Paralaje

Legisladores, entre la gestión y la corrupción

Hay una crisis en el Congreso; es profunda y preocupante. Su origen está en el sistema de partidos y éstos también acusan el deterioro no obstante el avance democrático y la competencia por el poder. Los partidos continúan cerrados frente a los ciudadanos.

La división de poderes y la sujeción del gobierno a un órgano colegiado representativo constituyen la génesis de la democracia. La combinación de crisis recurrente y profunda, presidencialismo, intervencionismo y guerra civil evitó que en México una oligarquía con representación parlamentaria cobrara carta de naturalización. El país no padece, como ocurre en otras partes, la presencia del sector militar, de los terratenientes o de la Iglesia en el control del Congreso. Justo lo contrario, una de las páginas más luminosas de la política nacional, hasta hoy día, es la República Restaurada. El liberalismo ha sido fundamental para el parlamentarismo mexicano y de ello dan cuenta dos constituciones.

Aun en la etapa del presidencialismo exacerbado, el Congreso ha sido factor importante en la vida democrática de la nación; un espacio para el debate libre y la propuesta, y también para la denuncia y la contención al poder gubernamental o económico. La alternancia y el poder dividido han dado mayor relieve al Congreso; sin embargo, en algunas etapas el régimen también ha perdido impulso para procesar reformas legales trascendentes, particularmente durante el periodo comprendido entre 1997 y 2012. Resulta relevante que el Poder Legislativo no haya cobrado ascendiente en los ciudadanos y que, como efecto, la sociedad se mantenga muy distante de los partidos y de los representantes parlamentarios. Esta circunstancia no se ha modificado a pesar de que la presente legislatura ha dado un giro radical desde el primer periodo de sesiones ordinarias al dar curso a importantes reformas.

Hay una crisis en el Congreso; es profunda y preocupante. Su origen está en el sistema de partidos y éstos también acusan el deterioro no obstante el avance democrático y la competencia por el poder. Los partidos continúan cerrados frente a los ciudadanos; el impulso democratizador de finales del siglo pasado perdió fuerza y ahora, prácticamente en todas las organizaciones, se ha instalado un desinterés en torno a la democracia interna. Una democracia sólida requiere partidos fuertes y representativos, y su expresión natural está en el poder legislativo.

A mayor poder, mayor responsabilidad, pero esa premisa no ha estado en el centro de la atención o en el espectro de decisiones del Congreso. Las exigencias de transparencia y austeridad en el gasto público, que se hacen a los gobiernos federal y locales, no están presentes en la propia casa. Nunca antes los legisladores habían sido tan poderosos. Aunque, en teoría, el representante cumple con su tarea legislativa en su condición de representante de la nación, es decir, de la totalidad y no de un grupo o territorio determinado, la capacidad de gestión es uno de los recursos más evidentes para ganar presencia política ante sus representados. Cuando se trata de promoción política, vale más un legislador activo en su distrito o entidad, que en el trabajo legislativo.

Revelaciones recientes han puesto al descubierto los problemas que enfrentan desde hace tiempo los legisladores. Algunos ex alcaldes, no todos con las mejores credenciales, han denunciado el abuso del que fueron objeto en la asignación de recursos. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Alberto Villarreal, ha sido señalado por sus propios correligionarios como parte de una maquinación para obtener beneficios económicos de la gestión parlamentaria a través de empresas a su control. La Secretaría de Hacienda ha señalado que los recursos que remite a los municipios no tienen, en su ejercicio, más condición que la que establece la ley. La dirigencia nacional del PAN y alcaldes del PAN han salido en defensa del coordinador parlamentario. Sin prejuzgar sobre los señalamientos, el debate actual pone al descubierto la amenaza que hay sobre el Congreso cuando sus miembros no hacen uso debido de su responsabilidad. Es natural y explicable que los diputados y senadores busquen beneficios para sus representados, el problema se presenta cuando el poder y la capacidad de gestión para incrementar recursos a los municipios o a los estados deriva en tráfico de influencia y en corrupción.

Otro de los asuntos en discusión es la entrevista que tuvieron senadores con personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado, tema que se suma al deterioro en el estado de Michoacán. Si bien los legisladores no pueden cerrar la puerta del Congreso, en este caso particular, es responsabilidad de las autoridades, no de los legisladores, impedir que personas bajo sospecha puedan actuar libremente y suplantar investiduras de representación social cuando en realidad son personeros de grupos delictivos.

El presidente del Senado, Raúl Cervantes, reconocido jurista y político, ha actuado con sensatez frente a un problema que daña gravemente la imagen de la Cámara y de sus miembros. Queda claro que el Congreso debe continuar en su condición de casa abierta a la sociedad que representa; en todo caso, corresponde a las autoridades competentes actuar y a los legisladores cumplir con su responsabilidad, como todo ciudadano, de denunciar hechos o casos que presuman actos criminales.

Los hechos demuestran que el Congreso debe actuar con mayor rapidez y contundencia en su propia reforma. Regular la audiencia y el cabildeo, así como la rendición de cuentas que consideren situación patrimonial y actividades remuneradas diferentes a la de su trabajo parlamentario. También es necesaria mayor difusión y seguimiento profesional del trabajo individual que realiza cada legislador, así como del sentido de su voto y de sus intervenciones en el pleno o en comisiones. El anonimato que padecen la mayoría de los legisladores poco contribuye a acreditarlos ante sus representados y poco aportan a la vida democrática.

Es probable que en la reforma política en proceso, la reelección consecutiva sea aprobada, aunque sus beneficios alcanzarían a quienes resulten electos en el próximo periodo. Nuevamente, a mayor poder, mayor responsabilidad; y por lo mismo, desde ahora, en el mismo proceso de reforma debe introducirse un régimen adicional de obligaciones y de responsabilidades de los legisladores que evite que la gestión derive en corrupción y que impida que la investidura que ostenta del legislador se vuelva medio para defender o promover intereses económicos o políticos que puedan incidir en su permanencia en el poder, tal como ha ocurrido en el sistema político norteamericano, donde la reelección ha comprometido seriamente contiendas justas y equitativas.

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