Paralaje

Nuevo periodo, el ansiado desenlace de las reformas

Las leyes pendientes se cuentan por decenas en temas diversos, algunos de difícil consenso; sin embargo, el balance del año previo abona la idea de que diputados y senadores habrán de cumplir la responsabilidad pendiente.

En febrero habrá de iniciar un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Por los múltiples asuntos pendientes, la agenda legislativase antoja abrumadora y ya hay rezago ante los tiempos determinados en la Constitución. Por lo pronto, la normatividad secundaria en materia de Telecomunicaciones debió aprobarse en diciembre. Además, la muy diversa y compleja legislación electoral que supone la creación del Instituto Nacional Electoral y la regulación de las candidaturas independientes deberá estar resuelta pronto, toda vez que este mismo año inicia el proceso electoral federal, los comicios para gobernador en nueve estados y elecciones intermedias en cinco entidades más. El marco legal respecto a energía también es materia de urgente atención.

Las leyes pendientes se cuentan por decenas en temas diversos, algunos de difícil consenso; sin embargo, el balance del año previo abona la idea de que diputados y senadores habrán de cumplir la responsabilidad pendiente. En estos días, las fracciones parlamentarias realizan encuentros preparatorios. Hay signos encontrados: el PAN muestra unidad entre sus diputados, pero divisiones en los senadores; y la cohesión en el PRD es más frágil de lo que se muestra por el efecto de Morena y la fragmentación que plantean los partidos de izquierda.

La realidad es que, desde su inicio, la legislatura ha sido factor de avance no solo del trabajo parlamentario, sino de la propia política, y ello es mérito de las dirigencias partidistas y también de los coordinadores parlamentarios de las tres principales fuerzas políticas. El día a día y el debate cotidiano obstruyen la perspectiva y la definición de una idea clara de lo que para este país representan las reformas aprobadas. Lo alcanzado favorece y genera una poderosa inercia para continuar por la misma senda. Los partidos se orientan por sus dinámicas internas y los intereses del proyecto que abanderan, pero ello no impide que puedan sobreponerse dejando atrás las pugnas y el oportunismo.

Anteponer el interés del país sobre el particular ha sido el desafío mayor de la democracia mexicana; de ahí la necesidad de construir bases de confianza y corresponsabilidad. Los tiempos de reforma lo exigen, no solo para concretar los cambios, sino para que tanto su sentido como su contenido sean consecuentes con los objetivos generales de un crecimiento económico justo y sostenido, y de una democracia participativa para dar lugar a gobiernos eficaces y órganos de representación que respondan a las necesidades del país.

El gobierno y la oposición han dado pasos importantes y esto ha permitido reemprender el camino hacia las reformas; no queda lugar para la autocomplacencia. El gobierno enfrenta retos mayúsculos en muchos órdenes de la administración; y es que la gestión pública debe marchar al mismo paso de la transformación del país. El desafío en materia de inseguridad debe ser atendido con una perspectiva de largo plazo, dando atención especial a las causas primarias del delito, sin desatender las respuestas de emergencia y atención urgente como las aplicadas en Michoacán.

En este sentido, el Congreso, el Constituyente Permanente y el gobierno de la República deberán retomar el proyecto de concretar un nuevo modelo policial. Los logros y retrocesos, avances y dificultades en materia de inseguridad hacen patente la necesidad de construir soluciones en el ámbito local. La presencia federal es fundamental, pero también insuficiente. Las medidas de emergencia deben dar espacio a soluciones de fondo como ha ocurrido con singular éxito en Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey. Entre las fuerzas políticas debe quedar claro que cuando la delincuencia se impone, nadie gana; por ello es necesaria una actitud responsable de la pluralidad frente a los problemas que plantean la inseguridad y la violencia. Si bien la mayoría del país presenta un escenario satisfactorio en la materia, hay zonas de dificultad grave. Abatir la impunidad es premisa obligada para mantener la paz pública y revertir las dificultades presentes en algunas partes del territorio nacional.

La reforma energética es elemental para la transformación económica del país. No solo es vía para resolver los problemas que enfrenta la empresa pública de mayor importancia para la economía nacional, también ofrece la oportunidad para que esta generación de mexicanos y la subsecuente se vean beneficiadas con la reversión del deterioro que muestra la riqueza petrolera. Es evidente que el tema divide a la izquierda y despierta preocupación en diversos sectores de la población; por ello, el marco legal a definirse debe dar claridad y certeza para que la inversión sea realidad y, a la vez, consecuente con la rectoría del Estado y la salvaguarda del interés nacional. El peor escenario hubiera sido dejar las cosas como estaban. El cambio ha ocurrido y ahora corresponde conducirlo para que sea en beneficio de todos.

Por su parte, la reforma política electoral también ya es realidad gracias a la declaratoria formal en días pasados. También allí hay temas que dividen y que confrontan; y también allí habrá que actuar en forma consecuente con los cambios aprobados, sin pretender revertir o anular en la legislación secundaria lo que ya ha sido resuelto en la Constitución. Lo mismo es válido para la legislación en materia de telecomunicaciones. Es innegable que los mayores logros de la reforma institucional están representados por el IFE y el Tribunal Electoral; los cambios a procesar deben cuidar lo alcanzado y aportar un cambio consecuente con los objetivos de legalidad y certeza propios de las instituciones electorales.

Los comicios intermedios de 2015 están más próximos de lo que aparentan y en varios sentidos plantean un escenario inédito: casi dos terceras partes de los ciudadanos tendrán elecciones locales concurrentes con la federal, una nueva institución electoral habrá de organizar y administrar los procesos, las candidaturas independientes harán su arribo y los partidos políticos, especialmente los pequeños, enfrentarán el desafío de obtener 3% de los votos.

Diputados y senadores dispuestos a una nueva jornada legislativa. Lo fundamental ha sido logrado y no se requiere mucho para proseguir en un camino en el que los más ganan, y en gran medida.

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