Paralaje

Lecciones de Sonora

La ley se aplicará. En todo caso el tema central es si hoy se tiene un marco legal suficiente para la actuación de las autoridades. No solo es la sanción, sino lo que deben hacer los responsables para indemnizar a los afectados y, especialmente, revertir en todo lo posible el daño ocasionado.

“Aplicaremos a cabalidad la ley para asegurar el resarcimiento de los daños ambientales que se ocasionaron allá en Sonora y el que se paguen las afectaciones que hubo a las familias”.

Enrique Peña Nieto

 

El desastre ambiental en Sonora, derivado del derrame de sustancias tóxicas a los ríos Bacanuchi y Sonora desde una empresa de Grupo México, se ha convertido en un caso emblemático sobre la responsabilidad de las grandes compañías frente al medio ambiente y ante el marco legal aplicable de cara a un eventual daño ecológico. En un contexto de reformas y próxima presencia de grandes empresas inversionistas del sector energético, el caso adquiere particular relieve. La experiencia muestra que las actividades mineras implican riesgos ambientales; por lo que evitar siniestros constituye una responsabilidad social suprema y, en caso de ocurrir, actuar con claridad para revertirlos con prontitud y suficiencia.

Aunque ha sido el caso, no hay mucha razón para hacer del supuesto un tema para medir la determinación del gobierno frente a grandes empresas. Y no la hay porque hay suficiente evidencia de que, precisamente, uno de los rasgos propios de la gestión gubernamental actual ha sido hacer valer el interés general sobre el particular.

La ley se aplicará. En todo caso el tema central es si hoy se tiene un marco legal suficiente para la actuación de las autoridades. No solo es la sanción, sino lo que deben hacer los responsables para indemnizar a los afectados y, especialmente, revertir en todo lo posible el daño ocasionado. Estimo que sí hay elementos legales para ello, más allá de la insuficiencia de las sanciones y de las observaciones que haga la Cámara de Diputados.

La agenda ambiental es global. Los gobiernos no pueden mantener posturas de complacencia o de indiferencia frente a la responsabilidad que les corresponde. De la misma forma, todas las empresas, pero en especial las internacionales, tienen una reputación y un prestigio por cuidar. Para bien de todos, el nuevo milenio abrió un espacio privilegiado a la protección del medio ambiente y dio la bienvenida a un nuevo régimen de responsabilidades para gobiernos, empresas y ciudadanos. La opinión pública internacional es sensible a este respecto y no queda lugar para actuar con tibieza.

Lo acontecido provoca indignación, y ésta se acentúa cuando las responsabilidades pretenden ser minimizadas o eludidas. Para eso están las autoridades, para evaluar daños, para precisar causas y, eventualmente, para determinar las consecuencias legales y las acciones necesarias para recuperar la normalidad o revertir el perjuicio ambiental. Grupo México es una de las grandes empresas mexicanas con mayor éxito y perspectiva global, tiene la capacidad para actuar de manera responsable y consecuente, más allá de los evidentes errores cometidos en este caso al descuidar su operación y en el manejo de la crisis. Queda claro que lo más importante es resarcir y revertir daños; ya están en ello. También es incuestionable que la lección para la empresa es revisar procedimientos y normas para evitar la recurrencia de este tipo de incidentes, así como promover una comunicación más profesional y de respeto a la inteligencia de la sociedad, especialmente en temas de impacto ambiental.

Las autoridades federales han actuado con claridad y la empresa convino en integrar un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para reparar los daños ambientales y materiales ocasionados por el derrame. El secretario Juan José Guerra Abud indicó que la aplicación de los recursos será supervisada por un comité técnico, presidido por el gobierno federal e integrado por expertos ambientales, que quedará conformado en los próximos días.

La postura que asumió el gobernador Guillermo Padrés al demandar públicamente la remoción de delegados federales, en momentos en que las autoridades federales y la empresa trabajaban para encontrar una fórmula de solución y entendimiento, es inaceptable y abre un expediente de confrontación y desencuentro. No corresponde a un mandatario estatal, del partido y filiación que sea, designar a los representantes del gobierno federal en la entidad, mucho menos a los que están atendiendo el problema. Si el caso tiene que ver con insatisfacción por el desempeño, existen las vías institucionales para desahogarlo; la ley o el diálogo son los medios, no así los desplantes públicos que pretenden minar la autoridad de funcionarios clave en una coyuntura extremadamente delicada.

La conducta del gobernador es inexplicable pues su prioridad debería ser la atención a los afectados y la recuperación de las zonas dañadas. Quizás lo haya visto como una oportunidad de modificar las coordenadas políticas que hoy plantean escenarios adversos para él, como gobernante, por la baja calificación y nivel de acuerdo de la sociedad sonorense con su forma de gobernar y, por una intención de voto que, hoy por hoy, resulta complicada para su partido. Provocar el sentimiento regionalista contra el gobierno federal es un recurso que, además de torpe, resulta viejo y gastado; fue un expediente funcional en otras épocas y circunstancias ya superadas.

Los temas polémicos siguen fluyendo. Por una parte está la investigación en curso por la construcción, supuestamente sin autorizaciones ni permisos, de la presa propiedad de la familia del gobernador, un asunto que plantea, sí, un problema legal, pero también otros de carácter político o social. La escasez de agua en la zona vuelve muy sensible a la población ante la apropiación de agua para uso privado por parte de sus gobernantes. También está el caso de la aprehensión reciente del líder opositor al Acueducto Independencia, Mario Luna Romero, que ha sido interpretada por un sector de la sociedad como un acto de criminalización contra quienes se resisten a dicha obra.

El propósito fundamental de la política es superar el conflicto y dar respuesta constructiva a los problemas. Las autoridades tienen la obligación de hacer valer la ley y de ajustar a ella su conducta. Es deseable que las lecciones que en estos momentos deja Sonora constituyan un aporte didáctico de gobierno y de responsabilidad social empresarial, además de rescatar el genuino sentido de la política. Por lo pronto, al gobernador le corresponde trabajar para recuperar “las condiciones que permitan un diálogo constructivo y respetuoso”.

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