La benemérita opina

Nuevos paradigmas en el sistema jurídico mexicano

Es del conocimiento común que el comportamiento cotidiano de la sociedad no es permanecer estática, sino que por el contrario, ésta siempre se encuentra en un constante movimiento en sus estructuras culturales, económicas, poblacionales, políticas y jurídicas, entre otras más.

En esta dinámica progresista, es de llamar la atención el cambio tan vertiginoso de paradigmas que se han presentado en el ámbito jurídico a partir de la reforma en derechos humanos realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de junio de 2011. El sistema jurídico nacional ha venido transformándose muy intensamente a través de la creación de nuevos ordenamientos, o bien, de diversas reformas a múltiples leyes federales y estatales, que buscan esencialmente responder a las exigencias de una población que cada vez más, hace patente la necesidad de respeto a sus derechos elementales.

El artículo primero de la Carta Magna establece textualmente que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte”, mandato que beneficia a todas las personas al ampliarse así el catálogo de sus derechos humanos, pues ahora tanto los derechos consagrados en la constitución como los establecidos en los tratados internacionales, forman un solo bloque de derechos que debe ser respetado por la autoridad.

La antigua rencilla entre los argumentos que posicionaban a los tratados por encima de la  constitución y los que los posicionaban a la par de ésta, han quedado rebasados a través de la resolución de la contradicción de tesis 293/2011, en la que el pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que las normas contenidas en estas dos fuentes no deben estar en pugna, sino más bien en complementación, pues ambas tienen la misma eficacia normativa y el mismo rango constitucional y que sólo en caso en que la constitución prevea expresamente una restricción al ejercicio de los derechos, se estará a lo que disponga esta última. En dicha decisión del pleno se establece a su vez la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los jueces, aun cuando México no haya sido parte del litigio, siempre y cuando dicha jurisprudencia sea más favorable a la persona.

Evidentemente estos cambios sustantivos en nuestra ley fundamental comenzaron a permear paulatinamente en todo el sistema jurídico, tarea que ha comenzado desde 2011, pero que todavía exige la revisión de leyes, prácticas, costumbres, paradigmas, pero sobre todo de la apertura a una conciencia más tolerante, incluyente y respetuosa que desemboque en un cambio de cultura a favor de la dignidad de las personas.

En este devenir histórico y conscientes de la necesidad de protección de todos los sectores sociales, pero principalmente de aquellos más vulnerables, se instituyó el 12 de octubre de 2011 en el artículo 4º de la Constitución, el principio del “interés superior de la infancia”, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, principio que obliga a todas las autoridades a velar en todo momento por el bienestar de la niñez, lo que dio pauta para que posteriormente la Suprema Corte de Justicia emitiera en febrero de 2012 el protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes.

Este protocolo fue sólo el inicio de una serie de ellos que abordan los temas preocupantes relacionados con los grupos más vulnerables del tejido social, todos ellos encaminados a generar lineamientos de actuación para un mejor acceso a la justicia y un mayor respeto de sus derechos humanos.  En abril de 2013 se emitió el protocolo para comunidades y pueblos indígenas, en agosto del mismo año, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad. En octubre, el dedicado a personas migrantes, en marzo de 2014 el protocolo de personas con discapacidad; en agosto el dedicado a casos que involucren orientación sexual o identidad de género y en diciembre, el más reciente de ellos, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren los hechos constitutivos de maltrato y tortura. Se emitieron, también, la Ley de Migración, la Ley General para Prevenir, Sancionar  y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, la Ley para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley General de Víctimas el Código Nacional de Procedimientos Penales y variadas reformas en la ley fundamental como el reconocimiento del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la cultura física y a la práctica del deporte, el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata al nacimiento, el derecho a la libertad de convicciones éticas conciencia y religión, el derecho al agua y a un medio ambiente sano, entre otras. Además las entidades federativas han estado preparándose para la implementación total del nuevo sistema de justicia penal que está programado para entrar en vigor a nivel nacional en 2016, de acuerdo con la reforma constitucional que en materia de justicia se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.  Todos estos cambios generados a partir de 2011 van encaminados a la conformación de una sociedad más justa y equitativa que tenga como punto de partida el respeto de los derechos de la persona humana, ideal que no resulta exclusivamente propio de los tiempos actuales, pero que sin duda alguna, se ha visto renovado a partir de los paradigmas constitucionales integrados en la referida reforma en derechos humanos.

 

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos