Paralaje

Remuneraciones

Servir en el gobierno o en cualquiera de los poderes públicos implica una vocación; sin embargo, no es apostolado; debe haber retribución y ésta debe ser justa y suficiente. La naturaleza e impacto de la responsabilidad es criterio, pero no puede ser la única consideración.

Para un buen servidor público no habrá remuneración suficiente que no sea la satisfacción íntima del deber cumplido. Esta premisa es fundamental para el servicio público, la judicatura e incluso para la política. Desde hace tiempo se ha socializado la premisa discutible de que los perfiles profesionales adecuados para ocupar un puesto público deben estar asociados a la remuneración económica. Es discutible porque altas responsabilidades públicas pueden ser considerablemente más importantes y delicadas que las de un negocio altamente rentable, aunque no necesariamente útil o de impacto social.

Servir en el gobierno o en cualquiera de los poderes públicos implica una vocación; sin embargo, no es apostolado; debe haber remuneración y ésta debe ser justa y suficiente. La naturaleza  e impacto de la responsabilidad es criterio, pero no puede ser la única consideración. Efectivamente es conveniente que los ingresos que reciban los servidores públicos por sus trabajos permitan una vida digna para ellos y los suyos, pero esto debe observarse en el marco de una remuneración justa, más que en argumentos poco serios como es el pagar salarios altos para así tener los perfiles profesionales adecuados o para inhibir la corrupción.

El profesionalismo y vocación del servicio público es semejante al del militar, maestro o médico. Su tarea no solo es importante, es crucial para el país. Por ello se requieren estímulos y la remuneración es uno de éstos, pero también existe el reconocimiento y, particularmente, como señalé, la satisfacción por hacer lo debido y hacerlo bien.

Salvo singulares excepciones, el profesionalismo en la política y el servicio público no necesariamente están asociados a los grados académicos, la experiencia o las especialidades, sino a la vocación y espíritu de servir a los demás. Precisamente por eso debe haber una remuneración justa, pero también debe venir acompañado de otros elementos con lo que se le asocia, como son las condiciones y ambiente de trabajo, el reconocimiento, la promoción, etcétera.

Los magistrados del Tribunal Electoral son víctimas de una controversia que en varios sentidos les resulta marginal. Fue un error, quien quiera haya sido el promotor, establecer en la ley una forma de jubilación privilegiada para los magistrados. Si esto devino del mismo cuerpo jurisdiccional es todavía mayor la pifia porque generaron una controversia que afectó a la institución y puso en entredicho a los beneficiarios, quienes están siendo percibidos como abusivos. La realidad es que el Tribunal Electoral es una de las mejores instituciones públicas, como lo acreditan los resultados, las buenas cuentas y el trabajo realizado ya por muchos años.

Son dos los problemas en el tema de las elevadas remuneraciones: el primero es de justicia. Lo justo desde la perspectiva del beneficiado será un tanto unilateral y desproporcionado, como es el señalamiento de uno de los magistrados de que ganarían mucho más dinero litigando, en comparación con el beneficio que la ley nueva les otorga. El impedimento de ejercer como abogado postulante no les impide trabajar en muchas otras actividades, además de que esta restricción solo tiene lugar durante los dos años siguientes de haber concluido el cargo y no de manera indefinida.

Pero también hay que observar que las elevadas remuneraciones de determinados servidores públicos son injustas si se compara el promedio de ingresos en el mismo servicio público o, incluso, en el sector privado. Por razones justas y de conveniencia, el Poder Judicial federal, a diferencia de los órganos de los estados y del DF, se ha visto beneficiado de manera significativa. El ingreso de un ministro de la Corte y de los integrantes de la Judicatura Federal, además de todos los beneficios prestaciones colaterales que no son menores, son uno de los ingresos más elevados del servicio público. Incluso se ha vuelto una suerte de referencia a grado tal que en la Constitución se determinó que los integrantes del órgano electoral nacional, los consejeros, deberán recibir una remuneración equivalente a la del ministro de la Corte.

La realidad es que la estructura de sueldos e ingresos del sector gubernamental federal reproduce las enormes disparidades y desigualdad que existen en la sociedad mexicana y que son indicativos de injusticia y atraso.

El otro problema tiene que ver con el elevado costo de actividades que debieran resolverse de una forma más eficaz y menos onerosa para el erario. Sin advertirlo y ya se ha naturalizado, México es el país que más gasta en órganos electorales. Si se compara con otras naciones (incluso las más ricas), el gasto electoral es insostenible; esto, necesariamente incluye al Tribunal Electoral.

En la génesis de las instituciones no siempre están las virtudes, también los problemas. El gasto electoral desproporcionado y el excesivo financiamiento a los órganos asociados tienen que ver, por una parte, con una transición pactada entre los políticos con poca consideración hacia el gasto público. Desde hace décadas se ha intentado resolver las insuficiencias y la desconfianza a golpes de presupuesto, así sea el financiamiento de partidos, el IFE, el padrón electoral, la credencial de elector y la justicia electoral.

La democracia mexicana, sin pretenderlo, engendró innumerables hijos codiciosos al amparo del presupuesto electoral. Los legisladores y los partidos aceptan que el gasto electoral es muy elevado y que en cada reforma pretenden disminuir esto. La realidad es que se continúa en una circunstancia de gasto colosal, acompañado de duplicidad de funciones, excesiva reglamentación y resultados electorales confiables pero disputados por los perdedores.

El problema del excesivo gasto y elevadas remuneraciones no se limita al sector electoral y judicial federal, casi todos los organismos autónomos que han proliferado en las últimas décadas acusan una circunstancia semejante. La multiplicidad de empresas paraestatales y organismos descentralizados del pasado han sido desplazados por múltiples organismos autónomos y especializados. Solo para abundar en el argumento sobre las elevadas remuneraciones, valdría la pena no solo la comparación con otras naciones para advertir la desproporción de esto, sino los ingresos y prestaciones que tiene la comunidad de científicos, artistas y creadores, muchos de ellos en condiciones muy precarias a pesar de su valiosa aportación al país y a sus comunidades.

Por ello, en el tema de las remuneraciones los servidores públicos no deben tomar como referencia los ingresos de los exitosos profesionistas independientes o empresarios, sino sus pares en los gobiernos locales y los de otros países, así como los académicos y muchos otros mexicanos de valor que se debaten por debajo de la justa medianía a la que nos invita el principio republicano juarista.

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