Paralaje

“Apoyo al presidente Peña con consenso”

Revisten sin duda una gran trascendencia para el Federalismo mexicano las expresiones que hiciera en días pasados el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera. “Esté seguro que en todo lo que construyamos en consenso con su gobierno, encontrará el apoyo incondicional”, dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México al presidente de la República, en el marco de la reunión en la que los mandatarios locales se reunieron para analizar, entre otros temas, el de la seguridad pública.

En su momento el presidente Peña Nieto señaló que los índices delictivos han repuntado en algunos estados a niveles semejantes a los de años pasados. Como tal, el deterioro de la seguridad es un proceso que a todos preocupa e involucra. Los gobernadores, todos, tienen el desafío de atender el compromiso con la legalidad y la tranquilidad pública. Las condiciones de algunas entidades lo vuelven considerablemente más complejo. El poder del crimen frente al del Estado se torna en algunas circunstancias crítico para las instituciones y para la convivencia civilizada. Por eso es preciso que quienes encabezan los gobiernos locales ratifiquen el compromiso para trabajar conjuntamente con las instancias federales para combatir un problema fundamental y que requiere del compromiso y la coordinación de todas las instancias de gobierno.

En medio de la contienda electoral 2017 y de los prolegómenos de la elección general de 2018, las palabras del jefe de Gobierno de la Ciudad de México son además una muestra de madurez política, la que sería deseable fuera el signo distintivo de los líderes políticos de todas las fuerzas políticas y especialmente de quienes desde la oposición pretenden llegar a la Presidencia. El mismo Miguel Ángel Mancera es un fuerte aspirante a la candidatura presidencial, aunque a la vez de que uno de sus mayores logros políticos, la Constitución para la Ciudad de México, está bajo controversia constitucional. Sin duda es una muestra de seriedad política que le hace diferenciarse del resto; no apuesta por el aplauso fácil, sino por la adhesión razonada y por la defensa de causas sustantivas, aunque eso pueda generarle críticas o reservas de parte de sus afines.

Acierta Mancera esta vez, como en otras ocasiones, porque el tema de la seguridad no admite reservas o regateo. Él mismo fue un buen procurador de Justicia en la Ciudad de México y sabe, por experiencia, la importancia de construir un frente común frente al delito y la violencia. Los gobernadores deben empeñarse de manera más decidida en la lucha contra el crimen, hacer valer su autoridad y asignar los recursos para cumplir con la responsabilidad primaria de toda autoridad que es la de proteger y defender a las personas y sus familias.

Los acontecimientos violentos en Puebla, donde perecieron cuatro soldados y seis delincuentes, son un ejemplo de la gravedad de la situación. Allí se revela, como en otros lugares, una forma de complicidad social entre criminales en extremo violentos y peligrosos, con la comunidad en la que operan. Hay razones económicas y especialmente sociales. Es una connivencia que tiene como origen el deterioro de otras instituciones sociales fundamentales que operaban como mecanismos de cohesión social. También tiene mucho que ver la debilidad o ausencia de autoridad. Revertir la situación no solo es cuestión de hacer valer la ley y abatir la impunidad, también se requiere recuperar el llamado tejido social a efecto de que la fortaleza frente al crimen tenga como punto de partida la comunidad y las familias.

Particular atención debe ponerse en los jóvenes y menores, quienes son utilizados por la delincuencia como tropa a sacrificar en el frente de batalla. También es inhumano en extremo que los criminales utilicen a la población civil, especialmente, a mujeres y menores como escudo humano. Los militares actuaron con prudencia y eso les significó bajas que adquieren un significado heroico.

Por lo que respecta al crimen organizado vinculado al narcotráfico es necesario no ceder frente a la amenaza que representan. Es una lucha no solo de las autoridades, también de la sociedad y de los medios de comunicación. En forma alguna puede haber complacencia porque lo que está de por medio a todos pertenece. Esto empieza por el repudio a la denuncia y también por la exigencia a todas las instancias e instituciones de definir posición frente a uno de los enemigos más perniciosos y perversos, que es el crimen organizado.

Ha llegado el momento de revisar a profundidad la estrategia contra el tráfico de estupefacientes. Los resultados han sido devastadores. México ha pagado un precio muy elevado por suscribir una visión y una actuación que en los resultados han sido infructuosas. El problema se agrava y se extiende a otras actividades criminales. La despenalización del consumo todavía requiere de un mayor avance, así como valorar la manera de comercializar y abastecer el consumo de drogas sin las expresiones criminales que actualmente se presentan. Hay una corriente mundial y diversas iniciativas al respecto. No son ocurrencias ni posturas extremas. En México y en el mundo hay personalidades de prestigio y solvencia ética y profesional que proponen un cambio a fondo sobre el tema.

Como en muchos otros temas, la clase política no ha actuado con prontitud y lo que prevalece es un precario interés para dar una respuesta institucional a la situación. El Congreso cierra su periodo de sesiones y, una vez más, se posponen decisiones fundamentales para dar certeza jurídica y claridad en uno de los temas de mayor importancia, que es normar la intervención de las fuerzas armadas y definir el modelo policial funcional que responda al desafío que implica combatir a la delincuencia con toda la fuerza del Estado.

Al menos, para el caso concreto, es alentador que los mandatarios locales muestren voluntad y compromiso para enfrentar el problema de la inseguridad. Que esta voluntad la exprese un funcionario de una identidad política diferente a la del Presidente, es un hecho que merece reconocimiento y es deseable que sirva de ejemplo para que de una vez quede en claro que más allá de las diferencias y de los intereses políticos o de cualquier índole, hay asuntos de interés común donde el consenso y acuerdo son indispensables. El más apremiante es el combate a la inseguridad y la violencia. Vamos tarde, pero es un buen comienzo.

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