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“Sí se pudo” el SNA

El lunes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó –por fin­– el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que está compuesto por un conjunto de leyes e instituciones que buscan, prevenir, combatir y sancionar las faltas administrativas y actos de corrupción cometidos por servidores públicos y privados.

Luego de una reforma constitucional emitida en el 2015, en la cual se estableció la creación del SNA, el vencimiento de plazos para su promulgación y las largas discusiones por parte de las comisiones encargadas en el Senado de la República, se logró el objetivo.

El paquete de leyes del SNA se compone de la Ley General del SNA; Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3); Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y al Código Penal; y la Ley de la Fiscalía General de la República.

Y aunque es entendible que muchos ciudadanos piensen que no se requieren más leyes, sino acciones contundentes para que de una vez por todas se frenen actos deshonestos en el gobierno, contar con este marco normativo trae ganancias para la sociedad, que sin duda anotó, pese a todas las resistencias que se vivieron durante el proceso.

Cambiar y diseñar un marco normativo e institucional orientado para el combate a la corrupción, no es una tarea sencilla. La sociedad civil organizada que ha participado de forma activa en la propuesta y movilización ciudadana invirtió recursos humanos y técnicos para sacar adelante esta iniciativa ciudadana.

El arranque del  SNA no es sinónimo de que las cosas cambiarán de la noche a la mañana. Al igual de como ocurre con otros mecanismos, el proceso de implementación será la clave para el buen funcionamiento del sistema.

Tan sólo por mencionar algunos de los alcances, con el SNA los ciudadanos podrán hacer denuncias para investigar posibles faltas administrativas y casos de corrupción, contar con un padrón de servidores de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas y una lista de servidores y particulares (empresas) sancionados.

Aún falta por darse muchas batallas, y no todo está definido. Pero sin duda, contar con una sociedad activa, preparada y articulada, trae beneficios para todos.

Por ahora, “Sí se pudo”.


Twitter: @nonobarreiro