El imperio de los desmanes y el uso racional de la autoridad

La generación de los setenta y los ochenta tuvimos serios problemas para entender y aceptar la autoridad. El “espíritu del tiempo” hizo que todo lo que llevara uniforme o fuera dispuesto en las oficinas de los “cuerpos del orden” apestara. La influencia de las teorías marxistas, las dictaduras latinoamericanas y la política exterior de los Estados Unidos nos hicieron alérgicos al orden. El movimiento de 68, las represiones y la censura volvieron irreconciliables las ideas de libertad y justicia social, por un lado, con la idea de orden y autoridad, por otro. Hubo días en que todo lo proveniente del Estado era considerado fascista y represor. Pero, los tiempos cambiaron y el sistema político, con dificultades, se volvió democrático. Esto significó un cambio radical. Quien no me cree, puede consultarlo con el abuelo, él le dirá cómo eran los mecanismos para conservar el poder.

Sin embargo, en la historia efectivamente a veces asoma la ley del péndulo. Después de los años en que un hombre regía el país e imponía su voluntad, pasamos a un temor casi patológico al uso de la fuerza. Pintamos nuestra raya y nos declaramos defensores absolutos de la libertad. Los uniformados debían dedicarse a una vida enclaustrada. 

De este modo, los policías, mal equipados y mal instruidos, aprendieron que lo mejor era no meterse con los ciudadanos. Además, los cursos en derechos humanos fueron mal interpretados, y se pensó que el mejor policía era aquel que optaba por la retirada, el que retrocedía ante la línea de fuego de cualquier desmán. Y si el ciudadano organiza una fiesta hasta las seis de la mañana y no deja dormir a sus vecinos, o decide apretarle el cuello a su mujer, está en su derecho, siempre y cuando lo haga dentro de su propiedad. La libertad del ciudadano se convirtió en la suprema ley a la que debía someterse cualquier uniformado.

El péndulo se fue al otro extremo, del autoritarismo a la selva. El resultado es que ahora estamos viendo un país en el que prácticamente cada grupo puede violar la ley, sin que la autoridad parezca. Todos los días los noticiarios se llenan de imágenes de vándalos, expulsando abruptamente sus instintos destructores. En ocasiones, universidades enteras son paralizadas porque un grupo de “estudiantes” están inconformes con la enseñanza del inglés o con medidas que los obligan a estudiar más. El que manda se convierte en súbdito y los ratones se instalan en el trono y empiezan a dictar sus órdenes.

Los países que han avanzado más que el nuestro en el proceso civilizador son aquellos que han aceptado regirse por leyes, es decir, los que impulsan el Estado de derecho. (Éste es aquel que se rige por leyes e instituciones en torno a una Constitución). Pero, esto implica que para hacer valer la ley, se puede y se debe, en caso necesario, hacer uso de las fuerzas del orden. Las cuales a su vez son controladas igualmente por leyes. Por ello, no es raro que en países como Alemania o Francia aparezcan vehículos policíacos echando chorros de agua al grupo que se apodera indebidamente del espacio público o agrede a otros ciudadanos, por ejemplo, los fanáticos de algún equipo de futbol.

Ahí nadie se posesiona de plazas, ni de avenidas, ni de casetas en carreteras. Ni tampoco impide el paseo a automovilistas a sitios turísticos. Los derechos de los demás están debidamente asegurados. Si alguien organiza una manifestación debe avisar a la policía y sujetarse a los lineamientos, entre otros, a marchar por la ruta diseñada para ello. Sí, lector, leyó Usted bien. Las manifestaciones desde luego que están permitidas, pero los manifestantes deben cumplir con los horarios y respetar los espacios marcados. Nadie tiene derecho, en nombre de la libertad de expresión, de afectar los derechos de terceros. Nadie. 

Además, hay plena conciencia de que para la buena convivencia, ningún derecho puede ser absoluto. Existe el derecho a la libre expresión, pero nadie puede insultar a otro. Es suficiente con que un ciudadano presente dos testigos, que den fe del insulto, para que el ofensor sea sujeto a una penalización. Existe el derecho al libre tránsito, pero se aceptan los retenes policíacos por razones de seguridad y controles para detectar el consumo de alcohol de los conductores. Existe el derecho de manifestación, pero nadie puede, con ello, afectar negocios. Si llegara a suceder, el infractor tendría que pagar costosas indemnizaciones.

Si la autoridad no se hace presente, también incumple su función y debilita con ello el Estado de derecho. La misma policía puede ser acusada por omisión. El uso racional de la autoridad es un elemento indispensable en la sociedad moderna. Es la única forma de garantizar los derechos de todos, de asegurar el respeto a la ley, de evitar que el violento dañe al pacífico. Es la única manera en que el ruidoso deje dormir a sus vecinos, después de las 10 de la noche. De que el marido no le apriete el cuello a su mujer, estando en su casa. De que el millón de niños que no pueden asistir a la escuela tengan asegurado su derecho a aprender. ¿Hasta cuándo aprenderemos que el uso racional de la autoridad es un elemento imprescindible para la sana convivencia?