Paralaje

Educación, entre la percepción y la política

El gobernador Gabino Cué y sus antecesores han tenido que lidiar con un problema que puede desestabilizar políticamente al Estado, por el control que la representación sindical tiene sobre el conjunto del aparato educativo.

La reforma educativa ha sido uno de los mayores logros de esta generación. Pero si bien es un paso importante y trascendental, también hay que decir que avanzar en la calidad educativa llevará tiempo e implica muchos otros factores como la mejora de los espacios educativos y la introducción de nuevas tecnologías de comunicación. El progreso de la educación en el nivel básico necesariamente involucra a los mentores y a los padres de familia.

De todas las reformas recientes, la educativa no solo es la más importante, también es la que mayor ascendiente y aceptación tiene en la sociedad. Una vez resuelto el problema de cobertura, prevalece en todos la convicción en torno a la necesidad de una educación de calidad. El esfuerzo que hace el país en términos presupuestales es monumental. El gremio ha actuado de manera responsable, más en el pasado reciente; sin embargo, en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, la representación sindical ha obstaculizado el cambio.

El grupo radical del magisterio utiliza el temor y la resistencia de algunos maestros a la evaluación como argumentos para nutrir intereses políticos que poco tienen que ver con la educación. Lo peor es que ni siquiera optaron por la vía electoral para expresar su postura. Desde hace mucho tiempo, la negligencia de algunas autoridades educativas estatales incubó problemas que ahora son difíciles de resolver. El caso más dramático es Oaxaca, donde la sección 22 se ha adjudicado responsabilidades que corresponden a la autoridad del ramo, incluyendo la designación y el nombramiento de funcionarios clave en la dirección y supervisión educativa.

La politización de la representación sindical ha significado un grave deterioro de la calidad educativa en una de las zonas más pobres del país. El gobernador Gabino Cué y sus antecesores han tenido que lidiar con un problema que puede desestabilizar políticamente al Estado, por el control que la representación sindical tiene sobre el conjunto del aparato educativo. El ausentismo por las movilizaciones ha sido atroz para los estudiantes. Nada hay que mueva o conmueva a la dirección sindical. Es urgente instrumentar medidas correctivas y disciplinarias. Lo primero es remitir a la representación sindical hacia su tarea genuina y que el ejercicio de la función educativa descanse en el gobierno estatal o federal.

En todos los temas, no solo en el educativo, la coordinación entre los gobiernos federal y estatales es un activo mayor. La recriminación por incumplimiento, de un lado o del otro, poco o nada resuelve. Los gobernadores que enfrentan el activismo magisterial deben ser apoyados por el gobierno federal. A su vez, los gobiernos estatales y, en el ámbito de su responsabilidad, los congresos locales deben participar en la reforma nacional educativa. Hay reglas, pero también debe haber determinación de la autoridad para cumplirlas y hacer que se cumplan.

En días pasados, Gabinete de Comunicación Estratégica realizó un estudio de opinión sobre la reforma educativa en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

El tema más sensible ha sido la evaluación de los profesores. Toda valoración es ingrata, pero no deja de ser un medio para conocer el desempeño de los mentores y la calidad de su labor; además es un recurso útil para la promoción educativa, lo que implica generar incentivos para los mejores y esquemas de actualización y capacitación para quienes muestren insuficiencia. La sanción también es una consecuencia posible. Como en todo trabajo, quien no cumple con el perfil o con un adecuado ejercicio debe ser removido de su puesto.

Al respecto es muy importante el criterio expresado el pasado jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalidad del cese de los docentes que tienen nombramiento provisional y que no aprueben las tres evaluaciones a que tienen derecho para su ingreso, promoción y permanencia en el puesto. También, por unanimidad, la Corte avaló que los profesores con nombramiento definitivo que no obtengan una calificación favorable deberán salir de las aulas y ser reubicados.

En lo que se refiere a lo que opinan los encuestados en las entidades donde hay mayor activismo contra la reforma, ocho de 10 se pronuncian a favor de la evaluación educativa. Con respecto a la resistencia de un grupo de los maestros a la evaluación, 74 por ciento está  a favor de que debe realizarse de alguna forma y que no se ceda ante la presión o el chantaje de la representación magisterial. Un resultado adicional es que solo una tercera parte de las personas consultadas está a favor de las movilizaciones contra la evaluación.

Uno de los resultados más relevantes del estudio de opinión es la convicción mayoritaria, 53%, de que la aplicación de sanciones corresponde al gobierno federal; solo 31% opina que atañe al gobierno local. Asimismo, 61% de los encuestados no está de acuerdo en que sean los gobiernos estatales los que asuman la nómina. Lo relevante de esta información es que para la mayoría de la población de los estados donde predomina el rechazo gremial a la evaluación y a la reforma educativa considera que el gobierno federal tiene una responsabilidad mayor en el tema y, consecuentemente, supone que no hay espacio para trasladar a las instancias locales culpa o responsabilidad por la no instrumentación de la evaluación y, eventualmente, por las sanciones respectivas.

Todo cambio genera resistencias. La evaluación educativa ha sido exitosa toda vez que pudo ser realizada en la mayor parte del país, incluyendo al caótico estado de Guerrero. Las autoridades federales y estatales han cumplido, pero en el resultado mucho ha contribuido también el SNTE, al propiciar entre sus representados la aceptación y la participación en la evaluación como un medio para mejorar la educación.

La reforma educativa es un cambio profundo y se requiere tiempo y persistencia para que sus resultados sean visibles y tangibles. Lo relevante es que uno de los mayores retos, la evaluación, ha podido instrumentarse. Queda pendiente el corolario de los profesores que no realizaron su examen. Por lo pronto hay espacio para un razonado optimismo sobre el avance en la educación, una meta que, al fin y al cabo, representa la inversión más razonable e inteligente que un país puede realizar.

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