Paralaje

Investigar candidatos

La candidatura es responsabilidad del ungido y también de quien lo avala, mientras que la idoneidad jurídica y política de los contendientes es tarea de partidos y órganos electorales, no de las instituciones del Estado.

Uno de los temas que más atraen la atención pública es la validación de candidatos para identificar vínculos con el crimen organizado. Las iniciativas más explícitas son la de Morena y la del PRD. Es explicable que lo sean por lo acontecido en Michoacán y en Guerrero, particularmente por los hechos dramáticos de septiembre pasado en Iguala, donde se ha documentado tanto la presunta responsabilidad del alcalde perredista en la desaparición de los estudiantes normalistas como por su antigua relación con un grupo criminal en la región.

Las instituciones del Estado mexicano que participan en la lucha contra la delincuencia organizada tienen responsabilidades muy delicadas. La legalidad y las selectas labores de inteligencia son cruciales para la salvaguarda de la democracia y de las libertades. La ley define procedimientos de investigación, así como los límites de actuación de las autoridades. Pretender que el Estado revise a todos y a cada uno de los candidatos, además de ser tarea imposible, va a contrapelo de los fundamentos del sistema de legalidad y protección de derechos. Cierto es que todo candidato debe sujetarse a un régimen especial por la investidura que pretende, pero también es verdad que es titular de derechos.

La candidatura es responsabilidad del ungido y también de quien lo avala, mientras que la idoneidad jurídica y política de los contendientes es tarea de partidos y órganos electorales, no de las instituciones del Estado. Llama la atención que sean precisamente partidos recelosos de las autoridades federales y de las áreas vinculadas con la seguridad pública los que abren la puerta a una práctica que no solo contradice su visión política del poder, sino que, en el obvio afán de exculparse por anticipado, auspician métodos similares a los de un régimen totalitario. 

La debilidad de los partidos y la amenaza real del crimen organizado no deben llevar al deterioro del régimen de legalidad y de libertades. La validación de candidaturas es responsabilidad de los partidos. El INE no puede ir más allá de garantizar el cumplimiento de los requisitos y los procedimientos que la ley determina, así como de hacer valer la estricta fiscalización del origen de los recursos que reciben los candidatos y los partidos; una tarea que si bien es importante, resulta insuficiente toda vez que descansa en la disposición y en la buena voluntad de las dirigencias de los partidos. Ciertamente la unidad de inteligencia financiera del gobierno federal mucho puede aportar, aunque solo en lo que respecta a transacciones financieras formales y a través del sector bancario.

La parte más vulnerable del régimen institucional se halla en el ámbito municipal y, por fortuna, solo en determinadas regiones del país. Los partidos deben entender que allí es más importante salvaguardar la integridad de las instituciones que ganar la elección a cualquier costo. En tiempo de campaña, la tarea fundamental es observar y supervisar los recursos de campaña y, posteriormente, reconocer el resultado para dar legitimidad a la autoridad democráticamente electa. Concluido el proceso electoral y calificado el resultado, es preciso suscribir un compromiso compartido entre el ganador y sus competidores para trabajar sobre el piso común de la legalidad. Una vez que las elecciones concluyen y la competencia llega a término, lo que procede es que gobierno y oposición cumplan sus funciones en un marco de lealtad institucional democrática. En ningún lugar es esto más apremiante que en las zonas donde las autoridades municipales o estatales padecen la amenaza del crimen organizado.

Como en muchos otros menesteres, la impunidad se vuelve incentivo perverso. La ventaja que con frecuencia obtiene quien viola la norma sobre aquel que la observa debe ser revertida en forma urgente. Para ello, los partidos, más que las autoridades, deben hacerse responsables de que los candidatos mantengan distancia de los grupos criminales. Aplicar sanciones ejemplares y bien fundamentadas es la mejor estrategia para disuadir y frenar la práctica de desentenderse de la ley y para promover un sentido básico de ética y de responsabilidad. Las reglas del juego han concedido privilegios y derechos significativos a los partidos, así que es de lógica elemental y reciprocidad que los partidos cumplan con su tarea.

El crimen organizado no solo opera en periodos electorales. Su poder de fuego y de intimidación está presente en todo momento, lo mismo que la disposición de sus cuantiosos recursos económicos para corromper autoridades. He ahí la labor preventiva que sí deben cumplir las instituciones del Estado. Muchos problemas se habrían evitado si no se hubiera debilitado al Cisen durante el gobierno del presidente Fox. La modernización del sistema de seguridad nacional, creado a finales de siglo pasado, también perdió impulso en aquel periodo. La realidad es que el Estado democrático requiere instrumentos de protección, entre ellos servicios de inteligencia que deben ser inmunes al desgaste derivado de la política partidista y de la pasión electoral.

Los partidos políticos se muestran vulnerables frente a la amenaza del crimen. No es solamente un problema de desprestigio, sino que representa un riesgo real y efectivo para las instituciones. No cabe actuar a la ligera, de ahí que no sea razonable que los partidos extiendan su padrón de candidatos buscando el aval de las instancias oficiales. Tal expediente no exculpa a dirigentes, tampoco resuelve el problema, pero sí establece precedentes contrarios al régimen democrático y al sistema de legalidad. Es una trampa que se están imponiendo los partidos que lo promueven.

El crimen debe ser combatido desde todos los frentes, y los partidos deben asumir una actitud responsable en el tema. Los riesgos son reales. Si bien quienes delinquen son las personas, no las instituciones, es responsabilidad de los partidos evitar que sus mismas dirigencias se vean sometidas por el poder corruptor asociado al crimen. Mantener distancia al poder del dinero es insuficiente; también es menester participar de manera activa en la supervisión de candidatos y, en casos de duda legítima, actuar con compromiso y recurrir a las autoridades competentes, no con ánimo de exculparse, sino de salvaguardar la integridad de las instituciones representativas.

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