La benemérita opina

¿Refundar al país?

Refundar el país desterrando un gobierno que se convirtió en “un verdadero peligro”, terminar con las relaciones de explotación y convocar a un Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución son las propuestas que ha unificado recientemente al obispo Raúl Vera, al escritor Javier Sicilia y a sacerdote Alejandro Solalinde.

Refundar al país es una idea sugerente, muy atractiva, y hasta cierto punto urgente. Pero es una propuesta condenada al fracaso. Por lo menos en las condiciones actuales.

Para refundar un país, si es que esta posibilidad existiera, no bastaría con un nuevo Congreso Constituyente.

Tampoco sería suficiente una nueva constitución porque nada garantiza su cumplimiento. La Declaración Universal de los derechos Humanos ha sido el mayor ordenamiento ético y universal realizado hasta el momento, pero no por eso hemos logrado una mejor humanidad.

Para refundar el país, si es que se pudiera lograr, sería necesario regresar a los cimientos que le dieron origen a nuestra nación. ¿Y cuáles son esos?

Para refundar un país es necesario romper o dejar de lado gran parte de nuestra cultura e historia;  implica hacer a un lado a diversas instituciones que han estado ligadas a nuestras principales tragedias, como la Iglesia católica.

Sería necesario partir de cero, en una especie de borrón y cuenta nueva. Decidir qué permanece y qué no. Y eso, desde cualquier punto de vista, resulta imposible. ¿Quién lo va a decidir? ¿Los convocantes?

Vera, Solalinde y Sicilia coinciden en descartar la violencia como forma para refundar al país; pero esta idea confunde pues corre a contrapelo de la tesis de que el pueblo es soberano y  que tiene el derecho en todo tiempo para modificar y desterrar incluso con violencia revolucionaria todo gobierno represor;  justamente porque el derecho a la rebelión es un derecho humano e inalienable del ciudadano. ¿Y quién va a dar la pauta de cuándo rebelarse y cuándo no? ¿Este Congreso Constituyente?

Por eso la propuesta de refundar el país que proponen el obispo Raúl Vera, Solalinde y Sicilia no deja de ser un proyecto fantástico, fantasioso, pero que no pasa de ahí. Para empezar, una nación necesita liderazgos laicos, seculares y no religiosos y tendenciosos.

Vera, Solalinde  y Sicilia no pueden separar su discurso religioso de lo político por más simpatía que generen sus puntos de vista; excepto claro, que tengan como propósito  proponer nuevas formas de catequesis y proselitismo religioso, ya que por lo menos Vera y Solalinde se definen como obispo y seminarista respectivamente,  pero “no políticos”. La posición de Javier Sicilia ha sido más crítica contra la jerarquía católica, pero no rompe con ella.  Entonces, ¿es un Sínodo o a un Congreso Constituyente al que convocan?

Raúl Vera señala que con la nueva Constituyente se buscará refundar al país y esta dará con el apoyo del pueblo y de “expertos”, “para cuando sea concluida se instale un nuevo congreso federal”. Pero, ¿quiénes son esos “expertos”? ¿Quién les da autoridad moral y política para orientar y decirle al pueblo qué es lo necesita y qué no?

Por su lado Solalinde señala, y es cierto, que existe un sistema caduco, corrupto y autista; un gobierno que no es una instancia de servicio público, sino un verdadero peligro para el pueblo, agravado por la complicidad y acción criminales.  Sicilia coincide con ello  y propone además que hay que revertir las reformas estructurales “hasta que el país esté en paz y haya consenso”; pues se debe reconocer la existencia de las redes de corrupción y que se sancione y castigue a implicados. Pero esto significa la existencia de jueces y sobre todo de la fuerza pública. Y en una refundación del país cómo van a explicar el papel de la policía, el ejército y el uso “legítimo” de la fuerza, ¿deben desaparecer o refundarse?

Para superar la cultura delictiva del gobierno dice Sicilia es aprovechar este momento de inflexión por el que atraviesa el país y refundar la nación; para ello hay que impulsar un nuevo Constituyente y luego la creación de un Comité de Salvación Nacional “donde la voz cantante la lleve la ciudadanía, no la partidocracia” y por eso llama a la abstención, debido a que la vía electoral ya caducó y que por lo tanto debe “reconstruirse al país sin la clase política ni los partidos”; pero como la clase gobernante no lo hará, dice, debe mantenerse la idea de un “boicot electoral” igual como se hizo en el 2012.

Pero como un boicot va contra todo proceso electoral por corrupto y pecaminoso ¿cómo se  va a elegir a ese Comité de Salvación? ¿Será electo, designado por “expertos” o por inspiración divina? Y este Comité se desempeñará como titular de qué poder, ¿del poder ejecutivo, legislativo o judicial o de todos?

La demarcación de este concepto de poder constituyente, es decir, la delimitación de su implicación jurídico-política importa una cuestión que exige la respuesta de dos interrogaciones primordiales, a saber, que estriba en determinar qué se entiende por “poder” y la que consiste en dilucidar si el poder constituyente es distinto de la soberana o irrescindible de ella.

Y para que un “poder” constituyente logre su objetivo esencial consistente en implementar el derecho fundamental y supremo que se expresa y sistematiza normativamente en una Constitución, se requiere por modo indispensable que este poder tenga la hegemonía suficiente para imponerle a todos las voluntad que dentro de un conglomerado humano suelen actuar. Así, ¿esta Asamblea Constituyente tendrá siquiera la fuerza para que sus acuerdos se cumplan entre los que asistan?

La asamblea constituyente que se proponen Vera, Solalinde y Sicilia realizar no tiene por objeto en realidad la refundación del país;  se proponen por el contrario impulsar el voto nulo, el apartidismo y el abstencionismo, fenómenos que han favorecido a la derecha y ultraderecha.

Lo que necesitamos es una reforma radical del Estado mexicano. Y esto sólo se puede lograr desde adentro, no desde afuera. De manera que un nuevo Constituyente deberá ser un punto de llegada y no de partida.

 

Jaime Hernández Ortiz

Es profesor-investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara.