Paralaje

Encuentros y desencuentros

No hay reforma importante que no genere polémica o dé lugar a la polarización, pues de hecho es el terreno natural de los encuentros y desencuentros; la energética, más que ninguna otra, divide a la clase política mucho más que a la opinión pública.

En el Senado, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos discutirán en la segunda semana de este mes diversos proyectos de ley relacionados con la reforma energética. A su vez, las comisiones de Hacienda y de Energía de la Cámara de Diputados realizarán cinco foros en junio con miras a aprobar el paquete de leyes que integran la reforma energética. La idea es que a finales del mes el pleno proceda a la votación y concluya un proceso que constituirá el cambio más significativo en materia de energía.

No hay reforma importante que no genere polémica o dé lugar a la polarización política, de hecho es el terreno natural de los encuentros y desencuentros. La energética, más que ninguna otra, divide a la clase política, mucho más que a la opinión pública. El paso constitucional de esta reforma ha sido producto del acuerdo entre PRI, PAN y una diversidad de partidos. Se oponen a ésta los de la izquierda, aquellos que se han ocupado más en rechazar que en generar una propuesta frente a una evidente necesidad de cambio. La opinión pública ha sido más bien expectante. Las estrategias de movilización popular contra la reforma han sido irrelevantes. La discusión y el debate se han dado entre políticos, a pesar de las posturas diversas de especialistas o, incluso, de actores sociales relevantes como el cineasta Alfonso Cuarón.

De tiempo atrás, la apuesta por la reforma del sector de energía ha sido fuerte, pero lo es más ahora frente a las magras cifras de la exportación petrolera, fundamentalmente por la incapacidad del sector público para financiar e incursionar por sí mismo en las actividades de exploración y explotación de la riqueza petrolera. También el sector eléctrico acusa problemas estructurales que deberán resolverse con la apertura del sector y con la consecuente participación más activa del sector privado.

La reforma energética representará un punto de quiebre no solo en la economía nacional, también en la política. Especialmente, habrá de modificar una de las fijaciones históricas de mayor peso político: la supuesta validez del monopolio público en el sector energético. De hecho, las pobres expresiones populares de rechazo a la reforma son indicativas de que los mexicanos no aprecian al monopolio público como una fórmula consecuente con el bienestar personal o la fortaleza del país, tesis común en la izquierda mexicana.

La izquierda tiene una importante responsabilidad en el debate, si bien su postura no ha tenido  necesariamente el ascendiente popular que esperaba. La discusión sobre el cambio en el sector de energía no puede limitarse a un planteamiento de reforma vs. statu quo. Hay múltiples ordenamientos en proceso de estudio y análisis. El PAN tiene un posicionamiento particular, pero el PRI y la izquierda tienen razones históricas para cuidar que el cambio sea consecuente con sus objetivos sociales y garantizar que la apertura responda a la responsabilidad que tiene el Estado para hacer valer el interés general y el del país en un sector en el que convergen poderosos intereses económicos, nacionales y externos.

El contenido de las futuras leyes debe incluir un esquema que garantice el beneficio del país y el apego de la inversión privada a los propósitos de la reforma. Es inaceptable un cambio a modo en favor de quienes desde ahora se han construido una posición privilegiada para evadir las licitaciones de las concesiones. Los beneficios deben ser para México y debe quedar clara, en términos del artículo 27 constitucional, la propiedad de la nación y no de particulares sobre la riqueza en el subsuelo. Los intereses en juego son reales y muy evidentes; por ello debe asumirse una actitud proactiva y de estudio riguroso para que la reforma tenga el mejor de los resultados para el bienestar nacional.

Los legisladores deben asegurar que las iniciativas presidenciales no serán desvirtuadas en el proceso legislativo por el peso de los intereses o por la confrontación política. El análisis y debate, tanto en comisiones como en el proceso de consulta, deben servir para enriquecer las iniciativas del Ejecutivo. La discusión debe trascender el polo “reforma vs. no reforma”. La cuestión es garantizar que las nuevas leyes cumplan con los propósitos y sean congruentes con la reforma energética en el nivel constitucional.

Es irrisorio llevar a debate el tema del calendario de las sesiones legislativas asociado al Mundial de futbol. La discusión es pública y la decisión es legislativa. No es válido invocar el interés del público ante un evento deportivo para justificar la posposición de una decisión que es fundamental para el bienestar del país. Tampoco es válido cuestionar el supuesto conflicto de interés por inversiones familiares en el sector de distribución de combustibles del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien acredita una actividad profesional y situación patrimonial consistente a su larga trayectoria en el servicio público.

Es lamentable que la fuerza legislativa de la izquierda se pierda en debates inocuos y frívolos. Ha llegado el momento de analizar, discutir y asegurar que los cambios ya definidos por la reforma constitucional encuentren expresión legislativa en diversos ordenamientos e instituciones de trascendencia nacional, como la ley de órganos reguladores en materia energética. Es incuestionable la utilidad que la reforma representa para el país, pero no puede ser cualquiera, tiene que ser una que sirva realmente al interés nacional. De eso se trata esta etapa crucial de la reforma energética, acontecido en lo que va del siglo. Un bajo crecimiento económico en un país con vasta riqueza natural, fuerza laboral de excelencia y ubicación geográfica privilegiada viene desde muy atrás. Frente a nuestro promisorio potencial, irrumpen la desigualdad, la corrupción y un déficit de cultura democrática y ciudadana. Afortunadamente, en el periodo reciente, la política ha mostrado su capacidad reformadora en un marco de pluralismo y  libertades democráticas. Y ahí, precisamente, radica nuestra mayor oportunidad: administrar las diferencias propias de la democracia y convertirlas en oportunidad para que los encuentros y los desencuentros den paso a la transformación hacia el bienestar del país y de quienes lo habitamos.

http://twitter.com/liebano