Paralaje

México hoy, más allá de “lo políticamente correcto”

No exento de dificultades, el país parece avanzar por la ruta correcta. Los cambios trascienden, por mucho, la estricta perspectiva de inversionistas o calificadoras internacionales de desempeño financiero.

La perspectiva sobre México es la más positiva en mucho tiempo. El consenso favorable se deriva del conjunto de reformas aprobadas recientemente, las cuales han sido interpretadas como la apertura de nuevas oportunidades de inversión y la expresión de un régimen de gobierno que es consecuente con las exigencias de una economía globalizada y con el significativo potencial de la nación. Una circunstancia que se manifiesta en el mismo momento en el que muchas naciones pasan por serias dificultades tanto económicas como políticas.

No exento de dificultades, el país parece avanzar por la ruta correcta. Los cambios trascienden, por mucho, la estricta perspectiva de inversionistas o calificadoras internacionales de desempeño financiero. El tema de la economía es importante, sí, pero no suficiente. También son fundamentales: la rendición de cuentas, el fortalecimiento del Estado ante los factores de poder, una política que, en su conjunto y pluralidad, muestra responsabilidad y un gobierno con capacidad de negociación y compromiso dispuesto a lograr cambios importantes para todos, no únicamente para los agentes económicos o los detentadores del poder.

Las reformas son múltiples y, además, positivas. Sin embargo, lo aprobado requiere  cambios subsecuentes en el ámbito legislativo. Es esencial que las normas reglamentarias y secundarias profundicen el sentido de las reformas constitucionales. Para ello, es necesario que la oposición mantenga una postura responsable y madura como la que testimonió el año pasado.

Es comprensible la polémica y la competencia al interior de los partidos, pero esto no debe desviarlos del camino emprendido. La responsabilidad de la oposición está llamada a actuar en forma consecuente con el interés nacional, pero ello no implica que deba comprometer sus posturas ni su tarea de escrutinio crítico hacia el gobierno. Tampoco significa que tenga que ver afectada su misión política o electoral. Como puede advertirse en los estudios de intención de voto, las reformas no han alterado el esquema preexistente; incluso, el PRI reporta una ligera disminución en las zonas fronterizas y en el centro del país.

Algunas reformas, como la educativa, demandan que los estados y municipios actúen por la vía legislativa y administrativa. La fallida resistencia a la reforma ocurre en los estados en los que mayor debilidad política muestran sus autoridades, entidades en las que, por cierto, mayor es la necesidad del cambio. La coordinación de la Federación con esas regiones es crucial frente a las dificultades diversas que enfrentan. Los objetivos de la reforma no se agotan con la complicada aprobación en el Congreso, sino en los hechos, en los resultados.

Capítulo aparte merece la lucha por la legalidad y la seguridad. Por sus expresiones más visibles, éste no es un fenómeno reciente, el problema se ha incubado desde hace mucho tiempo. En parte es efecto de una frágil cultura ciudadana y de apego a la ley por parte de todos, especialmente de las élites. También contribuye una economía que por un largo periodo no ha ofrecido oportunidades suficientes ni de calidad para sus jóvenes, al igual que la crisis de valores que, de la misma manera, afecta a la familia, a la escuela y a las iglesias. La impunidad convierte al crimen en actividad de bajo costo y elevados beneficios. Por ello es fundamental fortalecer policías y régimen de justicia. Abatir la delincuencia organizada exige tiempo, persistencia, disciplina y participación social. Lo crucial es no declinar el propósito y dar todas y cada una de las batallas, así sea la que se libra en Michoacán o la que se emprende contra el secuestro. Ante el escepticismo de algunos, son muchos los estados que este año han podido ganar terreno en materia de seguridad.

El gobierno federal, la administración central, sus entidades y dependencias también son sujetos importantes en el proceso de transformación. La modernización del gobierno es una de las tareas pendientes; se ha avanzado, pero todavía es mucho lo que queda por emprender. Por lo pronto debe reconocerse el rezago; en todas las instancias gubernamentales es indispensable un proceso de transformación soportado por los avances tecnológicos y los modernos instrumentos de comunicación. El objetivo de toda tarea de gobierno es la persona, de allí la necesidad de asumir una actitud y de aplicar  valores de servicio público dirigidos a tal propósito.

La tendencia de crear órganos autónomos, incluyendo la reciente aprobación de la reforma constitucional que convierte a la PGR en fiscalía nacional independiente del Ejecutivo, requiere códigos de responsabilidad mayores. Sus tareas son de Estado y, por lo mismo, requieren un desempeño cuidadoso y perspectiva de su misión. Hay experiencias positivas, como la del Banco de México y la del Inegi; otras que tuvieron buen inicio pero han enfrentado dificultades como las del IFAI y del IFE. Especial atención merece la Comisión Reguladora de Energía, que requiere de una transformación a fondo frente a la nueva realidad que generó la reforma. La tendencia ahora es la creación de órganos autónomos con responsabilidades de regulación como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y el futuro Instituto Nacional Electoral. Cabe destacar que la importancia de estas entidades no se mide en el presupuesto, ni por las remuneraciones de sus directivos, sino a través del empeño invertido en el cumplimiento de sus responsabilidades y en la conducción estrictamente apegada a las mejores prácticas y valores del servicio público.

El contraste entre la frágil confianza de las personas y la opinión calificada sobre la situación del país es parte de una transición que se encuentra en sus etapas iniciales. El liderazgo presidencial no se acredita con el consenso, menos aún con el sometimiento al veleidoso dictado de “lo políticamente correcto”. La misión superior de todos los presidentes es llevar al país a un mejor futuro a partir de las transformaciones estructurales. Las opiniones y los votos son asunto aparte.

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