La benemérita opina

Tribunales constitucionales

México y Jalisco necesitan, de manera urgente, Tribunales Constitucionales; las razones y argumentos, son los siguientes: no contamos con órganos que vigilen y protejan los derechos humanos, de las personas, desde el nivel municipal o en las comunidades autóctonas, en todas las instituciones locales, en el Estado y mucho menos en la República.

Si bien es cierto que existe el control difuso de la Constitución o de nuestra Norma Rectora, en virtud a que nuestra máxima ley, señala que todas las personas debemos protegernos o auto protegernos, como lo especifica el artículo dieciséis, que expresa, que si una persona está siendo molestada, dañada, violentada en su físico, libertades, patrimonio, bienes, posesiones, hogar, familia o demás derechos personales, cualquier otra podrá defenderla y poner al agresor en manos de la autoridad correspondiente.

Lo anterior, aunado a que toda autoridad tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos de todas las personas, nos deja muy claro que el espíritu de nuestra Norma Rectora o Constitución, está en armonía con el himno nacional de México, cuando reza un soldado en cada hijo te dio; de aquí, que todos debemos protegernos a todos, por lo que falta una conciencia clara en todos los habitantes, mexicanos y ciudadanos, de entender que si no nos cuidamos entre nosotros, nadie lo hará, por tanto, es menester ser solidarios, fraternos y respetarnos para que prevalezca la paz.

Por lo anterior, debe quedar claro que los servidores públicos e instituciones de todos los niveles, deben proteger a las personas, ya que las normas, las instituciones y el Estado se han constituido con el fin de proteger los sagrados, inalienables, imprescriptibles e indivisibles derechos de las personas y de los ciudadanos, ese es el fin de toda la República o buen gobierno, definido de una manera muy clara por los genios de la ciencia política como Platón en La República o de lo Justo, por Aristóteles en Política, por Maquiavelo en El Príncipe y Discursos sobre la Década de Tito Livio; de igual forma, por el genio jurídico tapatío y mexicano, Mariano Otero en el Ensayo sobre la verdadera cuestión social y política que se agita en la República mexicana y en ¿Qué es una Constitución?, de manera principal.

En este sentido, se refuerza el hecho de que nuestros grandes valores, principios e intereses, se encuentran en la Constitución o Norma Rectora, y dentro de los más trascendentes, son los derechos de las personas, protegidos en el ámbito nacional y en el internacional, dado que nuestro país ha firmado pactos y convenios como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que data de 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entre otros, a través de los cuales nuestro país se obliga a respetar los derechos constitucionales de las personas, y que si las autoridades de México no los respetan o no velan por su cumplimiento o tutela constitucional e internacional efectiva, entonces, los tribunales internacionales, obligarán a México a que cumplan dichas disposiciones como lo es el paradigmático caso de Rosendo Radilla Pacheco, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro país a modificar la Constitución y todas nuestras instituciones para respetar los derechos fundamentales de la gente, lo cual es vergonzoso, porque data el hecho del año de 1973 y en la actualidad se siguen repitiendo las violaciones de derechos como lo muestran los hechos del año pasado sucedidos en Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

En tal virtud, está claro que en México requerimos, de manera urgente, el establecimiento de los Tribunales Constitucionales, en especial, a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si bien es cierto que tiene atribuciones de un tribunal de dichas características, lo cierto es que la SCJN no es un Tribunal Constitucional, dado que se requieren ciertas especificaciones de personas, normas e instituciones, con las cuales no cuenta.

En el mismo sentido, si los Estados de la República y sus jueces, están obligados a cumplir la Constitución o Norma Rectora de la República por encima de las disposiciones propias de las localidades, entonces queda claro que lo ideal es que en aras de cumplir a cabalidad con los principios del artículo 17 de la Constitución de México, de justicia gratuita, completa, imparcial y asequible a todos, se deben establecer controles constitucionales en todos los entes federados de la República, como ya existen en 23 de ellos, y Jalisco no cuenta con ninguno, lo cual es muy lamentable, sobre todo, cuando se dice que aquí existen grandes juristas, lo cual no se ve.

Además, se deben proteger los derechos de las personas, que sería la función más importante de dicho órgano, por ello, debemos aplaudir la iniciativa de diputados en el Congreso local, la formulación de foros para la participación de académicos, ciudadanos, juristas y la sociedad en general, para el establecimiento de un Tribunal Constitucional en Jalisco y en México, de urgencia inmediata.

 

José de Jesús Covarrubias Dueñas