La ciudad vista por expertos

Disciplina urbana: solución a la anarquía

Las frágiles democracias urbanas

oscilan a menudo entre los polos del

autoritarismo y la anarquía, sin poder

 crear instituciones sólidas.

Ugo Pipitone

Las ciudades mexicanas se encuentran frente a una paradoja. Por un lado, el autoritarismo alarga su imposición con pobres definiciones y, al mismo tiempo, la anarquía luce con sus mejores galas. Las ciudades se encuentran en una encrucijada, vienen de un urbanismo fragmentado y se encuentran frente a un urbanismo anárquico debido a la polarización de las tensiones o, incluso, en la ruta hacia el urbanismo democrático.

Planteado de una forma propositiva, nos encontramos en un momento decisivo, es un tiempo especial en el que se nos ha otorgado el decidir nuevos derroteros. No es una decisión eludible, es imperativo establecer nuestra propia ruta.

En la búsqueda de definiciones, hay a quienes les gusta ver al urbanismo como un instrumento castrense. Observamos que en la historia del urbanismo hay fundamento para, de ser el caso, confirmarlo.

Por su parte, nuestra raíz mesoamericana nos habla de un patrón de asentamientos enraizados en los contextos ambientales donde el asentamiento y el entorno no son separables. Nuestra tradición fue trastocada y, al paso de los siglos, el resultado es la anarquía: una cuadrícula sobre sinuosos lomeríos, nuevos fraccionamientos desviando cauces, la especulación sobre lo que fuera la propiedad social… una creciente anarquía.

La disciplina urbana anula las ocurrencias

El urbanismo no tiene el grado de ciencia. Nos encontramos frente a una disciplina que se acerca más al trabajo de los talleres artesanales y lejos de los laboratorios de las ciencias básicas. El urbanismo es una constante integración y de ahí su dificultad. Es una disciplina que busca conectar, vincular, articular, y se enfrenta siempre a nuestro individualismo, a la liviandad de nuestros egos.

Las leyes y normas del urbanismo -no especialmente las de la racionalidad sino las de la valoración racional- se enriquecen de nuestra ontología, pero se definen como valores. El que no nos gusten particularmente es otro asunto y, entonces, se entiende que el trabajo del urbanista es argumentar, persuadir, convencer y, por tanto, conducir. Esa es la importancia de la disciplina, entendida como la capacidad de conducir con precisión. Hoy no podemos estar desprovistos de esa dirección.

Por su parte, el derecho urbanístico no es una ocurrencia. Surge desde la necesidad de imponer control y establecer las reglas del juego en la relación gobierno-ciudadanos en gobernanza. La premisa autoritaria siempre está presente y el anarquismo a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el orden jurídico busca limitar las irresponsabilidades de la autoridad.

A las administraciones municipales se les ha dotado de instrumentos para el control y planeación del desarrollo urbano, siendo estos los Programas y Planes en los cuales el municipio goza de poder discrecional para dotarlos de contenido, atendiendo a la situación actual y necesidades ciudadanas. Una vez aprobados, son norma jurídica a la que todas las personas físicas, jurídicas y el gobierno deben sujetarse, sin lugar a modificación excepcional.

Encrucijadas

En nuestra encrucijada (en la que la Cruz de plazas es mera coincidencia) nos encontramos con una árida reticencia a la búsqueda de dirección. Hacemos leyes como no queriendo hacerlas, conformamos instituciones para que no funcionen, hacemos planeación para que no sea instrumentada. Mientras la realidad sigue su ruta: Mototaxis ilegales impulsados por empresarios sindicalistas, contaminación de mantos freáticos y sobre explotación de los mismos, autoridades que hacen dispensas de ordenamientos, empresarios urgidos por ejercer subsidio, regidores que desconocen el sistema de planeación, gobernadores que prometen soluciones que le competen al Poder Judicial. Nada se podría definir mejor que un sistema urbano anárquico o, dicho de otra forma, la ciudad espontánea, donde la ciudad que hoy se tiene es el resultado de la actuación  individualista de quienes la vivimos, sin seguir una postura de integralidad y efectos positivos hacia los demás.

Y el derecho urbano

El paradigma de la ciudad compacta ya llegó, y los actores empiezan a presionar para hacerlo realidad. Nos gana el pragmatismo e incluso se impulsa la idea de que cualquier cosa que hagamos, es mejor que lo que hemos venido haciendo. Para un gran número de adeptos “no importa cómo se hagan las salchichas, lo que importa es que sepan buenas”.

