La ciudad vista por expertos

El derecho a soñar… la ciudad que queremos

Guadalajara fue fundada, como muchas ciudades españolas en México, con una distancia entre los colonizadores y los nativos. La palabra Analco significa: “Al otro lado del río”. Desde entonces esta ciudad cargó con la deshonrosa separación social de la Calzada para allá. -Por si es necesario aclararlo- la Calzada es físicamente el río que dividía nuestro Analco, del asentamiento Castellano.

En los años 80 del siglo pasado, algunos políticos y urbanistas se dieron a la tarea de tratar de unir físicamente a las dos Guadalajara y, siguiendo la moda de las renovaciones urbanas centrales, recurrieron a la construcción de una Plaza Comercial. En su vano intento demolieron y trastocaron buena parte de la historia y de las costumbres del centro metropolitano. Finalmente, con una mirada histórica, esa retórica hoy se nos presenta como descabellada, independientemente de los resultados. Por supuesto, no se movió un ápice tamaña fractura.

Otros discursos han desplazado esta línea hacia otras calles del poniente. No importa cuál sea el nuevo límite, lo importante es que en pleno siglo XXI se mantiene la fractura y, si nos dejan, bien podremos decir que en cuestión de fracturas ahora ya nos alcanzó el sur.

Pero no se trata de una extraña particularidad geográfica. Con una ligera mirada a las ciudades del mundo, cualquiera se puede percatar de cómo las ciudades son fracturadas socialmente y ésta ha venido siendo una constante.

Sin embargo ocurre que, o la teoría nos llegó trasnochada, o las ganas de hacer negocio fueron más grandes. Desde los años 60, del siglo XX, vio la luz la idea del derecho a la ciudad, no como un nuevo concepto, sino como un planteamiento político hacia la construcción de la ciudad.

ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA CIUDAD

La acelerada industrialización de las ciudades –de la cual, a nuestra manera, fuimos objeto– ocasionó, en los 60, que algunos autores dieran cuenta de la crisis a la que éstas fueron conducidas. Henri Lefebvre se integra a esa lista y en 1968 publica su libro: Le droit à la ville (El derecho a la ciudad) convirtiéndose inmediatamente en un referente para atender el problema de la fractura social.

A partir de ello entenderemos que el derecho a la ciudad no se detiene en visiones historicistas o costumbristas, se trata más bien de un derecho político en la búsqueda por la autodeterminación de la ciudad que deseamos.

Es un derecho denominado de tercera generación, pues a través de él se reivindican los derechos de primera generación, fundamentales y se combinan con las nuevas aspiraciones económicas, políticas, sociales y culturales, en una suma de nuevos derechos colectivos, pero cimentados sobre ellos para proclamar nuevas formas de integración de la sociedad y nuevas premisas para la convivencia en temas emergentes, tales como la visión de género, la ética, la estética, la sustentabilidad ambiental, la democracia y la sostenibilidad económica.

De manera muy rápida podemos ver que cada uno de estos elementos se complejizan: La ciudad, desde la óptica de género, impulsa el reconocimiento de las minorías y al mismo tiempo la integración de hombres y mujeres con visión y perspectivas complementarias; la ética busca la equidad social, económica, política y al mismo tiempo busca la justicia o la disminución de la vulnerabilidad social; la visión estética observa la herencia patrimonial y el desarrollo de nuevas formas de belleza de la ciudad para nuestras formas de convivencia; la sustentabilidad ambiental, dentro de sus múltiples visiones, promueve la conservación de la diversidad y, en una visión más egoísta, la necesidad de establecer un sano ambiente para nosotros; la democracia pretende la integración plural de la sociedad con los insumos necesarios para ello: transparencia, información, deliberación, rendición de cuentas, regulación y, finalmente, la sostenibilidad económica pretende impulsar proyectos productivos con integración social y políticas que permitan una mejor distribución del ingreso y el impulso al desarrollo socioeconómico, es decir, la productividad.

TENSIONES Y DESATENCIONES

Decir que el derecho a la ciudad es político no es una mera cuestión semántica, sino que es un reflejo profundo de nuestra realidad jurídica. Es una confrontación que podemos situar a partir de los contenidos que se inscriben en el artículo 27 constitucional en contraposición a la primacía de la inversión y los negocios privados o nuestra propia individualidad. El suelo urbano “propiedad de la nación” ha pasado a consolidar el predominio de los intereses particulares por sobre los bienes comunes. El discurso del derecho a la ciudad es inverso a esta tendencia, lo común nos es inherente a todos, y nos es propio como la esencia misma de vivir, todos necesitamos el aire, el espacio, el agua, eso nos es común de la misma manera el patrimonio, la accesibilidad, la condición de género, el derecho de las minorías, etc. nos es común. Así como el texto dice: “El suelo es propiedad de la nación” de la misma manera nos debemos una definición del derecho a la ciudad.

De otra forma se trata de un continuo secuestro de lo común, la propiedad privada en el ejercicio de su potestad confrontada con lo que nos pertenece de forma colectiva. Más que sueños y aspiraciones, se trata de conflictos reales: Cómo se cristaliza derecho al libre tránsito de todo un vecindario sobre el derecho de una autopista concesionada; el derecho privado a demoler su finca frente al derecho de todos por lo que la historia arquitectónica representa; el derecho de quien ve la ciudad de mil colores y formas, frente al derecho de quien desea homogeneidad de volúmenes y coherencia en los colores; mi posibilidad de contaminar agua, aire o suelo frente a nuestro derecho a un ambiente sano; mi derecho a conocer y decidir de lo público frente al funcionario público que esgrime estrategias políticas o seguridad nacional; el derecho al empleo competitivo frente a la dignidad humana… y la lista sigue y sigue.

Entonces es difícil hablar de políticas públicas frente a indefiniciones profundas. De ahí la necesidad de conquistar el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un ejercicio ciudadano constante en la arena política frente a la acción privatizadora de lo común: el cuidado de la cosa pública.

EL RETO DE LAS CIUDADES

Robert Park nos dice: “La ciudad es el invento más consistente y quizás el más exitoso hecho por el hombre que le permite rehacer el mundo en el que él vive conforme a sus deseos más preciados. Pero la ciudad es también el mundo en que él estará condenado a vivir. De tal manera que indirectamente, y sin percibir claramente la naturaleza de su empresa, cuando el hombre hace la ciudad, el hombre se rehace a sí mismo”.

Tomando conciencia de ello las ciudades adquieren otra importancia, la conformación de nosotros mismos, es por ello que consideramos oportunas algunas preguntas: ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué sociedad queremos ser? ¿Qué tipo de relaciones queremos consolidar?, ¿Qué tipo de cotidiano deseamos? ¿Cuál es nuestra comprensión de la defensa ambiental? ¿Qué tipo de tecnologías son las adecuadas? ¿Cuáles son nuestros valores estéticos? En definitiva: ¿Qué hacemos para construir una la ciudad para todos?

El derecho a la ciudad es entonces un derecho colectivo, fincado en el ejercicio de un poder social sobre los procesos urbanos. Este derecho nos exige vernos al espejo y observar el Analco que todos llevamos dentro, para reflexionar no sobre el yo individual sino en el tipo de sociedad que somos.

El desafío es trabajar para consolidar los procesos de construcción social en ruta hacia la consolidación del derecho a la ciudad, hacia la vida civilizada y a favor del derecho a soñar… la ciudad que queremos, como el escenario de la lucha incesante por la prosperidad, como dijera Máximo Gorky.

En Con-Texto

A partir de la denominada teoría generacional de los Derechos Humanos reconocemos tres generaciones de derechos.

La primera generación referida a los derechos civiles y políticos que imponen al Estado la obligación de respetar los Derechos Humanos. Son abstenciones para el poder público un no hacer del Estado frente a los individuos.

La segunda generación integra derechos económicos, sociales y culturales.

La tercera generación se refiere a los derechos difusos y colectivos o también llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Estos últimos pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo común y reúne asuntos como el derecho a ambientes sanos, la no discriminación, etc. Es en esta tercera generación que se inscribe el derecho a la ciudad.

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