“Vuélveme a querer” por Enrique Peña Nieto

El mensaje del presidente tiene evidentemente muchas lecturas. Pero el aspecto que me parece esencial es su intento por reestablecer la relación de confianza entre la sociedad y el gobierno. En cierto sentido es una propuesta de reconciliación. Pero, como muchas propuestas de reconciliación, llega tarde, es insuficiente y se inscribe en un panorama muy adverso que hace dudar de su intención. 

¿Cómo creerle ahora al presidente, que pretende hacer suyo el grito “Todos somos Ayotzinapa”, si después de conocer la crueldad con la que fueron asesinados los estudiantes se fue de viaje a China y Australia, dando a entender que no le importaba el dolor de la sociedad? ¿Cómo confiar en él, si todavía hace una semana hizo unas declaraciones en que criminalizaba las protestas y las hacía parte de un “plan para desestabilizar su gobierno”? 

¿Cómo confiar en su propuesta de combate a la corrupción, cuando hace sólo unos días se dio a conocer la compra que realizó su esposa de una mansión extremadamente lujosa y que despertó la suspicacia en la población sobre el origen de los recursos de su adquisición? 

El plan que ahora propone Peña Nieto deja ver que su grupo de asesores, ante la estrepitosa caída de la popularidad del presidente, decidió lanzar una señal contundente de arrepentimiento. Lo que los hizo cambiar de actitud no fueron las demandas de los padres de los estudiantes desaparecidos, que desesperados siguen buscando a sus hijos, sino las muestras de apoyo que empezaron a recibir de esa clase media que por lo general no manifiesta sus malestares. Todos comenzamos a declararnos cansados y hartos de la corrupción gubernamental. Los lemas “¿qué harías si tu hijo fuera el 44?” y “¿y si yo fuera el 44?” se repetían, creando conciencia de que nadie en este país está a salvo de que le suceda algo tan espantoso como lo ocurrido en Iguala.     

No es fácil bajo estas condiciones que volvamos a confiar en el presidente. Su discurso no se inscribe en una línea clara y libre de contradicciones con sus acciones anteriores. Además, las promesas que ahora presenta todavía guardan un amplio margen de vaguedad. Imagino que algunos lectores estarán pensando que en realidad la sociedad mexicana nunca ha confiado en sus presidentes, pero alguna dosis de lealtad al régimen es necesaria para que todo gobierno sea legítimo.

Para que la credibilidad del presidente aumente y mejore sustancialmente la relación del gobierno con la sociedad civil es necesario que el presidente no sólo prometa, sino que actúe con eficacia. Entre todas las acciones que contempla para cambiar a México hay una que me parece debe tener prioridad. Lo ocurrido en Iguala develó la estrecha colaboración entre los políticos y los criminales. El crimen organizado no puede crecer si no encuentra en el Estado voluntades que lo toleren, lo hagan cómplice o le saquen provecho. Para romper con esta nefasta alianza es necesario un aparato de justicia que permita llevar a los tribunales, y en dado caso a la cárcel, a los políticos que trabajan con y para los criminales. Y precisamente esto es lo que en este país no existe. No hay un sistema de justicia que castigue con eficacia los actos delictivos. Sólo el 2 por ciento de los delitos termina con una sentencia que castiga al culpable. No se trata entonces sólo de un problema de leyes, o de efectividad policíaca en la lucha contra el narcotráfico, sino de reorganizar o depurar un aparato judicial, que hasta ahora ha impedido que quienes colaboran con el crimen organizado reciban alguna forma de penalización. 

Si el presidente afirma que México, después de lo ocurrido en Iguala, debe cambiar, deberá esforzarse por buscar mecanismos que permitan una transformación sustancial del poder judicial. Todos sabemos que en este país se cometen actos delictivos, entre otras causas, porque las posibilidades de que los delincuentes sean castigados son mínimas. Los criminales roban, secuestran y asesinan, porque saben que el aparato de justicia está lleno de vicios que impedirán que reciban alguna pena. De igual forma los políticos colaboran con los criminales a sabiendas de que las probabilidades de que reciban un castigo por ello son prácticamente inexistentes. Así que, si se quiere realmente emprender un cambio importante en este país e impedir la nociva alianza entre el poder político y las cabezas del crimen organizado, es ya impostergable contar con una estructura eficiente de impartición de justicia.

Con todo, me parece que el mensaje de Peña Nieto, que busca aumentar los niveles de confianza en su gobierno, tendrá un efecto altamente positivo, pues aunque la parafernalia de los actos protocolarios presidenciales es aberrante, la forma y el contenido de su propuesta significan un mayor compromiso. Si se contempla lo que hemos dicho respecto al sistema judicial, indudablemente le espera al presidente un enorme trabajo. Pero ninguna reconciliación  es fácil y gratuita.