Paralaje

Intereses de Estado y de gobierno en el Pacto

La primera fase del acuerdo fue incluyente como lo muestran las reformas educativa, de telecomunicaciones, de transparencia, político-electoral y financiera. En un segundo momento se dio la concurrencia de una parte de la oposición: del PRD en materia fiscal y del PAN en la reforma energética.

“Antes que partido primero tengo patria”. Miguel Negrete Novoa (1824-1897)

En el régimen presidencial, la representación del Estado y la conducción de gobierno convergen en una misma figura, a diferencia del sistema parlamentario donde dichas funciones están separadas. El primer ministro queda a cargo del gobierno, mientras el presidente, o su equivalente, ejerce las funciones de Estado. Éste último alude a la totalidad institucional: los poderes públicos, los órganos autónomos y los órdenes de gobierno local y municipal; incluso, hay quien incorpora a esta esfera a los partidos políticos. El gobierno, en cambio, se centra fundamentalmente en la administración; es decir, en las responsabilidades que atañen a su ejercicio.

Se puede decir que el jefe de gobierno (primer ministro o presidente), también representa a una coalición gobernante, es decir, a una parte de la diversidad política. Esto tiene su origen en el momento electoral y, consecuentemente, en el mandato mayoritario que resulta del voto. Como tal, el Estado actúa en nombre de todos; y un gobierno, si bien también apunta al beneficio común, al interés general, lo hace solo en nombre de una parte, y de conformidad con un proyecto político que emana de la identidad de la coalición gobernante y del voto mayoritario.

Es inevitable que esto genere tensiones; sin embargo, éstas se matizan o resuelven si hay claridad de objetivos a partir de las necesidades y las circunstancias. Ante el momento y el contexto del país, el presidente Peña Nieto partió de la  necesidad de consolidar reformas fundamentales para la nación. Este objetivo demandaba el acuerdo hacia una mayoría legislativa y, para ello había dos opciones: la negociación con una parte de la oposición o su integración en un acuerdo incluyente. Aunque la primera postura era la que había prevalecido en casi todos los acuerdos anteriores, el presidente Peña optó por la segunda alternativa y para ello se convocó a las dos fuerzas opositoras más representativas tendiendo como punto de encuentro al Pacto por México. El acuerdo necesariamente incluía propuestas de todas las partes y así se definió una agenda amplia de compromisos de reforma.

La primera fase del Pacto fue incluyente como lo muestran las reformas educativa, de telecomunicaciones, de transparencia, político-electoral y financiera. En un segundo momento se dio la concurrencia de una parte de la oposición: del PRD en materia fiscal y del PAN en la reforma energética. Es evidente que en todas las reformas, independientemente de las fuerzas que las hayan suscrito o de los votos que las hayan aprobado, el objetivo ha sido fundamentalmente de Estado, es decir, la respuesta a necesidades generales y de largo alcance para el país. La convergencia no ha sido fácil, pero sí eficaz. Y pese a que también ha dejado un saldo de desgaste para todas las fuerzas y para el gobierno mismo, como lo advierten los estudios de opinión, lo trascendente es que el país ahora cuenta con bases constitucionales para un mejor porvenir.

El camino de las reformas debe proseguir; de hecho, los cambios mismos exigen continuidad y lo importante ahora es concretar cambios legales consecuentes con los constitucionales. Hay mucho por hacer y un trabajo muy intenso en el corto plazo. La responsabilidad política no tiene calendario y es una buena circunstancia que en 2014, solo Nayarit y Coahuila tengan comicios. Aquí y en todo el mundo, las fuerzas políticas están sujetas a una fuerte presión para lograr objetivos electorales; está en su esencia, pero esto, aunque no debiera, complica y dificulta el acuerdo para las reformas.

El Congreso tendrá una actividad muy intensa y el trabajo en comisiones dictaminadoras deberá empezar a la brevedad. El abanico de lo importante y trascendente es muy vasto, incluso ya hay mora en algunos de los cambios aprobados en los primeros meses de la legislatura como es la materia de telecomunicaciones. Existen otros que polarizan opiniones como el sector energético o a los alcances del régimen de consulta popular; aunque sin duda, los que producen mayor inquietud e inducen presiones son los ordenamientos en materia político-electoral.

Efectivamente, la reforma constitucional en la materia no fue la más afortunada, debido a la presión e intransigencia del PAN. La creación del INE es un paso de significativo riesgo. La norma constitucional no es precisa y plantea una indeseable discrecionalidad en una materia que exige certeza y seguridad jurídicas. Por otra parte, el régimen electoral mexicano se ha centrado, desde su origen, en convertir a los partidos en los sujetos centrales del proceso electoral. Son ellos los responsables del registro de candidatos, de las finanzas de campaña, de la contratación de publicidad y acceso a medios electrónicos, etcétera. Ahora, con el régimen de candidaturas independientes deberán, por ejemplo, establecerse normas ausentes e inconsistentes con el régimen electoral vigente.

Otro aspecto crítico a resolver es la concurrencia de competencias de los órganos electorales locales con los nacionales. Hasta el momento no está claro el tema financiero ni el régimen laboral de trabajadores y servidores públicos. Existe una pesada y numerosa burocracia electoral sobre la que descansa el buen desempeño del IFE y de casi la totalidad de los órganos electorales locales. Desde ahora, queda claro que el objetivo del PAN de disminuir el costo electoral, se ha malogrado. Pero lo importante es que las instituciones electorales puedan cumplir su cometido, éste es el objetivo de la reforma que viene y el tiempo para alcanzarla apremia, toda vez que los cambios deberán estar operando en octubre, fecha de arranque para el proceso electoral federal y muchos locales del año próximo.

Es deseable que los objetivos de Estado sean consistentes con los de gobierno, o viceversa. Las tensiones son inevitables y seguramente irán en aumento conforme se aproximen los comicios intermedios de julio de 2015, donde un nuevo equilibrio político habrá de expresarse en la integración de la Cámara de Diputados y en la elección de nueve gobernadores, además de los comicios intermedios en otras seis entidades, incluyendo al DF y al Estado de México. En su conjunto, seis de cada 10 ciudadanos tendrán elecciones (federal y local) concurrentes. Por ahora es menester no anticiparse y sí cumplir con atingencia la agenda de cambios que el Pacto por México ha generado. Con o sin Pacto, buena parte de las diferencias se resuelven si prevalece la claridad sobre los intereses de Estado, es decir, los de la nación.

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