La ciudad vista por expertos

Desregulación: La ciudad en riesgo

En la historia del urbanismo encontramos algunos ejemplos de la puesta en práctica del liberalismo extremo. En 1993 se demolió en Hong Kong la ciudad amurallada de Kowloon, un edificio que albergó 50,000 personas en una superficie de 2.6 hectáreas (19.000 Hab./has). ¿Es esto el mejor ejemplo de la capacidad productiva del espacio…? ¿Es esto el mejor ejemplo de la capacidad de adaptación de una población a condiciones infrahumanas…? No, de ninguna manera. Esto es simplemente el mejor ejemplo de lo que el mercado anárquico puede llegar a hacer, y no tiene bondad alguna.

Las malas palabras del urbanismo

Podríamos adjetivar a Kowloon de alguna manera, pero en realidad lo que pretendemos es explicar una mala palabra: “desregular” verbo transitivo que ha forzado su existencia gracias a visiones ortodoxas del liberalismo.

“Desregular” es una palabreja que no niega su origen ideológico, pero que, en ese sentido, saludamos y afirmamos: bienvenida sea la pluralidad. Pero es una palabreja porque de manera paradójica lleva a los “conservadores” al extremo mismo de la anarquía. Pero ni Hayek, ni Friedman, en sus discursos más acalorados, propondrían tal barbaridad.

Lo que en la práctica procuraba la búsqueda de reducción o eliminación de costos de gestión. De manera más precisa hoy lo llamamos: mejora regulatoria y no “desregulación.”

“Desregular el urbanismo”

 Entonces “Desregular el urbanismo” no puede ser sino una estridencia, una noción que ningún profesor de urbanismo -por más liberal que sea- se puede autorizar, so pena de perder autoridad. Pues, como en otras ocasiones hemos explicado, el urbanismo es básicamente una disciplina regulatoria, y para ejemplo tome usted cualquier memorable sitio turístico: Plaza del Trocadero, en París; Plaza San Marcos, en Venecia o el Central Park, en Nueva York. Todos ellos son ejemplo de cuidado extremo del urbanismo, todos comprenden regulaciones y gestiones, todas las ciudades pretenden cuidar esos espacios.

Ahora bien, la mejora regulatoria no es una ocurrencia, tienen un sustento teórico, y una parte de sus postulados es abrir los mercados a la competencia. Pero los mismos liberales establecen la condición para ello y depende del supuesto de la competencia perfecta. Por desgracia para el urbanismo, los bienes inmuebles se definen de manera individual, cada uno tiene un carácter monopólico, esto es que, un par de bienes -por más iguales que estos sean- nunca serán iguales y, por lo tanto, su precio es susceptible de variación. Ambos casos requieren reglas de convivencia entre ellos.

 A nivel ciudad, encontramos otros ejemplos liberales: Houston es una de las ciudades que se liberó del yugo de la urbanística y, sin embargo, esto no la convierte en una ciudad de primacía global o de excelencia productiva. Por el contrario, es una ciudad “adicta” a los combustibles fósiles, con inmensos espacios desperdiciados y grandes edificios.

Nadie se opone a la mejora regulatoria.

Nadie en su sano juicio se opone a la mejora regulatoria. La resistencia a estos cambios surgen de quien, en las condiciones precedentes, ejerce un poder extralegal, y por ello no quiere cambiar, o porque su ejercicio viene acompañado de excesos en detrimento de las condiciones de vida de un grupo determinado o determinable. Pero en general, en la sociedad, nadie se opone a la reducción de los costos de la mejora, ni de sus costos asociados.

Detrás de no querer cambiar se encuentra la corrupción, la dilación de trámites y el entorpecimiento de los procesos, se trata de la vieja ruta que lleva como dirección el cohecho.

Simplificar, reducir o eliminar trámites limita los márgenes de acción de la corrupción. Y será así aceptado, sin resistencia, cuando las acciones que describen tales calificativos cedan ante el desarrollo ordenado, equilibrado y transparente.

La mejora regulatoria no es sólo competitividad.

Sin embargo, el secreto de la mejora regulatoria no es la reducción de costos o el prepararnos para la competencia. Sobre todo en el urbanismo, la mejora regulatoria busca hacer factible incremento de: la productividad, de la calidad de vida y de las condiciones de equidad social. Todo esto gracias a procesos de reingeniería administrativa y legal.

La función del gobierno encuentra ahí su sentido de búsqueda y construcción del bien común y de concretar el interés social que se deriva del párrafo tercero del 27 constitucional. No como mecanismo de transformación de la norma sino del funcionamiento de la sociedad. No como concepto abstracto sino como desarrollo concreto de la sociedad y de la traducción a realidades concretas la primera parte del tercer párrafo del artículo 27 constitucional: “LA NACIÓN TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE IMPONER A LA PROPIEDAD PRIVADA LAS MODALIDADES QUE DICTE EL INTERÉS PÚBLICO…”.

La visión de reducir normas o costos, es cortoplacista. No necesariamente conlleva transformaciones sobre el proceso y sus consecuencias. Una visión de mejora busca el incremento del bien común, entendido éste como un beneficio objetivo hacia la sociedad en tiempo, en dinero, en incremento de capacidades, en desarrollo.

El objetivo: incrementar la productividad

 Así, de la misma manera, la regulación urbana debe buscar el incremento del potencial de desarrollo de las ciudades. Entonces es necesario reconvertirlas, hacerlas más productivas, pero alejados del mal ejemplo de Kowloon.

Para ello el urbanismo tiene que apostar a un movimiento con diversas repercusiones. El urbanismo es multi-escalar y multi-actorial. De tal modo que es un error recurrente pensar en un sólo grupo o en un sólo sector de la economía. Siempre hay repercusiones sobre los otros grupos y sectores.

El trabajo del urbanista consiste en distribuir las cargas y los beneficios. Para ello se enfrenta a un mar de complejidades. Dicho de forma positiva, se trata de que las acciones tengan efectos multiplicadores. En el caso del urbanismo, los instrumentos urbanos tienen como propósito contribuir, distribuir, mejorar, o desarrollar el espacio habitable. Sólo el impuesto predial tiene un sentido recaudatorio pero, aun éste, en su forma de aplicación puede ser usado con fines de desarrollo y distribución.

 Para descalificar las normas…

Entonces, antes de descalificar las normas deberíamos entender que: Existen normas que permiten la arbitrariedad a los funcionarios públicos cuando estas son muy manipulables y no existen mecanismos de control por las propias autoridades -o autocontrol de los funcionarios- para la protección del interés general.

Existe otro conjunto de normas que tienen un carácter meramente recaudatorio, que no buscan la satisfacción de necesidades básicas vinculadas al entorno de la productividad, normalmente estas perjudican la provisión del bien común. Otro más, son aquellas que simplemente dilatan el proceso.

Los instrumentos urbanos son las normas encargadas de regular, ordenar y jerarquizar los usos del espacio con la finalidad de generar espacios habitables para los ciudadanos, así como la sana convivencia entre los edificios que conforman la ciudad. Cuando se habla de desregular, se está dando espacio a la inequidad, la anarquía, al desorden y al caos.

Escuchar a la autoridad hablar de desregular las normas que rigen el espacio, es como decir que desde hoy se puede poner el excusado en medio de la sala, con el objetivo de generar eficiencia, inversión y desarrollo.

Las reglas encauzan las actividades y dirigen el desarrollo urbano, con la finalidad de ordenar y maximizar el espacio y los usos en beneficio el bien común. Hablar de desregular para incentivar la inversión significa en realidad motivar al crecimiento... pero de los problemas. Quien piense así, está equivocado.

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En Con-Texto

Gustavo Garza propone que el grado de competitividad de las ciudades depende de la magnitud cuantitativa y cualitativa de sus determinantes económicos y estratégicos, entre los que sobresalen: la eficiencia del trabajo y el capital, como factores de producción; la infraestructura y equipamiento, como condiciones generales de la producción; la ubicación geográfica, la estructura económica y la dotación de amenidades urbanas, la efectividad gubernamental, la estrategia de planeación urbana, la cooperación entre el sector público y el privado, así como la flexibilidad en las gestiones institucionales.

Por tanto, una ciudad no será más competitiva con la mera inversión en edificaciones y, además, “desregulada” a favor de los desarrolladores inmobiliarios, sin considerar e incidir en los demás determinantes indicados.

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