No, lejos estamos de un acuerdo como éste. El fin es tan importante como los medios. Si algo tenemos por aprender del urbanismo -desde los tiempos de Cerdá a la fecha- es que la racionalidad instrumental nos produce nuevos y más complejos problemas. El pragmatismo acompañado con una alta dosis de simplismo nos lleva a la laxitud urbana.

En Guadalajara, con el discurso de la pérdida de habitantes y la necesidad de reactivación económica, el Ayuntamiento se dispuso a materializar el abatimiento del rezago de vivienda. Para esto, en el mes de febrero pasado, fue aprobado un Decreto para la aplicación del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas para 2014.

Dicho decreto consiste en que a diversos proyectos de vivienda se les otorgó un tratamiento especial con relación a: su uso de suelo, coeficiente de ocupación, coeficiente de utilización, índice de edificación y cajones de estacionamientos. El reto es construir 5.5 mil viviendas, destacando el caso la calle Volcán Pelé-Huentitán el Bajo, que implica 2,465 viviendas (Alrededor de 10,000 habitantes).

Sin duda alguna, este decreto es un acto arbitrario del Ayuntamiento para dejar de aplicar los planes parciales y coartar la vigencia del estado de derecho.

Como se ha señalado, los instrumentos de planeación son norma jurídica obligatoria y para su modificación requieren del proceso de aprobación que implica la consulta pública y una orden de inicio, bajo causas justificadas, que ameriten su modificación. Dentro de sus determinaciones se encuentran las normas de control de la densidad de edificación, que se integran en los usos de suelo y deben ser establecidas en los planes correspondientes, pues así se otorga racionalidad al desarrollo urbano. Tales normas de control de la edificación son las que mediante el Decreto se pretenden modificar pero, como se dijo, al formar parte del uso de suelo, deben seguir su proceso de creación.

Pero el tema va más allá del procedimiento o la mera legalidad, trasciende al desarrollo de la ciudad. ¿Cómo se integran estos proyectos en un proyecto de ciudad? ¿Cuál es ese proyecto de ciudad? ¿Qué implicaciones tiene la producción de un solo tipo de vivienda?

Nuevos instrumentos normativos y Decretos

Existen las Áreas de Gestión Urbana Integral (AGUI), que son nuevos instrumentos enunciados en el Código Urbano y que pueden dar buen aterrizaje a estos proyectos, pero es necesario anteponerlos, identificar los actores y con ello proponer nuevas posibilidades de ciudad.

Las AGUI son instrumentos de gestión que permiten asumir compromisos plenos sobre los proyectos de desarrollo urbano y tienen la posibilidad real de impulsar o consolidar áreas urbanas a renovar, densificar, o revitalizar.

El riesgo de asumir una posición débil -frente a los nuevos retos que demanda la ciudad compacta- exige inteligencia en la instrumentación del desarrollo urbano.

La política federal de la SEDATU ya marcó las pautas. Ahora es necesario aterrizarlo en los instrumentos municipales de planeación que debieran ser el interés prioritario del Ayuntamiento: impulsar la solución que ya tiene en sus manos con motivo de su actualización, en vez de buscar cómo continúa la constante indisciplina que lo ha caracterizado desde hace algunos años.

En Con-Texto

La discrecionalidad administrativa implica una libertad, más o menos limitada, de apreciación del interés público a fin de valorar la oportunidad de la acción y de su contenido; es la libertad que el orden jurídico da a la Administración para la elección oportuna y eficaz de los medios y el momento de su actividad, dentro de los fines de la Ley. Tal poder no es contrario al principio de legalidad, sino que a partir de conceptos no jurídicos, busca la realización de los fines de la legalidad: la satisfacción del interés general. Y dicho fin se logra con el uso de la racionalidad y apreciación de los hechos, dentro del marco de atribuciones de las autoridades que le otorgue la ley ante la decisión, la cual, al plasmarla, ha de sujetarse a la motivación y fundamentación que amerite el caso. El indebido ejercicio de la discrecionalidad significa la arbitrariedad  en el uso de facultades, que se presenta cuando las actividades de la administración carecen de racionalidad o se ejercitaron de forma distinta a los fines de interés común de la ciudadanía.

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