La ciudad vista por expertos

Gobernar el transporte público

En gran manera, nuestra movilidad nos

explica y exhibe como sociedad.

Evadir la realidad suele ser un mecanismo de defensa para no afrontar lo que estamos viviendo. Eso dice la psicología. La realidad que nos plasma el transporte público no nos gusta, pues nos muestra tal como somos. Se trata de una tragedia que todos tratamos de evitar, pues nos revela como sociedad.

Por desgracia, y en carne viva, ya sabemos cuánto cuesta la mala calidad del transporte público. La medida del drama lo cuantifica: principalmente en vidas humanas, otras veces en términos de salud pública y, de manera común -o si usted lo prefiere, en un terreno de simplificación capitalista-, en términos de pesos y centavos.

Nuestra aportación en este espacio ha insistido tenazmente: No se trata sólo de tarifas, se trata de gobierno y de gobernación con gobernanza.

El costo de no hacer nada

Ya sabemos lo que nos cuesta no hacer nada y podemos ponerle un valor monetario y compararlo con el costo de hacer algo, seguramente lo segundo es más barato, incluso con los errores que podamos cometer al actuar.

Para nosotros, no hacer nada, hacer poco o hacerlo equivocadamente, pueden ser sinónimos de que las cosas no van a cambiar. En el transporte público en Jalisco percibimos que hay que hacer más en la dirección correcta.  Debemos ser más inteligentes para saber cuál es esta dirección, y nos interesa que el camino que tomemos no nos lleve en el sentido contrario de lo que queremos.

Reaccionar frente a sucesos trágicos parece ser la peor estrategia ¿Acaso es necesario tener a los secretarios de estado pegando calcomanías en los autobuses? O ¿reducir la velocidad de circulación es potestad de los dueños del transporte? ¿Dónde está el gobierno para ver más allá de la tragedia? Las respuestas a estas preguntas son el tipo de acciones insulsas que no resuelven el problema.

Calculando reacciones o psicología de evasiones

Después de la reducción de la tarifa de transporte a 6 pesos, algo no funciona. De acuerdo al estudio técnico para aprobar la tarifa en diciembre de 2013 deberíamos andar rondando el precio de ocho pesos, principalmente por la inflación en los insumos. El decreto gubernamental, por más que se quiera, no puede modificar la realidad, ni los precios de llantas o del combustible o, en su defecto, habría que hacer ajustes en la calidad o, peor aún, en la seguridad del transporte.

Al variar el sistema de pago a los conductores, por uno de salario fijo ($600 diarios han pedido), nos preguntamos si esto incluye prestaciones de ley, el sistema ha venido funcionando porque el conductor prefiere que las prestaciones de ley sean en “efectivo”. Mantener el ingreso actual de los conductores implica un mayor costo y una vez más ¿quién lo va a pagar? Anticipamos una amplia respuesta social: los malvados transportistas que, en lugar de jugar golf y ser unos bribones… mejor se “amarren el cinturón” y, si se siguen portando mal, dice el secretario: pues “no les doy tarifa”.

No podemos pelearnos con la realidad. La calidad del servicio de transporte público cuesta, pero eso es más barato que seguir perdiendo viajes colectivos y llenándonos las calles de autos; o peor aún seguir con la tenebrosa estadística de muertes por causa de accidentes.

No debemos evadir la discusión. Se trata de definir el servicio de transporte público que queremos y la decisión social de dedicarle los recursos económicos, políticos y sociales para lograrlo.

Subsidiar para incentivar

Subsidiar es una palabra que debemos usar con cuidado, muchas fortunas obscuras se han amasado a expensas de esta mágica idea. Así que un esquema de subsidios requiere mucha, buena y oportuna información sobre el sistema y, no es mucho pedir, pero se requiere que la información sea pública.

Subsidiar el transporte público debe significar el invertir en nosotros mismos. Aspirar a tener un transporte colectivo, para que lo utilice la mayoría de los ciudadanos, es invertirle a nuestro futuro común. En principio significa dejar de subsidiar los viajes en autos privados, en donde destinamos muchos recursos del erario (es decir, de todos) pues eso traerá muchas y mejores oportunidades.

Algunas de las muchas ideas que se han discutido: destinar más espacio de las vías públicas al transporte común, en lugar de seguirlo destinando al estacionamiento de los autos; o hacer inversiones con recursos públicos para el cambio de “modelo”, en el sistema de cobro, en la inter-modalidad, en la seguridad, etc.

Otra realidad que no queremos ver es que subsidiamos la ineficiencia en los organismos públicos del transporte, hay quien afirma que es una realidad inducida. Pero en todo caso, y en las condiciones actuales, sorprende la apuesta a “estatizar” la operación del servicio. No porque no sea viable sino porque no sabemos a manos de quién se está yendo nuestro subsidio.

