Opinión

La reforma energética en riesgo

En días pasados, el senador Manuel Bartlett acompañado del jurista poblano Carlos Meza Viveros anunció en rueda de prensa que el amparo promovido por él y otros senadores contra la reforma energética. Aún subsiste y resaltó su interés en que los ciudadanos y los medios de comunicación estén bien informados sobre el tema, pues aunque un tribunal federal determinó que la petición de amparo es notoriamente improcedente, la legislación indica expresamente que no es posible impugnar mediante juicio de garantías un procedimiento de reformas a la Carta Magna.

El senador especificó que el juicio de garantías interpuesto fue contra el proceso con el que se aprobó la reforma, no contra su contenido, por lo que la demanda sí es procedente y el día 29 de este mes se admitió el recurso de queja para que el caso lo atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, explicó que, si prospera la demanda de amparo en la que se alegan vicios de procedimiento durante el debate en el Congreso de la Unión y la aprobación fast track  en las legislaturas estatales —resquicio por el que algunos Ministros de la Suprema Corte han considerado que es posible que el Poder Judicial examine las reformas a la Constitución— entonces la tan sonada reforma dejará de subsistir.

En esta presentación ante los medios, el ex gobernador de Puebla fue acompañado por Layda Sansores y David Monreal, ambos senadores y promotores del juicio de garantías, además de los abogados Jaime Cárdenas Gracia y Carlos Meza Viveros, quienes litigan ante los tribunales el asunto.

Los abogados refirieron que se han interpuesto una serie de recursos de queja y revisión por las Cámaras de Senadores y Diputados, la Presidencia de la República y de revisión (este último por la negativa definitiva de la suspensión del acto reclamado), presentados por los actores; de los cuales sólo se ha dictado resolución del recurso del Ejecutivo Federal, cosa rara, pero no de extrañar si tomamos en cuenta que seguimos con un sistema presidencialista.

Meza Viveros y Cárdenas Gracia resaltaron que se interpondrán una serie de quejas,  ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de los magistrados del Tribunal Primero en Materia Administrativa del Distrito Federal, Carlos Ronzón Sevilla, Julio Humberto Hernández Fonseca y Joel Carranco Zúñiga, ya que violaron el principio de prevención debido a que la autoridad jurisdiccional de origen fue el Tribunal Decimocuarto, y sin explicación alguna, el que terminó resolviendo sólo el recurso de queja interpuesto por la Presidencia, fue el Tribunal Primero de Distrito en materia Administrativa sin haber acumulado todos los recursos ya mencionados para resolverlos al mismo tiempo, por lo que tienen la sospecha de que se buscó un tribunal ad hoc para lograr su cometido.

Bartlett mencionó que desde Los Pinos se esmeran en decir que el proceso jurisdiccional ha concluido y que fue desechado; resaltó que esto no es así porque aun con la resolución emitida por un tribunal federal en la que determinó que la petición de amparo es notoriamente improcedente, en dicho documento no se establecen las razones por las que se desecha la demanda de amparo; de ahí que, esto también es susceptible de impugnación, ya que este asunto deberá ser atraído por la SCJN debido a la transcendencia que tiene y el pleno del máximo tribunal del país deberá pronunciarse sobre esto y, que incluso, todavía quedan las instancias internacionales en caso de que finalmente las autoridades mexicana, decidan desechar el amparo.

Considero que esta posición de los senadores y abogados involucrados en la litis es muy valerosa, pues no únicamente se enfrentan a un régimen presidencialista, sino a organismos supranacionales que cuentan con mucho poder —sobre todo económico—, frente a los Estados y que son expertos en cabildear e influir en ciertas decisiones para beneficiarse de las políticas que les proporcionarían un adecuado desarrollo de sus actividades para tener ganancias millonarias año con año.

Lo peor del caso es que aun y cuando los senadores no obtengan una resolución favorable, es que se exhibe la actitud sumisa e irresponsable del Congresos locales que votaron a favor de la reforma, algunos en 15 minutos, y el que más discutió lo hizo en 2 horas demostrando que actuaron en forma negligente, sin respetar sus propios Reglamentos, lo único importante era quedar bien con el Presidente de la República y gobernadores.