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Ley y “sus poquitos”

Es costumbre escuchar a los gobiernos decir que tienen las mejores leyes. También es común que presuman sus nuevos marcos normativos como una acción extraordinaria a sus responsabilidades en el servicio público.

Sin desestimar los avances logrados con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y con la reciente armonización de la Ley de Acceso la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, resulta necesario ser críticos a la hora de analizar su real alcance.

Y es que la lógica de los marcos normativos se determina con base a criterios mínimos.

En materia de derecho al acceso a la información, por ejemplo, los gobiernos de todos los niveles podrían ir más allá de lo que dice la ley; sin embargo, pocos lo hacen porque siempre resultará menos comprometedor dar la menor información posible.

Sobre todo, cuando el cumplimiento de mínimos puede ser presumido como “un logro”.

Los criterios mínimos no cambian las viejas prácticas. Es común encontrar funcionarios molestos al ser cuestionados por el manejo de los recursos públicos o por su toma de decisiones.

Seguimos contando con portales de transparencia que requieren cierto conocimiento para su navegación; con datos obsoletos o formatos PDF que dificultan el manejo de las bases de datos, entre muchos otros ejemplos de cambio de forma, pero no de fondo.

Pese a que en el discurso se vanaglorian, falta mucho por hacer para que leyes se apliquen y se traduzcan en políticas públicas que involucren a la sociedad, permitiéndole vigilar y evaluar las acciones del gobierno; con datos abiertos e información cien por ciento disponible. 

Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, hace unos días durante su discurso en la Semana Nacional de Transparencia 2015,dijo al presidente Enrique Peña Nieto que la única vía para dignificar las instituciones está en “anular en serio y a fondo, cualquier nuevo intento de opacidad y de corrupción en la vida pública de México”.  

La transparencia es condición necesaria para hacer valer el derecho a saber e inhibir malas prácticas del ejercicio gubernamental. Por supuesto que una ley ayuda, pero ésta determina condiciones mínimas que, comparadas con el nivel de impunidad y corrupción de nuestro país, son insuficientes. 

No basta la ley y “sus poquitos” para acabar con la corrupción.

México necesita más.  



Twitter: @nonobarreiro