¡Detengan esos sueldazos! ¡Son insultantes!

Cuando estudiaba en Alemania, hubo un tiempo en que las vacas se pusieron flacas. Así que busqué un trabajo como auxiliar en el Instituto de Sociología, donde estudiaba. De este modo me pude dar cuenta que el director del Instituto, un profesor con un sólido prestigio y una enorme cantidad de publicaciones, ganaba aproximadamente 7,000 marcos (en ese tiempo todavía no existía el euro), mientras que la persona encargada de mantenerlo limpio ganaba 3,500 marcos. Es decir, el director le doblaba el sueldo a la persona que menos ganaba. En las demás instituciones alemanas el esquema es muy parecido. Los sueldos más altos en el sector público doblan el sueldo más bajo. Revisé este año la "Tabla de ingresos de los empleados de la Federación", que es el tabulador que estipula los salarios en Alemania: el más alto es de 4 mil euros y el más bajo es de mil 820 euros. Estos son los sueldos en el sector público de una sociedad que ha decidido ser igualitaria.

En México, las diferencias entre los ingresos son francamente ofensivas: de acuerdo al "Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", los directores generales, jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios de Estado, tienen un sueldo que va de los 86 mil a los 205 mil pesos mensuales. Hay que añadir además que los sueldos más altos no reflejan la realidad, pues sus receptores perciben además compensaciones y gastos de representación.

Lo terrible de estos sueldos son la distancia que los separa de la situación de pobreza que existe en México. En este país, 50 millones de mexicanos viven en pobreza, y más de 10 millones en pobreza extrema. Es decir, no les alcanza ni para comer.

Lo más doloroso es que los sueldazos son pagados con nuestros impuestos. No sé qué tan consciente sea de ello, pero todo ese dinero que va a parar a las cuentas de los funcionarios, es dinero que sale de nuestros bolsillos. De alguna manera es un despojo justificado con el argumento de que el pago de nuestros impuestos debe contribuir al desarrollo del país y a construir una sociedad igualitaria. Así que, si el pago de nuestros impuestos está contribuyendo a hacer de esta sociedad una todavía más inequitativa, debemos tomar cartas en el asunto. Ya es tiempo de que seamos nosotros los que dictemos la política pública en relación a los ingresos de nuestros funcionarios y burócratas. Es nuestro dinero. Si considera que tales sueldos son un robo, un despojo y una desvergüenza, hay que hacer algo para corregir esta situación. Comience por hacerle saber a su representante en el Congreso, en el Estatal y en el Nacional, que no está de acuerdo.

Esta semana MILENIO JALISCO publicó un reportaje sobre la situación en nuestro estado y los datos son francamente para ir a pararse ante el Congreso y decirles a los diputados que ya basta. Siete funcionarios estatales tienen un salario hasta 63 mil pesos superior al del Presidente de México. ¡Cómo!

Lo más terrible es que precisamente se trata de funcionarios de instituciones muy cuestionables. El Presidente del TAE, Laurentino López, percibe 235 mil. El TAE, como todo ciudadano medianamente informado en este estado sabe, se ha convertido en la peor cueva de pillos en la región. Sus cuestionables sentencias obligan a los Ayuntamientos a otorgar permisos de construcción a gasolineras, edificios, etc, simplemente donde no deben estar.

El colmo de los colmos, por decirlo así, es el sueldo del Auditor Superior del Estado, Alonso Godoy, que, según datos de este mismo diario, gana 186,00 pesos al mes. Sí, leyó bien, el funcionario que en los últimos años ha sido acusado en repetidas ocasiones de lavar las cuentas públicas de los municipios, gana 22 mil pesos menos que el presidente de la república. ¡El cochinero simplemente no puede ser mayor!

El otro lado de esta moneda es la pobreza en el Estado: 35 por ciento de los jaliscienses vive en pobreza, poco menos de 3 millones (Inegi, 2014). Y más del 3 por ciento en pobreza extrema, es decir, más de 250,000 jaliscienses. ¿No le parece escandaloso que mientras en el estado hay todavía quien no tiene para comer existen sueldos fuera de toda moral? ¿No es de elemental sentido de justicia social indignarse ante esta situación? Pues sí. Sobre todo cuando se trata de dinero público, es decir, del suyo y del mío.

Está en manos del Congreso modificar esta situación. Hay razones para estar optimista, pues la mayoría en esta legislatura llega con un gran respaldo electoral y con ánimos de convertirse en una fuerza política sólida. Si los diputados color naranja pretenden aumentar su legitimidad y credibilidad aquí tienen un campo importante para hacerlo. Nada ofende más a la opinión pública que esta situación. Ojalá que la competencia entre el "nuevo" PRI y Movimiento Ciudadano se inspire también en el ánimo de hacer de esta sociedad una colectividad más justa y equitativa. Ya veremos en tres años si la brecha aumenta o disminuye.