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Ya salió el tren

El próximo 5 de mayo vence el plazo para que los congresos locales armonicen su marco normativo, de acuerdo a los nuevos criterios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hasta el momento sólo nueve de 32 entidades federativas han cumplido.

Los congresos que no actualicen su norma deberán ceñirse a los procesos de impugnación establecidos en la Ley General. Será el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la instancia competente para aplicar este mandato.

Pero hacer cambios al marco normativo en los estados no debería implicar un trabajo a marchas forzadas por parte de los congresos. Desde el pasado 4 de mayo de 2015 entró en vigor la Ley General, es decir, las entidades tuvieron un año para realizar los ajustes necesarios y atender las nuevas disposiciones. Los congresos, una vez más están dando muestra de su verdadero interés, al querer mantenerse en su zona de confort, sin rendir cuentas y en opacidad.

Sin embargo, que sólo nueve de 32 estados lo hayan hecho, demuestra el poco interés que tienen los legisladores locales y los gobiernos. Desairar la implementación de mejores prácticas gubernamentales a favor de la transparencia es darle la espalda a la ciudadanía para robustecer la corrupción.

¿Por qué necesitamos mejores leyes de transparencia? El chiste se cuenta solo. La aplicación de políticas públicas que favorezcan prácticas de apertura gubernamental se logra con efectividad, cuando se cuenta con un marco normativo sólido para sustentarlas. En pocas palabras, la ley no es todo, pero cómo ayuda.

En Coahuila la ley fue armonizada en septiembre de 2015.  El Instituto Coahuilense de Acceso de la Información Pública (ICIA) y los municipios enfrentanel reto de la implementación de mejores prácticas de transparencia proactiva y gobierno abierto. Pese a los esfuerzos emprendidos el Derecho de Acceso a la Información (DAI) no es una garantía, y es una batalla que sigue sucediendo dentro y fuera del gobierno.

Si en el resto del país los marcos normativos no se actualizan  a tiempo, están incumpliendo la Ley General, impulsada gracias al esfuerzo de más de diez años emprendido por sociedad civil. Y aunque no se suban en este momento, no les quedará de otra, porque el tren ya se hecho a andar. 


Twitter: @nonobarreiro