Doble Fondo

Los soldados desobedientes (y encubiertos) de Tlatlaya…

La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado sobre el caso. Si hubo una ejecución de criminales, todos los militares involucrados deben penar por sus delitos.

En mayo de 2009 publiqué un reportaje iniciado casi un año antes (Carlos Marín participó en la etapa final de su consecución), sobre una organización parapolicial creada y financiada por empresarios y comerciantes que estaban hartos de secuestradores. El Grupo, como llamaba a su comando el líder operativo de los hombres fuertemente armados, muy bien entrenados, y dotados de sofisticados equipos de espionaje, había operado hasta ese momento en el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California. Asesoraba y ayudaba a gente adinerada de diversas comunidades residentes en el país (española, judía o estadunidense) para resolver plagios de sus paisanos, pero no solo eso: en algunos casos había ajusticiado a despiadados secuestradores que, a pesar de haber recibido pago de rescates, ejecutaron a sus víctimas.

El comandante reconoció que ellos decidían quién vivía o quién moría entre los secuestradores: dependía de las atrocidades que hubiera cometido la banda en turno. ¿Quién, que haya padecido la pesadilla del plagio de un familiar, de un padre, de una madre, de un hermano, de una esposa, de un hijo, y su posterior mutilación y asesinato, no ha deseado, aunque sea por un momento, que esos monstruos fueran destazados, ejecutados, escarmentados sin piedad, como ellos tampoco tuvieron misericordia con sus víctimas? ¿Quién, cuando ve la impunidad con que los criminales azuelan municipios enteros, no ha querido que los barran del mapa?

Pero no, como sociedad no podemos hacer eso, aunque el país esté lleno de policías corruptos, de funcionarios ineptos, de jueces sobornados, de gobernantes que no pueden ni siquiera crear un impecable grupo antisecuestros por entidad. Bueno, sí podemos, como quedó demostrado con El Grupo, pero no debemos hacerlo, por más iracundos y humillados que estemos.

El Ejército también puede, pero tampoco debe ejecutar a un solo criminal. Bajo ninguna circunstancia, por más abominables o agresivos que sean los delincuentes. El jueves por la noche la Secretaría de la Defensa emitió un comunicado sobre el caso Tlatlaya, donde el 30 de junio murieron 22 presuntos criminales y un soldado resultó herido, primero se dijo que durante un enfrentamiento, pero luego surgieron indicios de que al menos algunos de ellos pudieron haber sido ejecutados. La Sedena detuvo, puso a disposición del Juzgado Sexto Militar e internó en la prisión adscrita al Campo Militar Número Uno a un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos, “por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.

Es muy importante que la Sedena informe a la brevedad qué delitos e infracciones cometió el oficial, a quién desobedeció, y en qué lo desobedeció, y qué le ordenó hacer a su tropa. ¿Ejecutar a los criminales? ¿Y quién supo de esto desde junio hasta ahora y lo encubrió? Soy bisnieto y tataranieto de militares y sé que nada agravia más a las fuerzas armadas que los intolerables y vergonzosos actos de algunos de sus miembros, así sean aislados, que provocan desprestigio ante la sociedad, lo cual es injusto para la institución.

Si en Tlatlaya hubo una ejecución de criminales rendidos y sometidos, así fueran éstos unos monstruos, todos los militares involucrados (ejecutores y encubridores) deben penar por sus delitos…

jpbecerracostam@prodigy.net.mx

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