Apuntes Financieros

El fiasco de Ficrea

Contrario a lo que se dijo una y otra vez, el gobierno está rescatando a ahorradores de Ficrea. A algunos de ellos les está otorgando más de siete veces lo que les corresponde por ley.

Las reglas del juego son claras. Los depósitos en financieras populares, como Ficrea, están garantizados hasta en 25 mil Udi (poco más de 130 mil pesos). Para cualquier cantidad mayor, los ahorradores asumen el riesgo. La garantía no depende si los ahorros se pierden por malos manejos administrativos o por fraude (como en el caso de Ficrea). Tampoco si la institución está supervisada por la CNBV. La protección del gobierno tiene un límite muy claro.

La política de garantía para financieras populares hace mucho sentido. El monto cubierto es suficiente para proteger a los ahorradores más vulnerables. A aquellos con más recursos les deja la responsabilidad de cuidar sus ahorros —aun contra fraudes—. Si buscan mayor rendimiento, entonces tienen que asumir el riesgo. Si quieren mayor protección pueden irse, por ejemplo, con una institución bancaria.

Imagínese si el gobierno respaldara todos los depósitos (sin importar el monto) de todos los ahorradores del sistema financiero, bajo cualquier eventualidad (incluidos fraudes). Los incentivos serían nefastos y no habría dinero público que alcanzara.

Aun así, tras una fuerte presión de los ahorradores afectados de Ficrea, el gobierno aceptó cubrir hasta un millón de pesos. Por supuesto que el gobierno no le ha llamado rescate. Lo ha disfrazado al decir que ese dinero provendrá de la recuperación de cartera de Ficrea. Si este fuera el caso, ¿por qué no se espera a recuperar la cartera antes de realizar el pago? La pregunta obligada es, ¿de dónde saldrán los recursos para cubrir el exceso de garantía? La respuesta obvia es de fondos públicos; dinero de los contribuyentes que podría destinarse a fines sociales o educativos.

Pero al gobierno no le bastó con ese rescate, también busca cambiar —al parecer para peor— la Ley de Ahorro y Crédito Popular. La nueva ley (conocida como “ley Ficrea”) limitaría el monto que se puede depositar en una Sofipo, lo que podría limitar las fuentes de financiamiento para ese importante sector.

Al parecer, para que el gobierno reaccione en nuestro país necesita que lo confronten. Ficrea es un ejemplo menor. Para casos más graves solo hay que ver lo que han conseguido la CNTE y otros grupos de poder. El gobierno parece ser mucho más complaciente ante ese tipo de presión que ante la que persigue causas indiscutiblemente legítimas, como la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

juliose28@hotmail.com