Opinión

La Suprema Corte cumple su función

Con la liberación de la indígena tlapaneca Adriana Manzanares Cayetano, quién obtuvo la protección de la justicia federal, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que en su detención se cometieron diversas violaciones a sus derechos humanos, como el no haber contado con un intérprete y la no existencia de pruebas suficientes para condenarla, además de no haberle respetado su derecho al debido proceso, podemos afirmar que es un acierto del máximo tribunal de nuestro país, quién ordenó su inmediata y absoluta libertad.

Pero también es necesario reflexionar sobre la forma en que se dieron las condiciones para que esta persona llegara a un fallo justo, después de encontrarse detenida desde el año 2006, es decir, tuvieron que transcurrir siete años para que obtuviera justicia y su libertad que perdió por la negligencia y pésimo trabajo de quienes participaron en su encarcelamiento; desde el Agente del Ministerio Público que integró la averiguación, hasta el Juez que dictó la sentencia y los Magistrados que se encargaron de confirmarla, quienes hoy seguramente no sienten ningún remordimiento y seguirán dictando resoluciones afectando los derechos humanos y procesales de quienes tengan la mala suerte de que sus causas penales lleguen a sus manos.

Resoluciones como la que se comenta, deberían ir más allá para lograr fincar responsabilidades a quienes cometieron errores o actuaron en forma indebida en el proceso penal, porque los funcionarios involucrados no recibirán ninguna sanción por su actuar, ya que así se aplica la justicia en México y en casos como los de esta indígena y de muchos que se encuentran recluidos en diferentes centros penitenciarios de nivel estatal y federal, muy pocos tienen la fortuna de lograr que sus casos sean revisados o lleguen a estas instancias, por la falta de medios para pagar un buen defensor o porque a la sociedad mexicana y autoridades gubernamentales, no les importa la suerte de nuestros indígenas que por desgracia tienen que enfrentar un proceso penal.

El caso de Adriana Manzanares Cayetano es una muestra de muchos casos que deberían ser revisados y en su caso determinar con una sentencia de la Corte si la resolución que se les dictó estuvo apegada a derecho, si se respetaron sus derechos humanos y garantías procesales, o bien, si hubo violaciones que implican se dicte una nueva resolución en favor de los sentenciados

Mientras en México sigan privando la discriminación y el desprecio por nuestros indígenas, aunque existan Declaraciones y Tratados en la materia de los que México es parte, no podemos esperar que la situación cambie y que la justicia se aplique en forma igualitaria para todos.

Espero que los Diputados de los Congresos locales, donde se localiza un gran número de indígenas, hagan algo porque se revise a fondo la situación que viven quienes esperan una sentencia o bien purgan una condena en prisión. Lo más seguro es que ello no ocurra, ya que están más preocupados por conservar sus privilegios y altos salarios, que en pensar ayudar a quienes representan nuestras raíces y que necesitan de nuestro apoyo.

Casos como el de la criminalización del aborto y el alto número de mujeres procesadas en diversos estados del país por estos delitos, nos hacen reflexionar en el sentido de que tan bárbara y retrograda es la conducta de la gente que en Asamblea popular juzgó y entregó al Ministerio Público después de golpearla y obligarla a declararse culpable de la muerte de su hijo a Adriana Manzanares, quien fue acusada de adulterio bajo el sistema de usos y costumbres de su comunidad y golpeada por tener un embarazo producto de una infidelidad; como la de aquellos legisladores que aprobaron en la mayoría de los Estados de nuestro país criminalizar el aborto.

También considero justo aplaudir y reconocer el excelente trabajo del abogado Javier Cruz Angulo, director de la Clínica Jurídica del CIDE, quien tuvo a su cargo la defensa del caso hasta lograr llevarlo al máximo tribunal de nuestro país y obtener esta resolución, su trabajo demuestra que aún podemos creer que existe la justicia, aunque muchos estén empeñados en hacerla un artículo de lujo accesible sólo para quienes pueden pagarla o corromper a las autoridades encargadas de impartirla.