el apoyo de la sociedad en sus localidades y territorio. Michoacán ha llegado a una situación límite y es impostergable el planteamiento de una solución de fondo, quizás lenta y difícil, pero mucho más eficaz de lo que hemos visto hasta ahora con el despliegue de fuerzas de ocupación.

Ciro Gómez Leyva refería al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, como uno de los ejemplos exitosos de reversión de violencia a través de soluciones que involucraron el compromiso de la propia sociedad gobernada. También destacan los casos de Tijuana,donde se hizo patente la aportación de una sociedad responsable y la voluntad del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, y de Ciudad Juárez que, con el gobernador César Duarte a la cabeza, ha superado la adversa situación que le tocó heredar. Saltillo, bajo la iniciativa del alcalde Jericó Abramo Masso, con el apoyo del gobernador Rubén Moreira, es otro
caso de éxito con la misma receta. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también ha revertido un escenario crítico; en Nayarit, el gobernador Roberto Sandoval ha logrado metas ejemplares, y lo mismo ocurre con el gobernador Mario Anguiano Moreno, en Colima. En fin, son ya varios los estados que han dejado de ser nota de violencia.

Lo que es común a estas historias de éxito y otras análogas es que las soluciones se han construido en el territorio, desde la misma sociedad agobiada y golpeada por el crimen y la violencia, y con la participación activa de autoridades estatales y municipales. En todo, los malos son menos que los que quieren vivir en paz y en armonía en sus comunidades. Con claridad de objetivos, la participación de muchos y una buena coordinación de autoridades es posible ganar la batalla.

La situación de Michoacán llama a la unidad entre gobierno y sociedad, partidos políticos, órdenes y poderes públicos, empresarios y trabajadores, propietarios y campesinos, a fin de regresar al digno lugar que merece uno de los espacios más generosos, ricos y bellos de la República.

La ocupación de fuerzas del orden federal no es suficiente; la misión es de todos. Además es importante dejar de lado declaraciones con fines político-electorales y sumar. Ni la recriminación ni la exclusión serán los caminos adecuados. La vía segura, prudente y conveniente es apostar por la fuerza de la inteligencia sobre la inteligencia de la fuerza.

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