Paralaje

Reformas de Pascua

En materia de reformas sustantivas, lo de menos es la premura; lo que importa son su contenido y alcances. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y, con él, la pluralidad del Congreso se han comprometido a emprender un conjunto de cambios profundos en materia económica, política y electoral. Después de una pausa de casi 15 años, desde 1997, el país recobra su capacidad reformadora y lo hace en una circunstancia inédita: la ausencia de mayoría absoluta en el Congreso por parte de una fuerza política. Esto significa que los cambios son el resultado de consensos, de compromisos plurales; algunos avalados por las tres fuerzas políticas mayoritarias, otros por el PRI y otro de los partidos mayores.

Como en todos los actos y procesos de la vida, la prisa puede comprometer la calidad. En el Congreso son muchos los asuntos pendientes de atención y hay tiempos que deben cumplirse, algunos por razones constitucionales, esto es, porque al momento de modificar la Constitución se determinó el término para la aprobación de las reformas secundarias; otros, por razones políticas, como ocurre con la reforma electoral. En este caso ya se ha integrado el Consejo General del INE y el tiempo apremia por la proximidad de los comicios locales y federales y por la necesidad de revisar toda la normatividad, instituciones y estructura del órgano electoral, y de consolidar un cambio profundo. Finalmente, también hay tiempos que responden a consideraciones de responsabilidad política. No es explicable que se pueda avanzar en lo más, esto es, en la reforma constitucional que requiere mayoría calificada, y perder impulso en la reforma secundaria.

La decisión del gobierno en el sentido de buscar consenso desde el momento mismo de la redacción de las iniciativas es encomiable y tiene sentido práctico. Se pensó que sería más difícil alcanzar los acuerdos en el nivel constitucional por la necesidad de una aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes; sin embargo, en las ordinarias, que solo requieren mayoría simple, el consenso se ha vuelto más complejo y complicado. En ello también tiene que ver un factor que es natural en todo cambio: la resistencia de los sectores afectados. Por otra parte, PAN y PRD han ingresado a una nueva etapa en sus procesos internos para renovar sus dirigencias, lo que ha modificado las coordenadas que orientan la construcción de los acuerdos.

En el pasado inmediato, las iniciativas eran presentadas para dar lugar a que en el marco del proceso legislativo se dieran las negociaciones y los acuerdos. Una y otra vez, los resultados fueron lamentables y el patrón se hizo constante: un Ejecutivo recriminando la falta de colaboración de la oposición y un Congreso lastimado por la falta de sensibilidad del gobierno y del Presidente. Como consecuencia, hubo muchas leyes aprobadas pero poco relevantes y finalmente diluidas en el proceso de negociación. Se lograron avances, pero los de mayor calado perdieron impulso. Fue el mismo caso de muchas iniciativas que quedaron pendientes de dictamen en comisiones y, por lo mismo, nunca llegaron a votarse en el pleno de las cámaras.

El modelo de negociación explica la dificultad que enfrenta el Ejecutivo para presentar las iniciativas de las reformas secundarias. Una oposición intransigente o incapaz de cumplir acuerdos es una forma de sabotear el propósito reformador. Como lo señaló el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, es irresponsable la actitud de la oposición de posponer las reformas como ardid político. Las iniciativas deben procesarse en comisiones, presentarse al Pleno y discutirse con libertad para que la mayoría de los legisladores las apruebe o las rechace.

El gobierno ha dado muestra de voluntad para alcanzar acuerdos con la oposición y, de esta manera, avanzar en las reformas. Casi siempre, la oposición también ha dado prueba de responsabilidad y ha actuado para que las reformas cumplan su propósito. Por ello es previsible la disposición del PRI en las cámaras para armonizar posiciones y favorecer, de esta manera, que las iniciativas del Ejecutivo puedan ser libremente discutidas y, en su caso, modificadas, como lo ha señalado Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado.

Es preocupante que los senadores del PAN hayan dispuesto posponer la aprobación de las reformas político-electoral y de competencia económica. No es un mensaje positivo ni hay razón válida que justifique tal actitud. Peor aún es que lo acontecido se deba a las divisiones que existen al interior de la fracción. El incumplimiento de los acuerdos lastima la naturaleza de la negociación. Debe recordarse que en los momentos difíciles del proceso político vividos por el país durante el periodo 1988-94, no solo fue posible superar la incertidumbre y el encono, sino también dar lugar a cambios favorables; y así ocurrió precisamente por la actitud y liderazgo en Acción Nacional para cumplir sus compromisos. Faltar a la palabra empeñada no forma parte de la historia del PAN ni del acuerdo democrático, como tampoco es explicable la incapacidad de este partido para mostrar unidad en la fracción parlamentaria y así traducir los acuerdos alcanzados en votos legislativos.

Al parecer, la dinámica de la inmediatez está llevando a parte de la oposición a perder perspectiva del momento histórico que vive el país y a demeritar el talante ejemplar que habían acreditado. Los desacuerdos son propios de la democracia, pero no lo es el inmovilismo. Las ambiciones, los proyectos personales y la conformación de grupos también son parte de la democracia, mas no lo es la pulverización de la voluntad popular o la inclinación recurrente a sabotear los cambios. Queda claro que, sin reformas, es el país el que más pierde. La suerte de la oposición no es compatible con la desgracia del conjunto. Puede ser cálculo y apuesta de los marginales, nunca de las fuerzas democráticas institucionales.

Antes de que concluya el periodo ordinario habrán de estar resueltas las reformas pospuestas esta semana. Si el resto del periodo ordinario no alcanza para desahogar lo más relevante de la agenda de las reformas secundarias, será fundamental el acuerdo para que tenga lugar un inmediato periodo de sesiones extraordinarias del Congreso y el país pueda contar con la legislación ordinaria que dé sentido y curso a la voluntad nacional manifiesta en las reformas constitucionales.

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