Paralaje

México, entre la protesta y la provocación

Desde cualquier ángulo son muy lamentables las expresiones violentas que acompañaron a la manifestación conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Lo único que alivia es que las cosas no hayan pasado a mayores. Los provocadores, una vez más, hicieron presencia, atentaron y dañaron lo que es el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse. Estos hechos se han agravado y los organizadores de las marchas incurren en negligencia al no descalificar a quienes les están utilizando con objetivos, medios y propósitos ajenos a lo que aparentemente motiva el evento. Por lo pronto es cuestión de dignidad dar la cara, particularmente si los embozados son, como dicen los organizadores, de la acera de enfrente, del bando enemigo.

Así podemos afirmar que en efecto son del bando enemigo, enemigos de la protesta civilizada y pacífica. No son un invento de quienes se manifiestan, pero tampoco del gobierno o de la policía. Son grupúsculos radicales que se alimentan precisamente de la complacencia de opositores y de las mismas autoridades. Sus condiciones de actuación son el anonimato; sus efectos son el desprestigio de la protesta social; su oficio es la provocación con intereses particulares, muy lejanos estos del interés de país. Es claro, están organizados y adoctrinados.

La inconformidad es una de las expresiones normales de una sociedad libre y abierta. Ésta se manifiesta de distintas maneras. Es natural en un país tan diverso, desigual, con muchas visiones y perspectivas, que la diferencia sea una expresión recurrente y necesaria. Si de preocupación se trata, ésta debe estar más en la pretensión por las unanimidades, que frente a la diversidad de puntos de vista; más en el silencio, que en el ruido. La esencia de la democracia es la coexistencia de las diferencias, así como que las relaciones antagónicas tengan cauce institucional que permitan convivir unos y otros. Pero no basta, también se requiere una expresión mayoritaria, de la que tiene responsabilidad el gobierno y que se sustenta en el voto democrático. Puntualizo, la democracia debe aportar, ante todo, gobernabilidad.

Diferir no es problema y es parte de lo cotidiano; las expresiones públicas de disenso se dan en el ejercicio de las libertades constitucionales: la de prensa, la de expresión o manifestación, la de asociación, en el debate en el Congreso o en ocasión de las elecciones. En democracia, cada quien puede optar por modo y forma. La calle o la urna, la pluma o el megáfono, la marcha o el voto.

Los mexicanos hemos llegado de manera accidentada a la democracia liberal. Interiorizamos muchas contradicciones y suscribimos de manera parcial los valores y las actitudes de la democracia. Esto ocurre con los actores fundamentales de la política, pero también está en los ciudadanos. Los datos nos dicen que la participación política es insatisfactoria, como se revela en los índices de abstencionismo en elecciones; también hay poca cultura de la asociación y precaria confianza entre unos y otros; en no pocas ocasiones una minoría vociferante anula a la mayoría silenciosa. Uno de los temas que más afecta la funcionalidad del sistema democrático es, por una parte, la ambigüedad respecto al cumplimiento de la ley y, por la otra, la imperfección del sistema de representación política.

Efectivamente, los partidos no han podido dar cabal expresión a la pluralidad social ni al anhelo ciudadano o colectivo de participar o influir en la política y en los asuntos públicos. Son cada vez más los mexicanos que se sienten distantes de las organizaciones políticas. Los legisladores difícilmente son reconocidos como representantes de los ciudadanos. Esto afecta la legitimidad de las decisiones mayoritarias en el Congreso y el ascendiente social que debe tener la ley. Lamentablemente, la clase política minimiza, no advierte o no dimensiona el deterioro del sistema de representación. Las candidaturas independientes o la democracia directa no resuelven la crisis de fondo y más bien pueden generar mayor desgaste, ya que la democracia requiere de partidos fuertes y representativos. Ahora que se discute una reforma electoral se advierte que, nuevamente, se pretende un cambio a la medida de los políticos, de sus intereses, de sus perspectivas y de sus ritmos y tiempos, acciones que los alejan cada vez más de lo que debería ser su razón de ser, las personas que los eligieron. Como se señaló aquí hace algunas semanas, los ciudadanos simplemente no están en el centro de la atención de los reformadores.

Las manifestaciones de descontento se acompañan de la crisis del sistema de representación. Pero debe reconocerse el avance que ha tenido el país a partir de la reforma de 1977 impulsada por don Jesús Reyes Heroles. Hoy, para bien, México es considerablemente distinto. La democracia adolece de insuficiencias, pero es una realidad; desafortunadamente las libertades políticas se ven comprometidas por la desigualdad social y la ausencia de una cultura de debate y participación. Es bueno estar insatisfecho con lo que existe para así mejorar, pero esto no debe significar el ignorar lo que se ha alcanzado y la necesidad de preservarlo.

Para los provocadores profesionales nada de esto es relevante. Asumen que provocar la represión de las autoridades es el mejor camino para lograr los objetivos que se proponen. Su búsqueda de la imposición disfrazada de propuesta es esencialmente destructiva de todo y todos. Como tal, es sumamente irresponsable que quienes organizan actos de protesta social sean complacientes y asuman lo que ocurre con la violencia como parte del paisaje de la oposición.

También es un peligro que la sociedad los consienta como un mal inevitable. Quizás estos grupos siempre existirán, pero de un frente y del otro debe hacerse todo para acotarles, para disminuirles. La agresión a las fuerzas del orden no puede aceptarse; la complacencia frente a ello no es complicidad, pero sí significa abrir la puerta a la violencia y al desorden social, atentar contra el estado de derecho.

El llamado a la legalidad frente a estos grupos y la aplicación de la ley frente acciones delictivas no debe asociarse a intolerancia, justo lo contrario, dejarles actuar significa que los intolerantes se apropien del espacio público y que la sociedad confunda al opositor o al disidente con el enemigo del orden o el agente antisocial. La Ciudad de México es un espacio singular por sus libertades políticas y tolerancia; sin embargo, debe haber alerta frente al radicalismo delictivo y violento. Lo menos que queda por hacer es el rechazo y el repudio público a lo acontecido. Mucho valdría que esta actitud estuviera también presente en quienes avalan u organizan la protesta social.

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