Paralaje

Un México más seguro

La única manera de luchar contra el crimen y la violencia es mediante la ley. Como tal, es un acierto la idea de llevar a la legalidad la actuación de grupos civiles que se han armado con el explícito propósito de defenderse del asedio del crimen organizado.

Uno de los mayores retos del Estado mexicano ha sido revertir la situación de inseguridad. Desde anteriores administraciones se han tomado decisiones acertadas que ahora empiezan a dar resultados. Durante este gobierno se han redefinido aspectos importantes que han contribuido al objetivo de alcanzar una mayor seguridad para las personas y las familias. Es un largo trayecto con desafíos significativos. Proveer seguridad es un objetivo fundamental del Estado, ganar la batalla al crimen es responsabilidad básica del gobierno; sin embargo, un cambio para bien necesariamente debe acompañarse de mayor participación social.

La única manera de luchar contra el crimen y la violencia es mediante la ley. Como tal, es un acierto la idea de llevar a la legalidad la actuación de grupos civiles que se han armado con el explícito propósito de defenderse del asedio del crimen organizado. Para ello es fundamental que no exista simulación, que las policías o su equivalente actúen de conformidad al código legal y que el mando provenga de una autoridad democráticamente constituida, sea Presidente de la República, gobernador o presidente municipal. La experiencia muestra que medidas desesperadas con frecuencia resultan contraproducentes al objetivo que las inspira.

Consolidar un México más seguro debe ser prioridad de todos los órdenes de gobierno, de los poderes públicos y de la sociedad organizada. Seguridad y legalidad van de la mano, y ello impone límites, procedimientos y también responsabilidades. No existen coartadas ni atajos para ganar la seguridad; necesariamente debe transitarse por el camino de la legalidad. El debido proceso y la salvaguarda de los derechos humanos son imprescindibles. Más aún, debe considerarse que la seguridad es efecto de la vigencia plena de la legalidad.

Ganar la batalla al delito supone la interiorización del valor de la legalidad por parte de autoridades y sociedad. También es fundamental entender las causas de la  delincuencia. Hay una economía elemental que subyace al crimen: la impunidad conduce a una actividad de bajo riesgo y elevadas ganancias. También le da sustento una economía que no ofrece oportunidades suficientes, particularmente a los jóvenes. La reciente proliferación de actos delictivos en el Valle de México está indicando, quizá, el surgimiento de una nueva lógica y de un nuevo proceso de formación y crecimiento de bandas delictivas. La proporción de la economía informal también se contrapone a la legalidad y, además, expone seriamente a empresarios y trabajadores por las significativas cantidades de dinero fuera del sistema financiero formal.

De alguna forma las autoridades han tenido responsabilidad en la situación que ahora se padece. No solo ha sido resultado de omisión o falta de actuación; también ha estado presente la falta de control en el ámbito local y municipal de las policías, donde son más frágiles los criterios de integridad de los sistemas de seguridad y de las instancias de justicia. De hace tiempo sorprende e indigna que muchas de las bandas criminales están asistidas por policías o delincuentes que se formaron en las fuerzas de seguridad institucionales. También debe preocupar la negligencia acumulada respecto al sistema penitenciario, el que, más que readaptar, participa activamente de delitos y de la formación de delincuentes.

La conclusión inevitable es que para cambiar el estado de cosas se requieren policías confiables y penales que más que centros de capacitación para la delincuencia, constituyan verdaderos espacios de readaptación social para los reos. No es suficiente, pero sí imprescindible. Desde hace tiempo se hizo objetivo un nuevo modelo policial, con mayor claridad y contundencia durante la gestión del presidente Calderón. Para ello resulta elemental un cambio constitucional que acote las responsabilidades de los ayuntamientos en materia de seguridad y que unifique en el ámbito local el mando policiaco, de forma que los mandatarios estatales se hagan responsables de esta importante tarea y se facilite una mayor coordinación y dirección de las policías. Un cuerpo de seguridad nacional es imperioso, pero es más importante aún que las policías desplegadas de manera regular y permanente en el territorio sean confiables y eficaces; de ahí la necesidad de que el Constituyente Permanente de curso al nuevo modelo policial.

En este entorno es alentador advertir un renovado optimismo en la lucha contra el secuestro. Decisión inteligente ha sido incorporar a la sociedad civil y a sus voceros más representativos a la estrategia renovada contra uno de los delitos más perniciosos, crueles y desgarradores. La legitimidad y el consenso de origen son útiles, pero son los resultados los que cuentan. Se precisan recursos, programa, estrategia, responsabilidades y evaluación. Para iniciar, un buen diagnóstico, metas realistas y claridad sobre las causas que inciden en este delito. Por ejemplo, si bien es importante salvar víctimas, lo es mucho más lograr que este delito deje de ser un lucrativo negocio.

Las estadísticas son el punto de partida. La confiabilidad de los números es indispensable para conocer la magnitud del problema. Los datos que arrojan las averiguaciones previas son útiles aunque insuficientes porque, por su propia naturaleza, se trata de un delito que no siempre se denuncia. Tampoco es aceptable la ligereza en su apreciación, como ocurrió en la encuesta sobre la materia elaborada recientemente por el INEGI, ejercicio inexplicable por sus deficiencias en la entidad del Estado mexicano responsable de las cuentas nacionales, el reporte es cuestionable no solo por sus conclusiones, sino por su metodología y frivolidad.

La apuesta por la legalidad es uno de los retos mayores de la modernidad. No hay un mañana promisorio sin avance en este aspecto. Las autoridades deben ser las primeras en acreditarlo; también los políticos y las élites en general deben tener mayor sensibilidad al respecto y actuar en consecuencia. Hacer valer la ley es cuestión de ética pero también es un asunto de supervivencia colectiva. Un bajo aprecio de la cultura de la legalidad es hoy día una de las mayores debilidades del cuerpo nacional, y ello explica la urgencia de revertir tal circunstancia.

Un México más seguro es tarea y empeño que convoca a todos. Por lo pronto se advierten mayores expresiones de corresponsabilidad y de prudencia por autoridades y de actores políticos. El tema hoy no es reseñar lo que se dejó de hacer, sino identificar lo que todos y cada uno debemos hacer. Cada quien a su propia trinchera con la misión común de llevar al país a la tranquilidad por el camino de la ley.

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