La benemérita opina

Constitución = voz del pueblo

Tal como se ha señalado por la sabiduría popular: vox populi, vox Dei, la voz del pueblo, es la voz de Dios; así, la ley o las normas, son la expresión de la voluntad general o de todos; por tanto, la Norma Rectora o Constitución es la expresión de las aspiraciones de un pueblo que en 1910 luchó por la libertad, por su educación, porque los obreros ganaran lo justo, para que los campesinos fueran propietarios de la tierra que nos alimenta, para que las estructuras políticas y de gobierno tuviesen una autonomía, existiesen pesos y contrapesos entre los poderes y los niveles de gobierno; así como que los recursos maravillosos de nuestro territorio se utilicen para lograr una justicia social o el bienestar general.

Estos fines o teleología, se plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1917, a noventa y ocho años de dicha secuencia liberal, federalista, que estableció la economía mixta, respetuosa de las ideas, creencias, opiniones y que nos abrió al pluralismo, la tolerancia, la ciencia y la tecnología, para una mejor comprensión del planeta y del cosmos, no hemos concluido las tareas encomendadas.

Así, la Norma Rectora o Constitución, señala que todos somos iguales, por tanto, que todos debemos ser atendidos en la alimentación, salud, educación, empleo, recreación, vivir en un medio ambiente sano, contar con viviendas y salarios dignos; además, de gozar de las libertades y derechos consagrados en nuestra Norma Rectora como la libertad de ideas, creencias, conciencia, de expresión, derecho de petición, asociación, portar armas, libertad de tránsito y la tutela judicial efectiva o el derecho de reclamar ante las autoridades, demandar o denunciar cuando se nos violente un derecho constitucional o establecido en la ley.

De lo anterior se desprende que los gobiernos que hemos tenido desde 1917 a la fecha, no han cumplido ni han hecho cumplir los mandatos constitucionales, tal como lo expresaron al tomar su cargo, por diversas razones políticas, económicas, religiosas, jurídicas y en lo general, sociales, los mexicanos no hemos tenido la capacidad de resolver nuestras necesidades y problemática.

Un asunto relevante es que nuestra clase política, no ha mirado hacia el interés general, sino que muchos políticos, no todos, han utilizado el poder para obtener beneficios particulares, familiares o de su grupo; por tanto, no se ha gobernado para el bienestar del pueblo, que debe ser el mandato supremo.

Ligado a lo anterior, existe el hecho de que si el triunfo electoral lo obtiene un candidato o partido político, los perdedores o demás grupos, no apoyan el proyecto del ganador o no se elabora un plan nacional de desarrollo entre todos y para el beneficio del pueblo, se arreglan conforme a sus intereses de grupo o partido.

A casi todos los candidatos o grupos políticos los apoyan diversos grupos de poder de hecho o de facto, como son empresarios, sindicatos, banqueros, petroleros, telefonistas, inversionistas, quienes controlan las telecomunicaciones, fabricantes de coches, teléfonos y demás actores y agentes que cuentan con poder económico, político o social y que de manera directa o indirecta, determinan quién gobernará, por lo que las campañas políticas se deciden, en muchos casos, de manera previa a la urnas y el proceso electoral se vuelve un simple mecanismo legitimador de una decisión de poder ya tomada por los que mandan o gobiernan, que son los dueños del capital.

A dichos grupos de interés, no les convenía la Constitución Política de México, ya que provenía de demandas sociales campesinas, obreras, estudiantiles y de mejoras a un pueblo que debía manejar sus vastísimos recursos naturales; lo cual no es conveniente a intereses económicos, sobre todo del extranjero, por ello, desde el siglo pasado, se impulsaron reformas a la Constitución de México, para que los mexicanos no usufructuemos lo que nos pertenece.

Un ejemplo muy claro de lo anterior, lo podemos apreciar a través de las dieciocho reformas que se han hecho al artículo 27 constitucional, donde podemos advertir que el patrimonio de la nación, se ha ido, de manera paulatina, desincorporando del Estado mexicano y que ahora se encuentra en manos de extranjeros o que es explotado por inversionistas a los cuales no les interesa el país, el ahorro, el fomento de empresas o el bienestar general.

En conclusión, celebrar el 5 de febrero, el día de la Constitución o Norma Rectora, es leerla, amarla, conocerla, porque es la voz del pueblo, debemos respetarnos y dichos valores, principios e intereses, se encuentran escritos en nuestra Norma Rectora o Constitución, el mejor homenaje, es leerla y cumplirla y el vigilante eterno, el pueblo, es beneficiario directo.  


José de Jesús Covarrubias Dueñas