Una vez más no podemos evadirlo ¿Cuántos Sistecozome o Servicios y Transportes más? para seguir pagando la contratación de los “cuates” en los barriles sin fondo de la ineficiencia pública. El problema es que los órganos de gobierno de los operadores públicos transparenten el subsidio en el activo común que debe ser la calidad del servicio, no importa que sea público o privado.

Si la movilidad soy yo mismo…

La terapia ha funcionado. La sociedad no está conforme con el modelo de movilidad que tiene. Afrontemos la realidad y observemos los grandes retos.

El sistema de seguridad no es sólo un tema de regulación, hoy sabemos que es un subsistema del sistema total, no podemos seguir posponiendo el retraso en la innovación: rutas empresa, diversidad de modalidades, nodos intermodales, no podemos seguir apostando a que una sola línea de tren ligero más, nos saque del hoyo.

El simplismo del sistema tarifario, no nos permite discutir los temas importantes. Debemos trascender a la tarifa única y pasar a una diversidad de tarifas donde los usuarios se vean realmente estimulados: por ser usuarios frecuentes, por sus niveles de ingreso, por usos intensivos, etc. El transporte público necesita muchas tarifas, las de los abonos anuales, por día o mes; la de descuento por el segundo o tercer viaje; la del usuario ocasional, etc.

Tanto transportistas como usuarios debemos observar que la tragedia silenciosa de nuestra evasión ha sido el debilitamiento continuo del sistema, que se refleja en la reducción del número de usuarios. Menos usuarios implican menos posibilidades de robustecer el sistema. Esa debe ser la gran apuesta: robustecer el sistema. Esto implica la concepción del transporte público como el soporte vertebral de todo el resto de sistemas de transporte. Transporte de personal, autos, bicicletas, todos deben ser vertebralmente integrados por el sistema de trasporte público. La seguridad, la calidad ambiental, el confort, la articulación, el tiempo y la velocidad, en un sistema así, no puede estar a discusión, son los elementos que le permiten competir contra quienes ahora lo debilitan.

Ahora se proponen nuevos observatorios, cuando los esquemas institucionales preveían representatividad social. ¿Qué sucede, no están funcionando? Es definitivo, la cooptación corporativista está lejos de acercarse a la gobernanza. Como sociedad requerimos dar ese salto.

Gobernar el transporte público

Parafraseando a Rousseau, quien dijera: si yo fuera príncipe o legislador no perdería mi tiempo en escribir sobre política, yo la haría o me callaría.

Desde nuestra voz ciudadana hemos dado razones y las seguiremos poniendo en la mesa, pero es el gobierno y otras instituciones (El Estado) quien debe esgrimir motivos para gobernar con eficacia -y no sólo regular- el trasporte público, para generar la gobernanza incluyente. Para no seguir evadiendo nuestra actual condición, afirmamos: Somos quienes somos pero requerimos a un Estado rector regulador de la calidad del servicio público de transporte, para transformar la realidad que ahora no nos gusta.

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En Con-Texto

El Estado rector se constituye a partir del compromiso y la corresponsabilidad con fundamento en la gobernanza. Tiene que ver con la cosa pública y consiste en la celebración de un poderoso contrato social que permita la interacción entre los agentes a partir de innovadoras visiones de la gestión política.

En ese sentido, la intervención del gobierno tiene su justificación en dos principios: subsanar las ineficiencias del mercado y lograr una mayor equidad mediante la redistribución de los bienes y servicios que presta el gobierno. El subsidio es un instrumento económico que busca corregir las externalidades negativas del mercado y reasignar los recursos de una forma más eficiente.

No obstante, como instrumento de política, el subsidio puede convertirse en un mecanismo ineficiente y poco transparente al responder a intereses que van más allá de socorrer las necesidades económicas de la sociedad. Así, por un lado, los subsidios pueden contribuir a reducir las desigualdades mientras que, por el otro, la discrecionalidad con la que se determinan los montos de las subvenciones favorece la aparición de incentivos políticos desalineados.

En este caso, la participación ciudadana es un factor fundamental para conseguir las transformaciones que demanda la creación de un sistema de Transporte que cumpla cabalmente con las exigencias de cambio cultural y de la oferta del servicio, tanto desde la perspectiva del gobierno que ahora regula -pero no controla- el transporte o de los permisionarios, como operadores de un trabuco que ellos comprenden como negocio, y de los usuarios que no sabemos exigir las mejoras indispensables para provocar la modificación en nuestros hábitos a la hora de movernos. Es tiempo de una movilidad inteligente y de un trasporte eficiente.

Cívitas: Taller de Gobernanza

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