Paralaje

También el Distrito Federal

Los cambios generan resistencias. Frente a la perspectiva apocalíptica de no pocos, sorprende, a México y al mundo, que éstas se manifiesten en apego a las reglas del juego democrático. Hay disidencia y oposición, lo que no solo es natural, sino acredita a la democracia mexicana.

El país transita en función de las reformas. Los cambios legales no son un fin, sino un medio, y fundamental es la aplicación de la ley. México adquiere relieve por su capacidad para transformarse. No es nuevo y, de hecho, la Constitución de 1917 representa un quiebre en la tradición constitucionalista en el mundo. Lo significativo de ahora es que los cambios son múltiples, vienen de la mayoría de los actores políticos, gobierno y oposición. El país está cambiando. Su secuela es una población expectante que tiene cautela al tratar de ver en las reformas un mejor futuro.

Los cambios inevitablemente generan resistencias. Frente a la perspectiva apocalíptica de no pocos, sorprende, a México y al Mundo, que éstas se manifiesten en apego a las reglas del juego democrático. Hay disidencia y oposición, lo que no solo es natural, sino acredita a la democracia mexicana. No faltan también los actos de provocación y de desafío a las instituciones, también éstos se encaran con prudencia y sin comprometer la estabilidad política y la tranquilidad social. En breve: el país se transforma rápido, de manera profunda, en orden y con la participación, directa o indirecta, de todos.

Las diferencias propias de la diversidad social y pluralidad política abren el debate y propician que los cambios mejoren su contenido y alcances. Lo fundamental es que debatir y acordar no inhiba al cambio y que éste sea profundo y trascendente, pero también es importante que las nuevas leyes sean consecuentes con los objetivos que se pretenden y que, por precipitación o falta de reflexión, generen efectos indeseables como es el caso del centralismo implícito en la nueva normatividad electoral promovida por el PAN con potenciales consecuencias graves.

El Distrito Federal es una entidad de la mayor relevancia nacional e internacional. No solo es asiento de los poderes nacionales, también es y ha sido desde los orígenes centro cultural, religioso y económico. Su crecimiento poblacional ha disminuido en las décadas recientes; de hecho es el Estado de México, la entidad contigua, la que registra mayor crecimiento y desde hace años es la más habitada del país. En cierta forma es extensión del fenómeno social del centro del país, toda vez que el dinamismo demográfico se observa con mayor acento en la zona conurbada al Distrito Federal.

La reforma de 1996 reconoció y confirió derechos políticos a los habitantes del Distrito Federal. Desde entonces, las autoridades de la entidad y de sus demarcaciones territoriales o delegaciones pudieron ser electas por el voto ciudadano directo. Su órgano legislativo también se vio fortalecido. Llama la atención que desde 1997 el PRD ha sido el partido que ha tenido a su responsabilidad el gobierno local, la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa y la administración de casi todas las delegaciones. Llama la atención porque, no obstante la intensidad del debate y la demanda social y política, prácticamente no ha habido alternancia y porque el PRD no ha sido, en el nivel nacional, un partido de mayor fortaleza, más allá del impulso en ocasión de elecciones presidenciales.

La reforma que acontece en términos políticos y públicos en el Distrito Federal comprende muchos temas y ha sido vanguardia en muchos asuntos de la agenda social. En estos momentos en la Asamblea Legislativa se procesa un desordenado debate y una posible reforma sobre el consumo de mariguana que de aprobarse significará un paso importante hacia una estrategia claramente diferenciada de la que ha prevalecido en las últimas décadas en las que se privilegia la prohibición y la penalización, con efectos negativos en muchos aspectos y que trasladan al terreno judicial penal un asunto que pertenece al ámbito de la salud pública.

Es posible que despenalizar el consumo de mariguana no provocaría un cambio de tal magnitud para disminuir la inseguridad y el crimen asociado a su comercio; lo que sí puede generar es una regulación más racional y segura del mercado y que el consumidor no se vea atrapado en la red delictiva de quienes la distribuyen o en la policíaca de quienes supuestamente combaten su comercio. El Distrito Federal es la entidad idónea para un cambio en la materia. Por lo delicado del asunto es necesario que sea gradual y con previsiones que permitan ir ajustando la norma a los objetivos que se pretenden. Por otra parte y como consecuencia, deberá modificarse la legislación federal para dar espacio regulatorio a los estados y al Distrito Federal y de esta manera establecer un nuevo régimen de derechos en el que exista certeza y claridad. Este tema es especialmente relevante, ya que es un claro ejemplo de lo que está sucediendo en la ciudad y en el país.

Otro aspecto importante es la reforma política del Distrito Federal. La pretensión de algunos es que la entidad tenga la misma condición de cualquier estado del país, tesis que inspiró a la reforma de 1996. Sin embargo, la condición de ser asiento de los poderes federales debe considerarse y prever supuestos excepcionales para salvaguardarlos. Es cierto que todas las administraciones del PRD han mostrado responsabilidad, colaboración e institucionalidad, pero eso no significa que esto prevalezca en todo contexto. Las diferencias han sido excepcionales y discutibles, como la remoción que hiciera Vicente Fox como presidente del entonces responsable de la seguridad pública en la entidad, Marcelo Ebrard. También se registra el frustrado desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno.

La razón y una actitud de civilizada reciprocidad obliga al PRI y al PAN a mantener una actitud de apertura y disposición sobre la reforma política al Distrito Federal. El presidente Enrique Peña Nieto ha hecho pública su voluntad de presentar una iniciativa en tal sentido. Los partidos deben actuar para que la reforma sea realidad. Es difícil, por las características de la entidad, que las delegaciones políticas se asimilen al régimen constitucional de los municipios, aunque su fortalecimiento debe estar constitucionalmente salvaguardado. Finalmente, el Distrito Federal no es un estado más, tampoco un municipio, es una gran ciudad acreedora a un régimen legal de derechos plenos.

http://twitter.com/liebano